Organizaciones y comunidades originarias exponen la represión estatal y empresarial contra quienes defienden el territorio y el agua en México.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 29 de julio 2025.- Representantes de comunidades indígenas y organizaciones sociales participaron el pasado lunes en el foro virtual “La criminalización de las y los defensores del territorio: Mecanismos de control, represión y despojo contra los pueblos originarios”, organizado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Durante el encuentro, expusieron los patrones de persecución judicial, violencia y acaparamiento de recursos naturales que enfrentan en sus regiones debido a la implementación de proyectos empresariales y la privatización del agua.
Entre los participantes se encontraron Argelia Betanzos y Eusebia Cepeda, integrantes de Mazatecas por la Libertad, provenientes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; Estela Hernández, del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Querétaro; Renato Romero, de Ocotepec, Puebla; y Pascual Bermúdez, de San Miguel Xoxtla, Puebla. Sus testimonios coincidieron en señalar la colusión entre autoridades locales, estatales y empresas privadas para despojar a las comunidades de sus tierras y fuentes de agua, así como el uso del sistema judicial para criminalizar la resistencia.
Argelia Betanzos relató que, en el caso de Eloxochitlán, el gobierno de Oaxaca insiste en presentar el conflicto como un enfrentamiento entre familias o grupos rivales, ocultando que se trata de una disputa por la defensa del territorio y la autonomía indígena.
“Nos dicen que somos dos bandos que nos matamos entre nosotros, pero no pueden demostrar ni un solo homicidio. Lo que sí existe es una lucha histórica contra los caciques y el Estado, que en 2014 atacó una asamblea comunitaria con armas de fuego para después fabricar delitos contra nosotros”, explicó.
Detalló que la comunidad mazateca defiende -durante más de cuatro décadas- su derecho a la autodeterminación, basándose en sus sistemas normativos internos y en la herencia ideológica de Ricardo Flores Magón. Uno de los ejes centrales de su lucha es la protección del río Xangá NdáGe, al que consideran un ser vivo y no simplemente un recurso explotable. Pese a que en 25 ocasiones los tribunales reconocieron la inocencia de integrantes de la comunidad acusados de homicidio, las autoridades continúan emitiendo nuevas órdenes de aprehensión.
“El Estado no acepta su derrota jurídica y ahora pretende obligarnos a negociar bajo la falsa idea de que debemos ‘dos muertos’. Es una estrategia para mantener la presión sobre nosotros”, afirmó.
Por su parte, Renato Romero, de Ocotepec, Puebla, expuso cómo en su región las empresas secuestraron el acceso al agua en detrimento de las comunidades. Señaló que, según datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 96% del líquido concesionado en la zona se destina a industrias como Volkswagen, Audi y Granjas Carol, mientras que los municipios cholultecas apenas reciben el 2.5% para consumo humano.
“Las cifras públicas ya son escandalosas, pero el saqueo real es aún mayor porque muchas empresas extraen agua sin medidores ni supervisiones. Granjas Carol, por ejemplo, utiliza tres veces más de lo que declara”, denunció.
Criticó que, en las últimas tres décadas, los gobiernos federal y estatales hayan otorgado más de 560,000 concesiones a empresas privadas, incluyendo el actual sexenio. “Mientras las comunidades sufren escasez, el agua se vende a fraccionamientos de lujo, parques industriales y empresas trasnacionales. Los gobiernos no han tenido voluntad para revertir este despojo, ni siquiera con la promesa de revisar concesiones”, agregó.
Pascual Bermúdez, de San Miguel Xoxtla, complementó esta denuncia al explicar que, en su municipio, tres pozos que deberían abastecer a 18,000 habitantes son explotados por la empresa Ternium Hylsa, dejando a la población con un suministro irregular. “Nos reparten el agua una vez por semana, pero a las industrias nunca les falta. Además, hay pozos clandestinos que ni siquiera están registrados”, señaló. Recordó que, debido a esta sobreexplotación, el río Prieto y el manantial El Almolo —que antes albergaban peces y eran usados para ceremonias tradicionales— desaparecieron.
Estela Hernández, defensora otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, compartió su experiencia de persecución por resistir a la privatización del agua en su comunidad. Relató que, desde 2019, enfrenta órdenes de aprehensión vinculadas a su participación en la toma de un pozo comunitario en 2021, acción que buscaba evitar el saqueo por parte de pipas no autorizadas.
“En 2022, cuando protestamos contra la Ley de Aguas de Querétaro, fuimos reprimidos. Y en junio de este año, mi esposo y yo fuimos detenidos arbitrariamente mientras documentábamos la aprehensión de otros compañeros”, detalló.
Hernández sostuvo que estos casos no son aislados, sino parte de una estrategia para debilitar la organización indígena. “El Estado utiliza el sistema judicial como herramienta de control. Nos imputan delitos falsos, nos encarcelan y nos intimidan para que abandonemos la defensa del territorio”, afirmó.
Los participantes coincidieron en que, ante la magnitud del despojo, es urgente fortalecer las redes de solidaridad entre comunidades. Romero enfatizó que, aunque la lucha es desigual, la movilización organizada puede frenar algunos proyectos.
“Hemos expulsado a Coca-Cola de Ocotepec y detenido la instalación de parques industriales. Si más pueblos se unen, podremos revertir el saqueo”, declaró.
Finalmente, subrayaron la necesidad de presionar para una reforma integral a la Ley de Aguas que priorice el acceso comunitario y frene la privatización, así como exigir al gobierno la liberación de defensores criminalizados. “No pedimos limosnas, sino justicia. El agua es un derecho humano, no una mercancía”, concluyó Bermúdez.
