Un informe del Consejo de Derechos Humanos expuso cómo corporaciones de armas, tecnología y finanzas obtuvieron ganancias mientras sostenían la ocupación, el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino. La Relatora Especial llamó a poner fin a la complicidad empresarial en crímenes internacionales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Durante la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, presentó el informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”. En el documento, señaló que numerosas empresas participaron en el sostenimiento de la ocupación israelí y se beneficiaron económicamente de la destrucción de vidas palestinas, particularmente a raíz de la ofensiva militar iniciada en octubre de 2023.
“El sector privado contribuyó a sostener la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio. Las actividades comerciales que permiten y lucran con la destrucción de vidas inocentes deben cesar. Las empresas deben rechazar ser cómplices de violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales, o deberán rendir cuentas”, expresó la Relatora en el informe.
La economía detrás de la ocupación y el genocidio
Según el documento, la ofensiva militar posterior a octubre de 2023 profundizó la dinámica colonial de desplazamiento y reemplazo de la población palestina, en la que participaron corporaciones de diversos sectores:
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Industria armamentista: Empresas como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin y Leonardo proveyeron armas, drones y aviones F-35 y F-16, que fueron utilizados durante los ataques aéreos sobre Gaza. De acuerdo con el informe, durante los primeros meses de la ofensiva Israel lanzó más de 85 mil toneladas de bombas, causando decenas de miles de muertes y desplazamientos forzados.
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Sector tecnológico: Compañías como Microsoft, Google, Amazon, IBM, Hewlett Packard y Palantir suministraron infraestructura digital, servicios en la nube, inteligencia artificial y tecnologías de vigilancia masiva que fueron utilizadas por el ejército israelí para el monitoreo poblacional, el control de fronteras y la selección automatizada de objetivos.
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Finanzas y construcción: Bancos, aseguradoras, fondos de inversión y empresas constructoras financiaron y ejecutaron la expansión de asentamientos israelíes, así como la explotación de recursos y la demolición de comunidades palestinas en Cisjordania.
“El sector privado, en lugar de retirarse, intensificó su participación tras octubre de 2023, facilitando la pulverización de Gaza y el desplazamiento forzado de la mayor cantidad de palestinos desde 1967”, expuso el informe.
El informe sostuvo que las acciones de estas corporaciones no solo contravinieron los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, sino que también podrían constituir responsabilidad penal y civil por su participación en crímenes internacionales, incluyendo el apartheid, el genocidio y la agresión.
“Existen precedentes que permiten sostener que las corporaciones y sus directivos pueden ser responsables penalmente por su conocimiento y contribución material a estos crímenes”, indicó la Relatora.
Además, el informe documentó que empresas tecnológicas israelíes promovieron sus productos como “probados en combate”, comercializándolos a nivel global después de haber sido utilizados en Gaza.
En el informe, la Relatora Especial señaló que desmantelar el sistema económico que sostiene la ocupación y la violencia contra Palestina no será posible sin detener la participación del sector privado y exigió que los Estados adopten medidas inmediatas, incluyendo sanciones y restricciones comerciales contra las empresas involucradas.
“No puede haber paz mientras una economía global lucre con el desplazamiento forzado y la muerte de un pueblo”, concluyó Albanese.
