La Mesa Agraria de Carrizalillo denunció que la empresa minera canadiense Equinox Gold suspendió operaciones sin rehabilitar las tierras y sin pagar la renta correspondiente; también cuestionaron el papel del gobierno estatal de Guerrero en el conflicto.
Por Redacción / @Somoselmedio
Carrizalillo, Guerrero, 12 de mayo de 2025 – La Mesa Agraria de Carrizalillo, conformada por más de 2,800 ejidatarios, ciudadanos y familias, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que garanticen el cumplimiento de sus derechos sobre el territorio que actualmente ocupa la minera canadiense Equino Gold, la cual, tras una suspensión indefinida de operaciones, ha dejado de pagar las rentas de tierras y no ha cumplido con su obligación de rehabilitar los terrenos para su uso agrícola.
A través de un comunicado, los miembros de la Mesa Agraria de Carrizalillo expresaron su rechazo a las declaraciones del subsecretario de desarrollo político y social del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien, según los ejidatarios, ha actuado como vocero de la empresa minera en lugar de defender los intereses de las comunidades locales.
En el comunicado, los ejidatarios enfatizaron que el subsecretario Rodríguez Cisneros ya tuvo la oportunidad de participar en las negociaciones con la empresa, pero su postura inclinada hacia la minera hizo que los esfuerzos fracasen. Denunciaron que el gobierno estatal, al igual que la empresa, ha actuado de manera inflexible y ha buscado imponer condiciones desfavorables para las comunidades.
“La empresa Equino Gold nunca mostró disposición para negociar de manera justa. Nos intentaron imponer una reducción del 64% en la renta de tierras y un 48% menos en el convenio social, mientras que el subsecretario fungía como ‘testigo de calidad’”, mencionó la Mesa Agraria.
La preocupación principal de los ejidatarios de Carrizalillo es la violación de su derecho al territorio, un derecho fundamental según la legislación mexicana. Afirman que, con el cierre de la mina y el retiro de la inversión, la empresa tiene la obligación legal de devolver las tierras al ejido tal como estaban antes de su intervención. La empresa, por su parte, ya ha anunciado el cierre definitivo de la mina y la no renovación del contrato, lo que refuerza la solicitud de devolución de tierras.
“La empresa decidió terminar su actividad minera en el ejido, por lo que nos corresponde recuperar nuestras tierras. No hay más discusión que esta: la empresa debe entregar las tierras tal y como lo exige la ley”, subrayó la Mesa Agraria de Carrizalillo.
Impacto Ambiental y la Amenaza de Residuos Tóxicos
Los ejidatarios también alertaron sobre el grave peligro que representa la presencia de residuos tóxicos dejados por la mina, los cuales se encuentran expuestos al aire libre. La ley establece que dichos residuos deben ser confinados y resguardados por la empresa. Sin embargo, hasta la fecha, Equino Gold ha incumplido con esta responsabilidad, lo que pone en riesgo la salud y la seguridad de la población de Carrizalillo.
“Nos encontramos en una situación de riesgo inminente. Los residuos tóxicos deben ser confinados, pero la empresa se ha desentendido de esta responsabilidad. Esto no solo pone en peligro nuestra salud, sino también el futuro agrícola de nuestra región”, explicaron.
Finalmente, la Mesa Agraria de Carrizalillo hizo un llamado al gobierno federal para que intervenga en el conflicto y garantice que la ley se cumpla en favor de las comunidades afectadas. Los ejidatarios aseguraron que el gobierno estatal ha dejado de ser un actor relevante y que la lucha por la restitución de las tierras y la reparación de los daños causados por la empresa minera debe ser liderada por el gobierno federal.
“El gobierno estatal ha demostrado ser un aliado de la empresa y no de los pueblos. Esperamos que el gobierno federal actúe bajo el marco de derecho, proteja nuestros derechos colectivos y exija a la empresa Equino Gold que rinda cuentas”, concluyó la Mesa Agraria.