Por Redacción/@Somoselmedio
Tlapa de Comonfort, 6 de agosto del 2021.- El jueves 5 de agosto, al filo de las 23.00 horas, Vicente Suástegui Muñoz, al regresar a su domicilio, en el taxi colectivo número 2342 de la ruta Renacimiento que trabajaba como conductor, de acuerdo a testigos del hecho, fue interceptado por una camioneta roja en la que iban tres personas armadas, quienes le cerraron el paso, golpearon y dispararon para así subirlo por la fuerza a su vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido.
Previamente, Vicente denunció en el periódico El Sur y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que el 13 de julio del año en curso, integrantes de la Secretaría de Marina intentaron ingresar de manera violenta a su domicilio. Acusándolo de tener un reporte de venta de drogas. En ese momento se encontraban su esposa y sus hijos, que desconcertados, cerraron su casa. Los elementos de la Marina intentaron entrar, golpeando varias veces la puerta.
Cerca del lugar se encontraban unos jóvenes escuchando música que fueron golpeados. Ante este grave riesgo, su esposa llamó por teléfono a Vicente quien rapidamente llegó a su domicilio. Los elementos de la Marina de inmediato le exigieron que se bajara del vehículo para ser revisado, Vicente se resistió y pidió que le presentaran la orden de cateo, sin que, formalmente le explicaran el motivo de la molestia.
Vicente Suástegui Muñoz es miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositora a la Presa La Parota (CECOP), una organización de base conformada por comunidades rurales del municipio de Acapulco, que se enfrentaron a la CFE para proteger su territorio y defender el rio Papagayo para impedir la construcción de la presa. Desde el 2003 a la fecha, el CECOP ha sido un movimiento incómodo para las autoridades federales y estatales, por su férrea oposición a la hidroeléctrica, que afectaría a 24 comunidades indígenas y rurales, además de perjudicar a 5 municipios, en los que desplazaría a más de 25 mil personas y 70 mil sufrirían las afectaciones indirectas de la hidroeléctrica.
Por esta lucha emblemática, Marco Antonio Saústegui, líder del CECOP, ha sido encarcelado en tres ocasiones y hasta la fecha cuenta con otras órdenes de aprehensión. Esta persecución política tiene como finalidad diezmar la fuerza opositora del CECOP. Por su parte autoridades estatales y municipales han alentado la polarización comunitaria, al grado que se han suscitado asesinatos y confrontaciones entre simpatizantes del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec y miembros del CECOP. Un hecho trágico, sucedió en enero del 2018, en el marco de la fiesta patronal en la comunidad de La Concepción.
En la madrugada del día cinco, se suscitó un enfrentamiento entre el grupo de la comisaria y elementos de la policía comunitaria, que dejó un saldo de varios muertos. A media mañana llegaron varios grupos de la policía estatal a la comunidad de la Concepción, para someter a los miembros de la policía comunitaria. A los pocos elementos que había, los desarmaron y de manera arbitraria ejecutaron a dos miembros de la policía comunitaria.
Marco Antonio Saustegui, que acudió a prestar auxilio a las familias de los asesinados, fue detenido y torturado por la policía ministerial. En ese operativo detuvieron a 25 miembros del CECOP, de manera arbitraria y además torturaron a 8 personas. Entre los 25 detenidos se encontraba Vicente. En centro penitenciario fue aislado junto con su hermano Marco Antonio Suástegui por el lapso de un mes como una forma de castigarlos.
La desaparición de Vicente se da en un clima de violencia perpetrada tanto por actores estatales como grupos de la delincuencia, que en algunas ocasiones actúan en convivencia. Por esa razón, las autoridades estatales tienen que agotar todas las líneas de investigación, tomando en cuenta su activismo social, los actos de molestia de fue objeto por parte de la Marina en su domicilio e identificar el vehículo y las personas que perpetraron la desaparición.
Ante todo lo anterior, el Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales, que se realicen investigaciones diligentes, exhaustivas y prontas, se lleven a cabo las búsquedas necesarias empleando todos los recursos materiales y humanos que el caso lo a merite para dar con su paradero.