*Ricardo Salinas Pliego y su empresa Banco Azteca demandaron al semanario Proceso por el reportaje “Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex-Fertinal”. Este acto no sólo representa una intimidación para el libre ejercicio periodístico, si no que atenta contra el derecho a la información, por lo que medios mexicanos independientes lo difundimos de nueva cuenta, para que las voces no sean calladas.
A raíz del reportaje “Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex-Fertinal” publicado por la revista Proceso en julio de este año (edición 2229), el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y su empresa Banco Azteca demandaron al semanario acusando que su divulgación es parte de una campaña de desprestigio que atenta contra el honor y buena reputación.
Lo anterior se puede constatar en el Boletín Judicial del pasado viernes 11 de octubre, instrumento de acceso público a través del cuál se advierten como demandantes o actores de la demanda de daño moral a – Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca– así como de los demandados –Comunicación e Información, S.A. de C.V., Rafael Rodríguez Castañeda, Homero Campa Butrón y Mathieu Pierre Olivier Tourliere–.
De acuerdo a lo narrado por la propia revista, hoy víctima de persecución judicial, el juez Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, del Juzgado 62º de lo Civil de la Ciudad de México, emitió una orden para que Proceso no publicara información relacionada con el juicio, una acción que se califica de censura previa, y que atenta contra el derecho a la información de la sociedad.
LA CENSURA NO ES UNA OPCIÓN, por ello, medios mexicanos nos sumamos a difundir, de nueva cuenta, la integralidad de la información publicada por Proceso, que es de interés público para la sociedad, y necesaria para el avance de un verdadero estado democrático dónde la prensa observa y escrutina al poder.
Nos solidaridarizamos con la revista que hoy enfrenta un juicio y en contra de quienes pretenden se oculte información que le pertenece a la sociedad.
Estos actos no sólo representan una intimidación para el libre ejercicio periodístico, atentan contra el derecho a la información, tienen la intención clara de limitar el debate público y la participación cívica.
