Proyecto de Ley General para la prevención, investigación, sanción y tratamiento del feminicidio
Por: Yazmin Martínez /@yazminvalois
Arturo Zaldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, presentó el día de hoy el proyecto de Ley General para la prevención, investigación, sanción y tratamiento del feminicidio y expuso para su remisión a la Comisión Permanente del Congreso Federal.
El presidente de la SCJN, Zaldívar aseguró que uno de los problemas sistémicos del feminicidio es que no se suele definir el tipo de delito y que cada dependencia federal lo hace de manera diferente.
“Nuestro país vive una tragedia colectiva, en la cual entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días”, expresó el ministro Zaldívar.
Ante los legisladores, hizo mención sobre el artículo 73, fracción XXI, fracción A de la Constitución General para que la Asamblea General de la Federación para que esta pueda dictar una ley general que coordine la actuación de las tres órdenes de gobierno que son el feminicidio, suicidio y delitos.
A parte de apelar por la ley general que prevenga el delito del feminicidio, busca que se puedan establecer medidas específicas: “atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral para garantizar los derechos de las víctimas”.
Se dijo que el proyecto está inspirado en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar las Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, por lo que considera no solo las sanciones por delitos sino también medidas de prevención, protección y reparación integral al daño hecho.
“No es una ley punitivista, sino que es una ley que busca prevenir y una reparación integral y establece la obligación de emitir un protocolo nacional de investigación de feminicidios”, dijo Zaldívar.
Zaldívar también señalo el código penal federal del artículo 325 que dice “que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500 a mil días multa. Este es imprescriptible y no está sujeto a criterios de oportunidad, ni formas de solución alterna”.
Pero no se está conforme así que la sanción tratara de aumentar de 60 a 90 años de prisión cuando el feminicidio lo cometa un servidor público, cuando la víctima sea una niña o mujer adulta mayor, cuando la víctima tenga una situación de vulnerabilidad, cuando la víctima esté en prisión o cuando el agresor sostenga una relación de confianza, de parentesco, de autoridad o de otras relaciones desiguales de poder que tuviere con la víctima.
Las peticiones que se están presentando en el nuevo proyecto le serán enviadas al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
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