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Tras vivir el año más violento para la prensa en 2022, periodistas de Perú inician 2023 con casi un ataque al día al cubrir la crisis social

Por César López Linares / LatAm Journalism Review

El fotoperiodista Aldair Mejía se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en la ciudad peruana de Juliaca, departamento de Puno, al sur de Perú, cubriendo enfrentamientos entre manifestantes y policías cuando fue herido en una pierna y amenazado de muerte por agentes del orden.

Era 7 de enero de 2023, justo el día en que se cumplió un mes de la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo, lo cual dio pie al inicio de una serie de violentas protestas que han dejado casi 50 personas muertas hasta el 10 de enero en varias ciudades del país. Desde ese día, se han registrado más de 70 casos de agresiones de distinta índole contra miembros de la prensa, 9 de ellos en los 10 primeros días de 2023.

Mejía contó que alrededor de las 10:00 de la mañana, poco después de iniciada la protesta, dos policías se le acercaron corriendo y uno de ellos lo derribó con su escudo antimotines.

“Yo le digo ‘¡prensa, prensa, soy prensa!’ Y me decía que yo era rebelde. En realidad no soy rebelde, solamente soy prensa. Agarró mi credencial fuerte y como que la quería romper”, relató Mejía al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú.

Mientras el fotoperiodista intentaba ponerse de pie y retirarse, el agente intentó quitarle su cámara y lo amenazó diciéndole que si no se iba de ahí, le “volaría la cabeza”, según contó Mejía a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Pero fue cuando, momentos más tarde, el periodista se colocó entre los manifestantes y la policía para captar imágenes que recibió un disparo por parte de los agentes.

“Justo estaba viendo mi celular y en unos segundos ya veo que se me adormeció la pierna y dije ‘pucha’ y me dolió. Y luego me veo y estaba con sangre y me alzó [el pantalón] y era un hueco y la gente gritaba ‘¡perdigón, perdigón!, ‘¡bala bala!’”, dijo Mejía, quien agregó que en un inicio no sintió mucho dolor, pero conforme pasaron unos minutos comenzó a sentirlo.

“Los manifestantes me llevaron cargando a un mercadito, me aislaron de la policía, y ahí es donde me limpiaron la sangre, me amarraron con el pasador acá en la rodilla para que la sangre no saliera mucho”, relató.

Mejía fue trasladado a la Clínica Americana de Juliaca, donde, de acuerdo con reportes de la ANP, las autoridades de la institución intentaron desinformar sobre el origen de la herida en la pierna del fotoperiodista.

“Lo que más deploramos desde la Asociación Nacional de Periodistas es que tenemos información que han querido cambiar el parte médico. A pesar de que es un perdigón de goma, el jefe de la clínica ha querido decir que es el impacto de una piedra”, denunció Zuliana Lainez, presidenta de la ANP.

Mejía no fue el único periodista atacado por policías durante las manifestaciones en Juliaca. El IPYS reportó que José Yupanqui, de la cadena Exitosa Noticias, y Reynaldo Coila, de la estación local Juliaca la Decana, fueron agredidos a empujones para evitar que realizaran cobertura de los enfrentamientos entre agentes y manifestantes.

“En todo momento los periodistas se identificaron como prensa y enseñaron sus credenciales. Los agentes de la policía se las intentaron arrancar mientras los insultaban y amenazaban”, se lee en un comunicado publicado por el IPYS.

Dos días antes, el 5 de enero, periodistas sufrieron agresiones y hostigamiento en Lima, la capital del país, durante protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Castillo.

El reportero de la cadena Panorama TV Bryan Matías fue impedido de cubrir los hechos luego que manifestantes le arrojaron agua y objetos, además de lanzarle insultos.

El fotógrafo Walter Hupiu fue golpeado y jaloneado por oficiales de la Policía Nacional de Perú, pese a que iba claramente identificado como trabajador de la prensa.

“A sabiendas de la función que estoy realizando, a sabiendas de que soy personal laborando en prensa, intentaron enmarrocarme [esposarme]. […] Lo único, pienso yo, que estaba impidiendo que me enmarrocaran fue que yo ya estaba en el suelo y estaba siendo arrastrado. Entonces esto no puede ser normalizado, esto no puede ser de ninguna manera recibido por la opinión pública como que es un procedimiento”, dijo Hupiu durante una conferencia de prensa que ofrecieron el 10 de enero representantes de la ANP, el IPYS y otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa, que se reunieron para condenar conjuntamente la violencia hacia la prensa y exigir medidas de protección para los periodistas.

“Los atropellos a la libertad de informar en una democracia son inadmisibles. Rechazamos cualquier abuso de autoridad, ya que estos incidentes no son casos aislados. Exigimos garantías para las y los compañeros que cubren información en las protestas y exigimos el cese del hostigamiento y las amenazas a la libertad de prensa”, se lee en el pronunciamiento conjunto presentado en la conferencia de prensa, en la cual también estuvieron presentes representantes la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), la Asociación de Fotoperiodistas y la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.

La prensa de Perú tuvo el año más violento en lo que va del siglo en 2022. El año pasado se registraron 303 ataques a periodistas y medios de comunicación en ese país, lo cual supera el récord de 2020, cuando fueron registradas 239 agresiones, de acuerdo con el informe anual de la ANP.

Diciembre fue el mes con más ataques a los equipos de prensa en 2022, con 63 casos registrados. Las protestas sociales tras la destitución de Castillo y en contra del gobierno de Boluarte han sido el principal factor detrás del incremento de agresiones a la prensa. De acuerdo con la ANP, un alto porcentaje de la violencia registrada durante diciembre provino de manifestantes.

