La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México demandó acciones inmediatas para garantizar la seguridad de la activista otomí, quien enfrenta un patrón de violencia, criminalización y hostigamiento por su labor en defensa del territorio y los derechos de su comunidad.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 30 de julio de 2025.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México lanzó un llamado urgente a las autoridades del estado de Querétaro para que implementen medidas efectivas que garanticen la vida e integridad física y psicológica de Estela Hernández Jiménez, defensora indígena del pueblo hñähñú (otomí).
En cartas dirigidas al gobernador Mauricio Kuri González, al presidente municipal de Amealco de Bonfil, Óscar Pérez Martínez, y a la titular de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, la Red detalló la grave situación de violencia que enfrenta la activista y exigió el cese inmediato de las agresiones en su contra.
Estela Hernández, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, ha dedicado años a la defensa del territorio, el agua, la lengua y la cultura de su comunidad. A cambio, ha sido blanco de un patrón sistemático de agresiones documentadas desde 2019, incluyendo criminalización, amenazas, hostigamiento, acoso y campañas de difamación. La Red denunció que estos ataques no solo buscan silenciar su voz, sino inhibir la participación de otras mujeres en la defensa de los derechos colectivos.
Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 4 de junio, cuando Hernández fue detenida arbitrariamente por elementos de la Policía Estatal de Querétaro en las instalaciones del DIF municipal de Amealco, mientras documentaba la detención de seis personas indígenas, entre ellas un defensor del agua.
Estas detenciones se enmarcan en la resistencia de la comunidad de Santiago Mexquititlán, articulada a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), frente a la extracción ilegal de pozos por parte de la CONAGUA, que ha generado escasez de agua para la población local. Tras su liberación, la defensora denunció haber sido víctima de agresiones físicas, sexuales y psicológicas, además del robo de dinero y su credencial de elector.
A esta violencia se suma el hostigamiento en su entorno laboral y la estigmatización promovida desde instancias municipales. La Red advirtió que en Querétaro las agresiones contra defensoras del territorio son sistemáticas y exigió garantías plenas para el ejercicio de su labor.
La Red Nacional de Defensoras está conformada por 403 mujeres defensoras y 143 organizaciones en 27 estados del país. Su trabajo se basa en estrategias de Protección Integral Feminista, orientadas a que las activistas ejerzan su labor en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad.
El pronunciamiento subraya que el caso de Estela Hernández no es aislado, sino expresión de una violencia estructural que enfrentan las defensoras indígenas en México, agravada por su condición de género y pertenencia a pueblos originarios. A pesar de la existencia de mecanismos de protección, la ausencia de respuestas efectivas por parte del Estado las mantiene en un estado de vulnerabilidad constante.
Con este posicionamiento, la Red no solo exige justicia para Estela Hernández, sino que busca sentar un precedente que impida que defensoras y defensores tengan que elegir entre su seguridad personal y la lucha por la justicia social.
