La empresa, ubicada en el Parque Industrial Tenango, almacenaba residuos como lámparas fluorescentes y baterías sin cumplir con la normatividad ambiental, lo que representaba un riesgo inminente de desequilibrio ecológico.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció el allanamiento a la casa de su directora, Dora Roblero, en San Cristóbal de Las Casas. El hecho se suma a una serie de agresiones contra integrantes del Frayba, en un contexto de violencia e impunidad en Chiapas.
Con la participación de más de 450 colectivos de familiares, el gobierno federal anunció los pasos concretos para aplicar las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición, priorizando reglamentos, tecnología forense, protección a víctimas y armonización legal en todo el país.
En un comunicado emitido el 22 de julio, la organización civil recordó a las víctimas de la masacre de 1997 mientras analizó la continuidad de la violencia en México y los conflictos globales, haciendo un llamado a la resistencia pacífica organizada.
