Por Enrique G. Gallegos*
Como en tantos otros rubros de la vida nacional en los que existen políticas contradictorias (aumentos históricos al salario mínimo del 71% y sostener a una directora que ha mantenido caprichosamente una huelga en Notimex que ya lleva más de 2 años; apoyo presidencial a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para evitar que la construcción de la megapresa Zapotillo inunde sus pueblos y, por otro lado, sostener un proyecto como el Tren Maya; eliminación de las megapensiones a los expresidentes y la tácita impunidad al expresidente Enrique Peña Nieto y así podríamos hacer la lista), la ceremonia de apertura a los archivos militares no fue la excepción: estuvo dominada por discursos contradictorios (como bien lo señaló en entrevista Paula Mónaco Felipe en el programa de Julio Astillero), que llevan a tener dudas sobre sus resultados en términos de efectiva justicia y señalan un campo tensado entre la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico y las fuerzas armadas. Se podrá reconstruir la memoria histórica con mayor fidelidad, pero en la justicia se avizora un espacio de disputa.
Por un lado, el consistente discurso del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez en el que hizo un breve recuento de las acciones de represión y desaparición realizado por las fuerzas armadas, la creación de las “Brigadas Blancas”, el “Plan telaraña” y el telegrama de 1971 en el que se ordena a las tropas “localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas que operan en la región”, entre otras medidas represivas que recordó. En su intervención resumió los “consensos” a los que habían llegado para revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esos acuerdos podrían resumirse, a grandes rasgos, en lo siguiente: 1°. Hacer diligencias de reconocimiento, búsqueda e investigación en las instalaciones militares en las que se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, 2°. Ingresar a instalaciones y consultar archivos y documentos militares; 3° Entrevistas y testimonios al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que cuente con información relacionada con la represión (tanto a personal activo como al retirado), así como a las propias víctimas de la guerra sucia. Llamó la atención que tácito reclamo por la ausencia de la Fiscalía General de la República, al señalar: “requerimos” que la Fiscalía participe en este mecanismo y, además, recordó que existen 245 carpetas de investigación sobre la guerra sucia “que duermen el sueño de los justos”.
Por otro lado, la intervención del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, no pudo ser más contrastante y contradictoria. Si bien manifestó el compromiso de abrir los archivos y colaborar para que Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico cumpla con sus fines, su discurso se centró predominantemente en elaborar una defensa de las instituciones militares, tanto de su pasado como de su presente. Para darse una idea, transcribo algunas de sus frases, que si no fuera por el contexto de dolor y exigencia de memoria y justicia de las víctimas de la guerra sucia, sonarían a una tragicomedia involuntaria:
“…Portamos con orgullo el uniforme de la patria…”
“… durante sus más de cien años de historia el ejército y la fuerza aérea han permanecido cercanas al pueblo de México…”
“… Nuestro origen popular nos motiva a velar principalmente por las personas más vulnerables y desprotegidas…”
“… Nuestra actuación ha sido factor fundamental de cohesión social y de fortalecimiento de las instituciones, sustentada siempre en las facultades constitucionales que otorga la carta magna y el orden jurídico nacional…”
“… La lealtad institucional, confianza social, transparencia y apertura son valores que nos representan como institución…”
“… Desde su creación, el ejército y fuerza aérea mexicanos han puesto de manifiesto su lealtad institucional y su compromiso inquebrantable en el desarrollo de todas sus tareas…”
Asimismo realizó un recuento del compromiso del ejército y fuerza aérea con la rendición de cuentas, la transparencia, los derechos humanos y la búsqueda de la verdad: afirmó que han entregado 1653 legajos al Archivo General de la Nación sobre los movimientos sociales y políticos del pasado; entregaron más de 18 mil fojas relacionadas con el caso Ayotzinapa; están en el primer lugar dentro de las 44 dependencias del gobierno federal al responder el 100 por ciento de las solicitudes recibidas; mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reconoció que son una institución 100 % capacitada, entre otros logros que señaló el Secretario.
