El Ejército Mexicano reforzó su presencia en Jalisco con el envío de 90 elementos de Fuerzas Especiales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la medida llega mientras el estado encabeza las cifras de personas desaparecidas en el país y enfrenta graves denuncias de impunidad e infiltración del crimen organizado.
Por Redacción / @Somoselmedio
GUADALAJARA, JALISCO.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el envío de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano al estado de Jalisco. Según la dependencia, el despliegue busca reforzar las operaciones contra grupos delictivos en la región como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la medida genera dudas sobre su efectividad frente a una crisis de violencia e impunidad que no cede.
Los efectivos despegaron a las 13:30 horas de este martes 5 de agosto desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. La Sedena informó que su misión es sumarse al despliegue operativo de las 15/a y 41/a Zonas Militares para realizar tareas de disuasión, prevención y patrullajes, “generando un ambiente de tranquilidad” en coordinación con las autoridades locales. Las labores, aseguraron, se realizarán con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los derechos humanos.
Aunque el operativo militar busca mostrar presencia institucional frente a la delincuencia organizada, analistas y organizaciones ciudadanas cuestionan si el aumento de personal castrense representa una solución sostenible o si responde a una lógica reactiva que no atiende las causas estructurales de la inseguridad.
🔍 Una crisis fuera de control
Jalisco es actualmente el estado con mayor número de personas desaparecidas en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay más de 15 000 casos sin resolver. Tan solo entre enero y abril de 2025 se reportaron 1 123 desapariciones; 621 de esas personas siguen sin ser localizadas. El fenómeno afecta principalmente a jóvenes de entre 15 y 19 años.
El incremento de desapariciones coincide con el hallazgo, en marzo de este año, del llamado “rancho Izaguirre”, considerado un campo de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el sitio se encontraron restos humanos calcinados, más de 200 pares de zapatos y prendas de vestir, así como evidencias de reclutamiento forzado.
Colectivos de búsqueda y familiares de víctimas han denunciado amenazas constantes, el asesinato de integrantes —como ocurrió con miembros de Guerreros Buscadores— y una profunda omisión institucional. Acusan que, pese al despliegue de fuerzas armadas, no existe una estrategia clara para atender el fenómeno de las desapariciones ni para desmantelar las estructuras criminales que lo sostienen.
⚠️ ¿Mensaje simbólico o respuesta efectiva?
El nuevo despliegue militar no aclara en qué zonas se concentrarán las operaciones ni qué acciones específicas se tomarán en los municipios más afectados. La estrategia oficial insiste en la “coordinación interinstitucional” entre Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, pero no contempla hasta ahora mecanismos efectivos de búsqueda ni medidas de protección para familiares y activistas.
Expertos en seguridad y defensores de derechos humanos advierten que estas acciones tienden a privilegiar la militarización del territorio sin atender las causas estructurales de la violencia: la colusión de autoridades con el crimen organizado, la impunidad generalizada y la falta de inversión en políticas públicas de prevención, juventud y justicia.
El caso de Teuchitlán, donde se ubica el rancho Izaguirre, ha sido calificado por algunos como el “Auschwitz mexicano” debido a la magnitud de la violencia sistemática encontrada. Para las víctimas, estas referencias no son exageradas: son el reflejo de un sistema que ha normalizado la muerte, la desaparición y el silencio.
Mientras la Sedena refuerza su presencia en el estado con la llegada de más efectivos, miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos sin apoyo suficiente ni respuestas. La militarización, sin una política integral de justicia, memoria y verdad, podría convertirse en una estrategia más para contener —y no resolver— una crisis que ha dejado miles de víctimas en Jalisco.
