Las organizaciones: Mujeres Mazatecas por la Libertad, Observatorio Memoria y Libertad, así como el Centro de Derechos Humanos Esteban A.C., realizaron este 18 de junio la primera misión civil de observación y documentación, donde expusieron la persecución política contra la comunidad, particularmente contra mujeres defensoras del territorio.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 18 de junio 2025.- Durante la conferencia de prensa, Karen Castillo del Observatorio Memoria y Libertad detalló cómo el gobierno de Oaxaca ha reactivado 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas de la comunidad, incluyendo ocho mujeres líderes. Estas órdenes se basan en acusaciones fabricadas en 2014 por supuestos “daños por incendio” y “robo”, que en 2016 un juez había desestimado por falta de pruebas y por haberse presentado fuera del plazo legal. Sin embargo, el Tribunal Superior de Oaxaca las revivió este junio sin sustento jurídico, en lo que las organizaciones califican como un claro acto de persecución política.
“Desde hace más de una década hemos documentado cómo el estado mexicano, a través de sus instituciones judiciales y de seguridad, ha implementado una estrategia de hostigamiento permanente contra los habitantes de esta comunidad mazateca”, señaló Karen, añadiendo que, el contexto en que se sitúan es un evidente “intento de paralizar la resistencia comunitaria mediante el miedo y la judicialización de la protesta”.
Argelia Betanzos de Mujeres Mazatecas por la Libertad explicó que las ocho mujeres criminalizadas son defensoras de derechos humanos con amplio reconocimiento comunitario: una profesora jubilada de 68 años que dedicó su vida a la alfabetización, una enfermera que se formó por correspondencia para servir a su pueblo, y madres de familia que lideran la defensa del territorio. “El mensaje del gobierno es claro: están golpeando específicamente a las mujeres que han mantenido viva la resistencia”, señaló Betanzos.
El trasfondo de esta criminalización, según las organizaciones, es el saqueo sistemático del río comunitario por parte del cacique Manuel Cepeda Cortés – padre de la diputada federal morenista Elisa Cepeda Lagunas – quien desde 2011 extrae ilegalmente piedra y arena con ganancias estimadas en 128,000 pesos diarios por punto de extracción. Este negocio ilegal cuenta con protección de autoridades estatales, incluyendo policías y ministeriales públicos.
La situación llegó a un punto crítico en abril de 2025 cuando el fotoperiodista David Peralta, quien documentaba la extracción ilegal, sufrió dos intentos de atropellamiento por parte de Cepeda Cortés, sin que las autoridades hayan investigado los hechos.
Por otra parte, Zaira Vázquez, representante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban con sede en Puebla, anunció que su organización se suma al acompañamiento jurídico y político del caso. “Estamos ante un patrón de violencia institucional que requiere la atención urgente de los organismos internacionales de derechos humanos”, advirtió.
Frente a las anteriores acciones, se conformó una misión de observación integrada por el Observatorio Memoria y Libertad, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban de Puebla, la Red TDT y colectivos locales, que permanecerá en la comunidad documentando las violaciones a derechos humanos y el ecocidio. Como acción inmediata, se lanzó una campaña internacional de presión dirigida a las máximas autoridades del país, exigiendo la cancelación de las órdenes de aprehensión, la liberación de presos políticos y la investigación del saqueo del río.
Por otro lado, Argelia Betanzos agregó que, el próximo 24 de junio se realizará una acción significativa cuando la profesora Maribel Betanzos, una de las criminalizadas, se presente ante el juzgado acompañada por la Sección 22 del SNTE, que en asamblea estatal acordó respaldar su caso.
Por último, las organizaciones convocantes hicieron un llamado amplio a la sociedad civil, medios de comunicación, académicos y organismos internacionales para sumarse a las acciones de solidaridad con Eloxochitlán. “Necesitamos que más ojos estén puestos en lo que ocurre en la Sierra Mazateca, que más voces se sumen a la denuncia, que más personas presionen para detener esta injusticia”, expresó Argelia Betanzos.