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Víctimas de Desplazamiento Forzado exhortan al Estado mexicano cumplir las recomendaciones de la ONU

Víctimas de Desplazamiento Forzado exhortan al Estado mexicano cumplir las recomendaciones de la ONU

Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes exhortan al Estado mexicano cumplir las recomendaciones de la ONU y aprobar de manera inmediata la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.

Por Guadalupe Villanueva / @LupitaVillaMol

El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes exhortó al Gobierno de México a cumplir las sugerencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el desplazamiento forzado interno. Además, exigieron se apruebe la Ley General de desplazamiento forzado interno (DFI) en México.

“Urgimos al Estado Mexicano a cumplir recomendaciones de la ONU sobre desplazamiento forzado interno”, mencionaron en el comunicado del colectivo.

El colectivo precisó que, este llamado urgente surgió a partir del informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, resultado de su visita a México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022. Y que fue presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Consejo DH-ONU), el pasado 4 de julio.

El gobierno mexicano se comprometió con el Consejo DH-ONU a dar seguimiento y atención a las recomendaciones que se hicieron, en colaboración con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de mecanismos internacionales, citó el colectivo.

Además, precisaron en el comunicado que la Relatora Especial describió que las causas del desplazamiento interno en México son diversas y multifactoriales, incluyendo todos los tipos de violencia originadas “por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas”.

También, el colectivo valoró el informe sobre México presentado por la Relatora Especial Paula Gaviria Betancur, y destacaron tres puntos importantes:

  1. El análisis sobre el impacto diferenciado del desplazamiento interno en las poblaciones más vulnerables, acentuando a las personas indígenas como principales afectadas.

2. La implementación del marco normativo internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas para asegurar su protección reforzada y prevenir desplazamientos internos.

3.El llamado urgente a adoptar la ley general sobre el DFI, por la Relatora Especial.

Finalmente, en el comunicado demandaron al Estado Mexicano a reconocerlos como Colectivo: “demandamos al Estado reconocimiento de nuestro Colectivo, integrado por personas víctimas de desplazamiento forzado, con plena legitimidad para exigir nuestros derechos, entre los que se encuentran la reparación del daño por la pérdida de nuestra forma de vida”.

De acuerdo con los datos recolectados entre 2006 a 2020 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en México existen alrededor de 356mil 792 personas desplazadas y en el año 2021 hubieron 29mil nuevos desplazamientos masivos por la violencia. Por su lado, en el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró alrededor de 286mil 787 personas desplazadas por inseguridad, violencia y desastres naturales.

Según la ONU-DH en la Conferencia Magistral de Guillermo Fernández-Maldonado sobre “El desplazamiento forzado en México”, los perfiles en riesgo de desplazamiento interno son: las mujeres por la violencia generalizada al género femenino; los niños y las niñas, por diversos tipos de violencia; las personas de la comunidad LGBTI+, por los altos índices de violencia; los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, por los diversos tipos de violencias que surgen en el campo de acción.

Asimismo, las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, por los diversos tipos de violencia que parten desde la desigualdad histórica y estructural hasta los conflictos que surgen por los territorios; y, por último, personas afrodescendientes, de igual manera, por las múltiples violencias y discriminaciones que surgen por la desigualdad social y estructural.

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