Organizaciones denuncian graves violaciones de derechos humanos y relación de empresas mineras con la violencia en Michoacán y Colima, exigen investigación exhaustiva y medidas de protección urgente para las personas defensoras en riesgo.
Por Redacción / @Somoselmedio
A tres meses de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores del territorio en Michoacán y Colima, organizaciones denunciaron que, “a pesar de haber tocado múltiples puertas, la inoperancia gubernamental persiste y defender los derechos humanos en Michoacán se convierte en sinónimo de riesgo, muerte y desaparición”.
Desde la desaparición de los dos defensores, se ha incrementado el número de agresiones en la entidad, tan solo en lo que va de 2023, se han contabilizado cinco asesinatos y dos desapariciones. Al menos tres de estas siete agresiones tienen relación con el papel de las empresas mineras Ternium y ArcelorMittal en la región.
En un comunicado de prensa, las organizaciones sociales explicaron que han documentado graves violaciones de los derechos humanos dirigidas a los defensores de la tierra y el territorio, entre ellas, el asesinato de tres guardias comunales en Santa María Ostula, la desaparición de Ricardo y Antonio, el asesinato de Alfredo Cisneros en Sicuicho, Los Reyes, y el asesinato de Eustacio Alcalá en San Juan Huitzontla, defensor del río que ganó un amparo contra las concesiones ilegales obtenidas por Ternium y ArcelorMittal.
La relación de las empresas mineras con la violencia en la región ha encendido las alertas nuevamente tras el asesinato de Eustacio Alcalá. En el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, se ha solicitado una investigación exhaustiva a Ternium debido a las amenazas documentadas contra los defensores y su influencia en la fractura del tejido social-comunitario.
Sin embargo, para las organizaciones, los gobiernos de Michoacán y Colima se han mostrado omisos ante las peticiones de investigar a las empresas mineras, y el Gobierno Federal ha fortalecido las relaciones económicas con Ternium permitiendo su ampliación operativa en otros estados.
En el comunicado, las organizaciones firmantes y los familiares de los defensores denunciaron que la falta de acción de las autoridades ante los casos de desapariciones y asesinatos en la región genera un mensaje de impunidad que favorece a los perpetradores y a los autores intelectuales, y revela la corrupción existente entre las autoridades municipales, estatales y federales.
Además, la presencia de la Guardia Nacional en el lugar donde fueron desaparecidos Ricardo y Antonio y su falta de investigación es preocupante y confirma la existencia de una desaparición forzada en la que el Estado es partícipe.
Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil exigieron avances significativos en la investigación, búsqueda y localización de Ricardo y Antonio, así como medidas urgentes de protección para las personas defensoras en riesgo, sus familias y comunidades.
También demandaron una investigación inmediata e imparcial del asesinato de Eustacio Alcalá, agotando todas las líneas de investigación posibles, incluida la relación con su defensa del territorio ante las tareas extractivistas de las mineras.
