ARTICLE 19, R3D y SocialTIC denuncian corrupción, lavado de dinero y espionaje ilegal con Pegasus en México; señalan a Peña Nieto, Osorio Chong, el CISEN y el Ejército como responsables de una red de vigilancia que persiste hasta la actualidad.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 7 de julio de 2025.- Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC expresaron su condena ante las recientes revelaciones sobre la red de corrupción, lavado de dinero y espionaje ilegal vinculada a la compra y uso del software Pegasus, que durante años fue utilizado para vigilar de forma ilegal a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos en México.
Según el diario israelí The Marker, los empresarios israelíes Avishai Neria y Uri Ansbacher actuaron como intermediarios entre empresas tecnológicas y el gobierno mexicano, obteniendo contratos millonarios por la venta de tecnología de espionaje. A través de una “empresa de inteligencia”, que coincide con las características del spyware Pegasus, lograron contratos por más de 25 millones de dólares durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Estas revelaciones se suman a lo documentado en el único juicio penal relacionado con el espionaje con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui, donde se expuso un entramado de corrupción encabezado por Ansbacher, propietario del conglomerado KBH, y operadores cercanos a Peña Nieto. Testimonios judiciales señalan que Ansbacher actuaba bajo instrucciones directas del expresidente, del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del extitular del CISEN, Eugenio Imaz, quienes utilizaron Pegasus para intervenir comunicaciones sin autorización judicial desde las oficinas de KBH.
El caso reveló que el espionaje no se limitó a actores críticos del gobierno, sino que también alcanzó a funcionarios públicos. Entre ellos, el excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, cuyas conversaciones fueron interceptadas y grabadas con Pegasus, lo que confirma la magnitud del espionaje ilegal.
México se ha consolidado como el principal cliente de NSO Group, empresa israelí creadora de Pegasus, según investigaciones del Pegasus Project, The New York Times y documentos judiciales estadounidenses. Durante los gobiernos de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el spyware fue empleado de manera sistemática para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, principalmente en contextos donde denunciaban violaciones a derechos humanos o actos de corrupción vinculados con el Ejército y otras autoridades.
Aunque el actual gobierno prometió detener estas prácticas, diversas investigaciones han demostrado lo contrario. En 2019, el Ejército mexicano adquirió Pegasus a través de Comercializadora Antsua, una empresa vinculada a la red KBH. Además, en el juicio Meta vs. NSO Group, se documentaron 456 infecciones con Pegasus tan solo en mayo de ese año en territorio mexicano.
Estas revelaciones ocurren en un contexto alarmante. Apenas la semana pasada se aprobó un paquete de reformas en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones que otorgan a distintas autoridades, incluyendo al Ejército, acceso irrestricto a una plataforma interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta legislación amplía los márgenes de acción del Estado mexicano para ejercer vigilancia masiva sin controles judiciales ni garantías suficientes para proteger los derechos fundamentales de la población.
Ante la gravedad de estos hechos, ARTICLE 19, R3D y SocialTIC exigieron a la Fiscalía General de la República y al gobierno federal una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la adquisición de Pegasus, así como sobre su uso indebido para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Las organizaciones subrayaron que esta investigación debe incluir a los exfuncionarios de alto nivel señalados en las revelaciones, entre ellos Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Eugenio Imaz, así como a aquellos involucrados en el uso del spyware durante el actual gobierno, incluido el Ejército mexicano.
Asimismo, señalaron que es urgente una rendición de cuentas plena sobre el destino de los recursos públicos utilizados para la compra y operación de tecnologías de vigilancia. Solo así se podrá garantizar que estos mecanismos no vuelvan a utilizarse para violar los derechos fundamentales de la población.
Finalmente, ARTICLE 19, R3D y SocialTIC advirtieron que la verdad y la justicia son indispensables para fortalecer la democracia mexicana y evitar que estas graves violaciones permanezcan impunes. Esta exigencia, subrayaron, cobra aún mayor relevancia ante el actual marco legislativo que amplía las facultades del Estado para vigilar sin control ciudadano ni judicial.
