El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Sonora ha reabierto el juicio sobre la operación de la nueva megapresa de jales de Grupo México. Este fallo del Tribunal ha sido celebrado por las comunidades afectadas, ya que confirma que las medidas adoptadas hasta ahora no son exageradas, como afirmaba la empresa, sino que son insuficientes.
Por Miranda Chavarria / @mirandach9
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) deberá informar a la población afectada sobre las irregularidades cometidas por la empresa Buenavista del Cobre (BVC) en el desarrollo y operación de la presa, así como las medidas que deben adoptarse para evitar daños ambientales.
Después de siete años de lucha jurídica, las personas afectadas por la nueva megapresa de jales de Grupo México han obtenido una nueva oportunidad de buscar justicia. El pasado 21 de abril de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito declaró que la sentencia emitida en 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual amparaba a las comunidades, no se había cumplido adecuadamente por parte de las autoridades ambientales (SEMARNAT y PROFEPA).
Esta sentencia de la SCJN fue considerada un caso emblemático y publicada como tal, pero en 2021 el Juzgado Noveno de Distrito en Sonora, encargado de velar por el cumplimiento de la sentencia, decidió cerrar el caso sin tener en cuenta los pendientes relevantes, como la falta de información por parte de PROFEPA sobre las irregularidades detectadas en el desarrollo de la presa. Ahora el Tribunal Colegiado ha ordenado al Juzgado que dé seguimiento al caso y garantice que las autoridades ambientales hagan todo lo posible para evitar daños significativos al medio ambiente.
Es importante tener en cuenta que, en este caso, un colapso de la nueva presa tendría consecuencias aún más catastróficas que el desastre ocurrido en 2014, del cual Grupo México fue responsable, ya que podría causar una destrucción masiva. Por lo tanto, es necesario que se cumpla plenamente la sentencia sin obstáculos burocráticos.
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) celebran el hecho de que el Tribunal Superior haya fallado a su favor. En comunicados anteriores, la minera Buenavista del Cobre había catalogado las medidas impuestas por SEMARNAT como exageradas y había promovido un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para evitar su implementación y evadir su responsabilidad. Este nuevo fallo confirma que las medidas solicitadas y obtenidas por las comunidades no son exageradas, sino que son insuficientes. Las autoridades ambientales tienen el deber de informar y tramitar diligentemente los procedimientos administrativos relacionados con las irregularidades presentadas en el desarrollo del proyecto y deben ampliar dichas medidas si es necesario. Participar y estar informados sobre estos asuntos son derechos de las comunidades