Llamó la atención el deslinde anticipado que hizo de las posibles responsabilidades de integrantes del ejército y fuerza aérea en el período de la guerra sucia. Con un sofisticado discurso (mezcla de amor a la patria, historia y derecho) en el que apela a la lealtad, institucionalidad y apego al derecho y las normas constitucionales, el militar recordó que el artículo 89 Constitucional otorga al Presidente la facultad de disponer de la totalidad de las fuerza armadas para la “seguridad interior y defensa exterior de la nación”. Luego señaló que también tienen tres funciones de carácter civil: “auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, en caso de desastres prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Y a ese nivel del discurso aparece la anticipada exculpación del ejército en las tareas represivas de la guerra sucia: “Para realizar estas tareas fundamentales en beneficio de la seguridad y desarrollo nacionales, las fuerzas armadas han permanecido subordinadas al poder civil, tal como lo establece nuestra ley orgánica en su artículo 11, que señala que el mando supremo del ejército y fuerza aérea mexicanos corresponde al presidente…”
A través de ese hilo de argumentos, se pretende imponer la idea de que el ejército y la fuerza aérea no tuvieron ninguna responsabilidad por las desapariciones, la tortura y la ejecución de personas durante la guerra sucia, pues sólo obedecieron órdenes del mando civil; es decir, del Presidente de entonces.
Por si esta exculpación no fuera suficiente en esta involuntaria tragicomedia, terminó tácitamente afirmando que sólo actuaron en defensa propia frente a tres fenómenos: el asalto al cuartel en Ciudad Madera (23 de septiembre de 1965); los movimientos estudiantiles del 68 y 71; y los movimientos sociales del estado de Guerrero. Frente a esos hechos, señaló el militar, el Estado implementó medidas y acciones para mantener la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de derecho, lo cual llevó a que “determinadas acciones” se alejaran de “los principios de legalidad y humanidad”.
Pero por si las anteriores afirmaciones fueran insuficientes, como en un tercer movimiento escenográfico, anuncio dos medidas que acordó con el Presidente: analizar la inclusión en el mecanismo de reconciliación de los militares y sus familiares afectadas y inscribir los nombres de militares fallecidos en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, “como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida.” Así, como en la cueva platónica, se nos aparece un mundo invertido, en el que los represores son las víctimas y las víctimas los perpetradores. Evidentemente esto generó inconformidad entre las victimas de la guerra sucia (como se puede escuchar en el video de la ceremonia).
De esa manera, la contradicción se abre paso y se agiganta en el escenario para terminar desplazando los discursos de Micaela Cabañas y de Alicia de los Ríos. La presencia de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, fue parte del decorado.
Frente a ese antagonismo discursivo y la fijación de posiciones, el discurso de Presidente pasó a segundo término. Fue una buena pieza retórica, pero irrelevante en ese marco contradictorio. No importó su reconocimiento expreso de que hay momento en los que se tiene que recurrir a la violencia y los movimientos revolucionarios para transformar las instituciones y a la sociedad, ni la anécdota de cuando leyó como estudiante el libro “El Estado y la revolución” de Lenin para explicar el caso del depuesto presidente, Salvador Allende, por el golpe militar en 1973, ni su compromiso de no simular en la búsqueda de la verdad, prometer “cero impunidad” y llegar al fondo en el conocimiento de los hechos de la guerra sucia. Pasó a segundo término su total respaldo a las tareas de la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico porque la contradicción entre el discurso de Alejandro Encinas y Luis Cresencio Sandoval González, entre un civil y un militar, entre un hombre que viene de las luchas de la izquierda y un hombre educado en los aparatos represivos del estado, era amplia y honda. Los dos con la confianza del Presidente. Mano izquierda y mano derecha, suave y dura.
Podemos entender las razones de esta suerte de malabarismo en cuerdas flojas del Presidente: hay mucho más en juego en su relación con el ejército. Mucho más que el apoyo a la Comisión (que creo que es honesta). La construcción del aeropuerto, la construcción del tren Maya, su futura administración, el resguardo de las aduanas, las tareas en materia de inseguridad y combate al narco, la necesidad de mantenerlos en la “lealtad”; en fin, todo lo que ha llevada a la peligrosa, pero consistente militarización de la vida pública y con los riesgos que ello implica. Y por más que provengan del pueblo —como argumentó el Presidente— son parte de una estructura represiva y vertical. Porque, siguiendo la misma línea argumentativa del discurso del Secretario de la Defensa Nacional, bastaría que recibieran la orden, por parte de un futuro Presidente, para repetir la historia de la guerra sucia y hacer cosas peores; finalmente, según ese argumento, ellos sólo han estado subordinados al poder civil.
*Profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana-C