Uno de los primeros casos ese mes fue el de la periodista Josefina Townsend, del programa de televisión “Sálvese Quien Pueda”, quien el 7 de enero fue rodeada por manifestantes mientras cubría el inicio de las protestas cerca del Congreso de Perú, en Lima. Una persona la jaló del cabello mientras varias más le propinaban insultos. Cuando intentó huir, manifestantes la siguieron, continuaron insultándola y le arrojaron objetos.

Días después, el 10 de diciembre, en la ciudad de Huacho, agentes de la policía golpearon con sus toletes a los periodistas Williams Moreno, de la estación Radio Stereo 92.1, y Sergio García, de Radio Máxima, mientras intentaban captar en video la brutalidad policiaca llevada a cabo contra manifestantes en una carretera.

El 12 de diciembre fue uno de los días más violentos del mes para los medios peruanos. En la ciudad de Ica, al sur del país, el periodista Alí Ayala y su compañero camarógrafo Rafael Palacios, de la cadena TV Perú, realizaban un enlace en vivo desde un punto de protestas en una carretera cuando se acercó un autobús del cual descendieron sujetos que se abalanzaron contra los comunicadores.

Uno de los agresores comenzó a golpearlos con una manguera con punta metálica hasta que ambos cayeron al piso para luego ser pateados. Los agresores rompieron los cristales del vehículo de Ayala y Palacios y destruyeron su cámara.

“Entendemos sus reclamos, la situación de crisis que se vive en el país, pero se han venido en contra de nuestro medio de comunicación, que en realidad estamos cubriendo todas estas protestas, todos estos reclamos, y fueron directamente, sin mediar palabras, a agredirnos, a rompernos el equipo de televisión”, narró Ayala durante la transmisión de TV Perú.

Ese mismo día, las instalaciones de al menos cuatro medios de comunicación fueron vandalizadas de forma violenta en Lima. Un grupo de alrededor de 20 personas llegaron a la sede de Panamericana Televisión, lanzaron piedras hacia los cristales e ingresaron al edificio. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el lobby del canal quedó parcialmente destruido. Los agresores lograron ingresar hasta el área de los foros y las piedras que lanzaron alcanzaron el segundo piso, donde laboran periodistas. Posteriormente, el grupo de personas se dirigió a las sedes de Canal N y América Televisión, donde realizaron actos similares.

También en Lima, esa misma noche, un vehículo de la cadena Exitosa Noticias fue vandalizado y su conductor, Víctor Nolly, quien se encontraba al interior esperando a sus compañeros reportera y camarógrafo, fue golpeado e insultado. En imágenes transmitidas por TV, se puede ver a un grupo de personas que balancea el automóvil hasta voltearlo sobre su costado.

“Delincuentes han atentado contra @exitosape. Han destruido nuestra unidad móvil y golpeado  al chofer que la conducía. Esto no es protesta pacífica”, tuiteó el periodista Jesús Verde.

Ante hechos de tal magnitud, las condenas y el repudio por parte de la sociedad y de organizaciones defensoras de derechos humanos no se hicieron esperar. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, mostró preocupación por los acontecimientos y viajó a ese país para observar de cerca las condiciones en que se desarrolla la cobertura periodística.

“Sumarme a la preocupación con respecto a las condiciones de seguridad para el despliegue periodístico y en rechazo de toda violencia que se ha ejercido en las últimas semanas. Es importante hacer un llamado expreso a las autoridades para que contribuyan a un ambiente favorable para la deliberación pública”, dijo Vaca en un audio reproducido durante la conferencia de organizaciones de defensa de la libertad de prensa del 10 de enero.

Durante el mismo evento, la presidenta de la ANP dijo que los ataques contra los periodistas representan una conducta sistemática que viene de tiempo atrás y que esto se debe en gran medida a que no existe en Perú un protocolo para garantizar el ejercicio seguro del periodismo.

“Nuestra invocación primero es que de inmediato se individualicen responsabilidades […]. Queremos un proceso rápido de inspectoría, saber quién es el responsable [de cada ataque], que se les sancione ejemplarmente para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Eso, y establecer cuanto antes un protocolo de actuación entre la prensa y la policía es fundamental”, dijo Lainez al noticiario 24 Horas tras la conferencia de prensa.

Por su parte, Adriana León, jefa del Área de libertad de prensa del IPYS, dijo que la prensa tiene un rol fundamental en la crisis política y social que vive Perú actualmente y lamentó que los medios de comunicación no estén registrando la situación como deberían.

Representantes del Consejo de Prensa Peruana (CPP) se reunieron a fines de diciembre con la presidenta Boluarte para solicitarle que firme la Declaración de Chapultepec, el decálogo que compromete a los gobiernos firmantes a garantizar el respeto a las libertades de expresión y de prensa por sobre cualquier ley o acto de poder.

La presidenta del CPP, María Eugenia Mohme, dijo que ella y otros directivos de la organización le expresaron a la mandataria su preocupación por las muertes en las protestas y por la integridad de los periodistas en medio de los desmanes. Le pidieron medidas para que la prensa pueda desarrollar su labor.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma ante los peligros que están enfrentando los periodistas peruanos, quienes, dijo, han visto obstaculizado su trabajo durante la cobertura informativa debido a agresiones, amenazas y robo de equipo.

“[Instamos a las autoridades a] activar con urgencia sus protocolos de seguridad y protección para prevenir que los periodistas se expongan a riesgos durante su trabajo”, expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en un comunicado.

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Esta publicación fue publicada originalmente por LatAm Journalism Review

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