El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exige acciones urgentes para procesar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, ocurrida durante manifestaciones en Tlapa, Guerrero, mientras las investigaciones de la Fiscalía General de la República continúan estancadas.
Por Redacción / @Somoselmedio
En el octavo aniversario de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Tlapa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y familiares de Antonio Vivar Díaz exigieron se castigue a los policías federales que lo asesinaron.
Antonio Vivar Díaz fue asesinado en la ciudad de Tlapa de Comonford, Guerrero, durante una manifestación pacífica en la que integrantes de diversas organizaciones sociales protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Previamente a estos lamentables hechos, varias organizaciones sociales a nivel nacional y estatal se habían congregado en la Normal Rural de Ayotzinapa para discutir las acciones que emprenderían en su demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Durante dicha reunión, se acordó boicotear las elecciones en Guerrero. En Tlapa, el movimiento popular asumió el liderazgo y el 1 de junio comenzaron las movilizaciones en contra del proceso electoral. Sin embargo, el 5 de junio, dichas acciones fueron reprimidas por la policía estatal, por grupos de choque relacionados con el PRI y la delincuencia organizada, resultando en la grave lesión del profesor Juan Tenorio.
El clima político se tornó tenso en esos días. A pesar de la adversidad, el movimiento no se amilanó y continuó con sus protestas. Con el objetivo de sofocar la disidencia, el 6 de junio el gobierno federal envió cientos de policías federales a Tlapa, siendo el Comisario General Enrique Galindo Cevallos quien lideró el operativo. Al comenzar la jornada electoral el 7 de junio, una camioneta del Instituto Nacional Electoral (INE) fue incendiada en el puente del río Jale, lo que desencadenó una redada de la Policía Federal en las oficinas de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG). Como resultado, ocho profesores fueron detenidos ilegalmente y trasladados al 93 batallón de infantería del ejército mexicano, para luego ser transferidos en helicóptero de la Marina a Acapulco.
La injusta detención de los profesores exacerbó los ánimos y la protesta se intensificó, acorralando a los Policías Federales en la Colonia El Tepeyac. Algunos agentes fueron retenidos en la capilla de la colonia, y posteriormente, agentes federales y militares rompieron el cerco, sometiendo a tortura a varias profesoras y arrebatando la vida de Antonio Vivar Díaz, principal líder del Movimiento Popular Guerrerense.
Tanto la Fiscalía estatal como la entonces Procuraduría General de la República iniciaron investigaciones sobre estos hechos. Sin embargo, ambas instituciones llevaron a cabo las pesquisas de manera irregular, llegando incluso a destruir evidencias y datos probatorios.
Para Tlachinollan y los familiares de Antonio Vivar, existen datos de prueba para proceder contra los Policías Federales que lo asesinaron, pero la FGR se niega a actuar.
“Es evidente que la FGR encubre de manera deliberada a los Policías Federales. El actual gobierno es indiferente ante la demanda de justicia para Antonio Vivar, aun cuando el propio presidente de la República tiene pleno conocimiento de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar, nada han hecho para que las familias obtengan justicia. Dicen que ya no reprimen, pero protegen a los represores del pasado.”
Por lo anterior, Tlachinollan y los familiares de Antonio Vivar,exigieron se agilicen las investigaciones, se procese y sancione a los policías responsables de la ejecución extrajudicial contra Antonio Vivar, que haya justicia para todos los luchadores sociales asesinados, que cese la criminalización contra la protesta social y la descalificación y hostigamiento contra las organizaciones sociales y de derechos humanos.