Silverio Reyes, indígena otomí, recuperó su libertad después de que un juez desechara las pruebas obtenidas mediante tortura en su contra. El caso revela la persistencia de esta práctica en Veracruz, estado con más denuncias de tortura en México.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 10 de julio 2025.- De acuerdo a un comunicado emitido el día de ayer, por el Centro Prodh, Silverio Reyes, indígena otomí, fue liberado este martes tras casi dos años de estar injustamente encarcelado, luego de que un juez invalidara las pruebas presentadas en su contra por haber sido obtenidas bajo tortura. La decisión, emitida por el Juez Raymundo Torres Martínez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Huayacocotla, marca un precedente contra el uso de testimonios forzados en procesos penales.
El caso de Silverio se sustentó en la declaración de Diego Fernando Bonilla, quien fue torturado en 2023 por agentes de la Policía Ministerial de Veracruz para inculparlo falsamente. A pesar de que Diego denunció los hechos de inmediato, las autoridades no investigaron su reclamo hasta ahora. “Esta resolución judicial fortalece la denuncia de Diego sobre la tortura que sufrió”, señaló el Centro Prodh.
Durante la audiencia, el juez Torres Martínez reconoció las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Diego y ordenó a la Fiscalía General de Veracruz investigar el caso. Además, criticó el manejo del proceso penal, destacando que no se respetó la perspectiva intercultural exigida para casos que involucran a pueblos indígenas. “La Fiscalía no actuó con diligencia y violó derechos fundamentales”, subrayó la resolución.
El caso de Silverio y Diego ejemplifica un patrón recurrente en México, donde policías y fiscalías siguen utilizando la tortura como método de investigación. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET, 2025), Veracruz es la entidad con más expedientes abiertos por este delito: 3,331 entre 2018 y 2024; siendo las comunidades indígenas las más vulnerables. Cabe mencionar que;
A nivel nacional, se documentaron 819 casos de tortura contra personas indígenas, lo que refleja una crisis que impacta no sólo a individuos, sino a colectivos enteros. “Las autoridades deben actuar con urgencia para erradicar estas prácticas”, demandó el Centro Prodh.
Aunque la liberación de Silverio es un avance, las organizaciones defensoras exigen que se investigue y sancione a los responsables de su encarcelamiento ilegal y de la tortura contra Diego. “La justicia solo será real si se reconoce la verdad y se adoptan medidas para que esto no se repita”, insistieron.
