Tras un largo litigio, las mujeres víctimas logran que se remita la investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), obligándola a continuar la investigación del caso bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.
Por Redacción / @Somoselmedio
Mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco, Estado de México, lograron un importante avance en su lucha por la justicia, después de que un tribunal ordenara a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregar la investigación a la Fiscalía General de la República.
Este dictamen se produce 17 años después de los hechos de represión social, detenciones arbitrarias y actos de tortura, en particular tortura sexual contra mujeres, por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, y a más de cuatro años de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México” en diciembre de 2018.
Las mujeres sobrevivientes, acompañadas por el Centro Prodh, iniciaron una larga batalla legal en julio de 2020 contra las autoridades del Estado de México para que cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano. Hasta ahora, las autoridades locales han sido las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco, sin embargo, ninguna persona o funcionario ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres.
En un comunicado, el Centro Prodh, aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha obstaculizado, desde 2006, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia, incluso después de la emisión de la sentencia de la Corte IDH, negándose a remitir la investigación a la Fiscalía General de la República.
Con este dictamen, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas está obligada a continuar la investigación del caso, bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.
“La entidad debe conducir la investigación de manera integral, amplia, sistemática, minuciosa y sin dilación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso, así como los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión tanto federales, estatales o municipales; con la participación activa de las mujeres sobrevivientes y sus representantes.”
La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de la mayor relevancia, no solo para poner fin a 17 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste.
“Es alarmante y ominoso que a cuatro años de la emisión de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento, específicamente en cuanto al acceso a la justicia.” Explicó el Centro Prodh.
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