Tras meses de búsqueda, localizan sin vida a la activista Sandra Domínguez en Veracruz; colectivos y familiares demandan justicia ante la violencia contra defensoras en México.
Elementos de la SSPC y la Fiscalía de Oaxaca fueron agredidos por hombres armados al cumplir una orden de aprehensión relacionada con el caso de la activista desaparecida. Un agente federal perdió la vida, mientras que tres atacantes, incluido el líder de una célula delictiva, fueron abatidos.
La familia de Sandra Domínguez, abogada y defensora de derechos humanos desaparecida desde hace 33 días en Oaxaca, denuncia intimidación y re-victimización en su búsqueda, mientras exige respuestas a las autoridades y el apoyo de la sociedad para encontrarla con vida.
Amnistía Internacional exige al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, emprender acciones inmediatas y asignar recursos para localizar con vida a Sandra Domínguez, abogada indígena y defensora de derechos humanos, desaparecida junto a su esposo el 4 de octubre en San Juan Cotzocón.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
