El Gabinete de Seguridad presentó un plan integral que combina inteligencia financiera, bloqueo de telecomunicaciones y coordinación interinstitucional para combatir un delito que afecta a 66% de las víctimas en solo ocho entidades.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 7 de julio 2025.- El Gobierno federal presentó este 6 de julio la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad bajo instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la presentación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este modelo aprovecha las nuevas facultades de investigación concedidas por la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia para desarticular redes criminales desde sus flancos financieros y logísticos.
La estrategia integrará por primera vez capacidades de inteligencia financiera, intervención de telecomunicaciones y psicología forense en un mismo esquema operativo. García Harfuch detalló que el plan se sustenta en cinco pilares interconectados: generación de detenciones mediante inteligencia avanzada, coordinación reforzada con fiscalías locales, protocolos especializados de atención a víctimas, capacitación de operadores del 089 en negociación de crisis y una campaña nacional de prevención con participación del sector privado.
El diagnóstico presentado revela una alarmante concentración territorial del fenómeno. Tan solo ocho entidades federativas —Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán— concentran el 66% de los casos de extorsión registrados a nivel nacional. Esta distribución llevó al gobierno a diseñar un dispositivo especial de intervención que combina patrullajes inteligentes con auditorías financieras y operativos psicológicos en centros penitenciarios identificados como nodos de extorsión telefónica.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero profundizó en la naturaleza dual del delito. Por un lado, las extorsiones telefónicas originadas en cárceles locales y federales, donde reclusos operan con impunidad gracias a la complicidad de funcionarios corruptos. Por otro lado, el “derecho de piso”, una modalidad que parasita economías locales mediante la coerción sistemática a comerciantes, transportistas y agricultores. “Estamos ante un delito que muta entre lo físico y lo digital, entre lo local y lo trasnacional”, advirtió el fiscal, al anunciar la creación de un sistema unificado de denuncias que será alimentado mensualmente por todas las fiscalías del país.
Uno de los componentes más innovadores de la estrategia radica en su enfoque tecnológico-profiláctico. La Unidad de Inteligencia Financiera asumirá un rol protagónico al rastrear flujos monetarios irregulares y congelar cuentas vinculadas a cobros coercitivos. Paralelamente, se gestionarán órdenes judiciales masivas para el bloqueo de líneas telefónicas asociadas a este delito, un mecanismo que ya ha demostrado efectividad en países como Colombia.
En el ámbito penitenciario, se implementará un operativo permanente de revisión para erradicar el uso ilegal de dispositivos móviles en centros de reclusión, combinado con análisis de comportamiento para identificar a reclusos que coordinen redes desde prisión. El número de emergencias 089 será reforzado con equipos multidisciplinarios capacitados en psicología del trauma, capaces de brindar contención emocional mientras activan protocolos de protección para víctimas en riesgo extremo.
La dimensión preventiva del plan busca crear barreras sociales contra la extorsión mediante una campaña nacional que trascienda los medios tradicionales. Se establecerán alianzas con cadenas hoteleras, instituciones bancarias y cámaras empresariales para capacitar a empleados en la detección temprana de patrones sospechosos, desde intentos de secuestro virtual hasta transferencias bancarias coercitivas.
García Harfuch hizo un llamado a los medios de comunicación para fungir como replicadores de mensajes clave: “Cada reportaje que explica cómo no caer en la extorsión, cada spot que enseña a verificar llamadas sospechosas, está salvando familias”. La campaña incluye materiales adaptados a comunidades indígenas y zonas rurales, donde el delito suele propagarse mediante amenazas relacionadas con prácticas ancestrales.
Uno de los obstáculos más complejos radica en la naturaleza jurídica fragmentada del delito. Al ser considerado de fuero común en la mayoría de sus manifestaciones, su persecución recae teóricamente en autoridades estatales y municipales. No obstante, el gobierno federal decidió asumir un rol activo mediante figuras como la intervención de fuerzas armadas cuando exista un trasfondo delictivo organizado.
Gertz Manero anunció la convocatoria a todos los fiscales estatales para el 1 de agosto, donde se establecerán protocolos homologados de investigación y un tablero de control nacional que monitoree los avances en tiempo real. “No habrá refugio para extorsionadores. Perseguiremos tanto al que opera desde una prisión en Tlalnepantla como al que cobra derecho de piso en carreteras de Michoacán”, sentenció.
