Un informe regional expone cómo la industria alimentaria interfiere en las políticas públicas de América Latina, frenando regulaciones clave mientras aumentan los índices de obesidad, enfermedades crónicas y daño ambiental.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 18 de julio de 2025.– La interferencia de grandes corporaciones de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las políticas públicas de América Latina está debilitando los esfuerzos gubernamentales por proteger la salud de la población, denuncian organizaciones civiles y especialistas de la región.
Durante el foro “Interferencia de la industria alimentaria en las políticas públicas de América Latina: Desentrañando la influencia corporativa en las políticas alimentarias”, realizado el miércoles, representantes de Brasil, Colombia, Ecuador y México presentaron evidencias sobre cómo estas empresas obstaculizan legislaciones clave en materia de salud y nutrición.
Obesidad y enfermedades crónicas: una crisis agravada por el lobby corporativo
Los expertos advirtieron que América Latina enfrenta una crisis de salud pública sin precedentes, con niveles alarmantes de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, directamente relacionados con el consumo masivo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Sin embargo, cada vez que los gobiernos intentan implementar medidas como etiquetados frontales, impuestos a productos nocivos o restricciones de publicidad dirigida a menores, la industria alimentaria despliega estrategias de lobby y desinformación para frenar su aprobación.
En Brasil, Ana María Maya, del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), detalló cómo la industria ha trasladado su influencia a nivel local: “Proyectos de ley que buscan proteger a la población, especialmente a la niñez, son vetados por alcaldes y gobernadores bajo presión de las empresas. En el Congreso, el cabildeo incluye desde información falsa hasta amenazas veladas a legisladores”.
En Colombia, Alejandra Niño, de FIAN-Colombia, denunció un proceso de “captura corporativa”, donde los intereses privados reconfiguran decisiones públicas. “No solo impiden avances legislativos, también moldean la percepción cultural de lo que se considera ‘alimento adecuado’, gracias a décadas de marketing agresivo y campañas de desinformación”, advirtió.
Desde Ecuador, Julio Villalba, director del Observatorio de Salud, Nutrición y Seguridad Alimentaria, expuso cómo las grandes corporaciones utilizan estrategias de “lavado de imagen” mediante campañas de responsabilidad social. “Donan pequeñas sumas a causas sociales mientras evaden millones en impuestos y debilitan los sistemas públicos de salud”, afirmó.
México: intimidación, litigio y espionaje contra defensores de la salud
En México, las tácticas han escalado a niveles preocupantes. Christian Torres, de El Poder del Consumidor, explicó que las empresas recurren a estrategias de intimidación, incluyendo campañas de desprestigio, demandas judiciales y hasta espionaje contra activistas y medios que denuncian sus prácticas. “Cada día que logran retrasar una medida, como el etiquetado frontal, representa millones de pesos en ganancias para estas corporaciones”, señaló.
Frente a este panorama, las organizaciones participantes hicieron un llamado urgente a los gobiernos latinoamericanos a reconocer y detener la interferencia de la industria alimentaria en las decisiones públicas. “No se trata solo de salud, sino de la defensa de nuestras democracias”, advirtieron.