En México son muchos los retos jurídicos en cuanto a la desaparición de personas; sin embargo, lo son aún más si se trata de la desaparición de niñas y mujeres, ya que ahí prevalece la revictimización y discriminación de género; así lo señalaron defensoras, activistas y abogadas en el marco de la Plataforma para el diálogo: “Represión política, desaparición y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad” que organizó el Centro de Estudios Avanzados CALAS.
Por Darinka Laviada /@DarinkaLaviada
“El principal desafío en el derecho mexicano es visibilizar las desapariciones, en este caso, de mujeres y niñas. El derecho se construye por la sociedad y tiene como base defender los derechos de los seres humanos¨, expresó Ana Yeli Pérez, integrante de la organización Pro persona y del Observatorio Ciudadano Nacional de los Feminicidios (OCNF), esto en relación a los desafíos jurídicos de la persecución penal del delito de desaparición forzada.
En ese sentido, señaló que hasta enero de 2020 se registraron 61mil 637 personas desaparecidas, de las cuales, 15 mil 835 son mujeres. Dichas mujeres, jóvenes y niñas han sido víctimas de este delito dentro de un “sistema patriarcal”, explicó la defensora, ya que “suelen sufrir, además, revictimización de género y discriminación sobre el motivo por el cual desaparecen”.
Según precisó, ello no depende del gobierno en turno, sino de una cultura machista transmitida y de una serie de conductas de desprecio y odio a un sector de la población, en este caso las mujeres.
En contraste, el OCNF ha realizado algunas sugerencias a los mecanismos de búsqueda especializada de mujeres en el país, de manera específica sobre el Protocolo Alba; entre estos señalamientos se reitera a la autoridad competente que se deben de implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad, eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho, asignar los recursos humanos, económicos, logísticos y científicos, confrontar el reporte de desapariciones y priorizar búsquedas; puesto que: “estamos en un estado de criminalidad alto y es necesario que se hagan cambios en el protocolo Alba”, precisó Ana Yeli Pérez.
La abogada feminista finalizó su presentación, advirtiendo que el derecho también tiene como desafío: “dar respuesta al dolor de todas aquellas desapariciones, visibilizar contextos que causan violencias porque si no, el derecho solo impone ciertas cosas y deja desprotegidos a muchos”.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en México, explicó que las fallas estructurales del sistema judicial mexicano en el delito de la desaparición forzada se encuentran en la búsqueda y la investigación de los casos; elementos que, previo a la aprobación de la Ley General de Desaparición se trabajaban en conjunto.
De acuerdo con la abogada, el gran problema identificado radicaba en la no investigación del delito en su naturaleza. De esta manera, las fiscalías en los estados: “consideraban los delitos de secuestro, extravío, ausencia, privación ilegal de la libertad y descartaban la desaparición forzada”.
Agregó que, el sistema falla porque hay un nivel alto de violencia y un alto nivel de impunidad, además de la debilidad institucional provocada por las estructuras criminales, la corrupción y la delincuencia común; situaciones que traen como consecuencia, la violencia indiscriminada y las violaciones graves a derechos humanos.
Finalmente, Ana Lorena Delgadillo señaló que el problema de la procuración de justicia en el delito de la desaparición forzada en México se desglosa en ineficacias en la búsqueda, problemas de registros existentes, bases de datos de instituciones que pueden tener información de desaparecidos y la injusticia que emana de esos casos.
En su participación dentro del evento organizado por CALAS, ambas expertas señalaron que es importante romper con el formalismo, contratar más y mejor personal en todas la áreas, establecer cierta independencia entre las dependencias que investigan y buscan en los servicios periciales, generar mecanismos de observación ciudadana y crear equipos mixtos de investigación y litigación, y que en el caso de la desaparición niñas y mujeres ambos procesos de lleven a cabo con una perspectiva de género.