Por Sonia Sagrero/@sagrero_sonia
Ciudad de México 24 noviembre 2021.- Organizaciones como El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla, Intersecta y otras organizaciones de la sociedad civil, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN), analizar los asuntos relacionados con la militarización en México con perspectiva de género, en donde se puedan identificar los derechos humanos protegidos por la garantía orgánica del 21 constitucional y las violaciones cometidas en el contexto de violencia y discriminación contra las mujeres, dentro del marco de la militarización de la seguridad pública del país.
Las organizaciones explicaron que el pasado 7 de noviembre, a través de la resolución del caso relacionado con la despenalización del aborto en Coahuila, se vio la consolidación de una larga línea de trabajo por parte de la CSJN a favor de una justicia distinta, la cual ha incorporado la perspectiva de género, por lo que les solicitaron que se aplique el mismo criterio en los casos sobre temas relacionados con la militarización como lo es el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo las tareas de seguridad pública”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.
En respuesta a esto, la Presidenta de la Cámara de Diputados presentó una Controversia Constitucional que consideraba que el “Acuerdo violenta distintas disposiciones constitucionales y convencionales”, donde se encuentra la vulneración de las condiciones y límites para el uso legítimo de las fuerzas armadas que se centran en labores de seguridad pública, las cuales fueron establecidas por diversos organismos internacionales de derechos humanos.
Así mismo, organizaciones e instituciones han documentado que la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha causado graves violaciones a los derechos humanos, lo cual ha afectado a diferentes grupos, tales como: disidencias sexuales, mujeres y niñas.
En comunicado organizaciones explicaron que a través de datos que se tienen, se sabe que este grupo de personas viven violencias, que son meramente ejercidas por parte de elementos de las fuerzas armadas, además de que son víctimas de las dinámicas de violencia “que la presencia de las fuerzas armadas y la estrategia de seguridad publica han detonado en sus comunidades”
Destacaron que, en muchos de los casos, las mujeres han sido detenidas y torturadas sexualmente por parte de las fuerzas armadas, donde van de la mano los feminicidios, en donde se puede analizar que más que reducirse ante la presencia militar, estos actos se han disparado y han cobrado mayor fuerza.
Es importante mencionar que a través de la estrategia de seguridad implementada desde el año 2006, hasta la fecha, han desaparecido 18,249 mujeres con un rango de edad entre 15 y 19 años, en donde se afirma que son las mujeres, quienes cargan “con los cuidados, las búsquedas, y las luchas por la justicia que vivir en un contexto de tanta violencia e impunidad requiere”.
Finalmente, las organizaciones exigieron que al momento de analizar la constitucional y convencionalidad del Acuerdo, es importante que la SCJN incorpore una perspectiva de género, en donde se identifiquen los derechos humanos, los cuales son protegidos por la garantía orgánica del 21 constitucional, asimismo, las violaciones a estos derechos que son cometidos en el contexto de violencia y discriminación contra las mujeres en el marco de la militarización de la seguridad pública del país.
“Al resolver esta controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la posibilidad de ir más allá de la preservación de las competencias constitucionales de los poderes de la Unión, y tutelar los derechos humanos de las mujeres amenazados por el contenido del acuerdo, fungiendo como un contrapeso que fortalezca la vida democrática de nuestra sociedad”.