Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. Organizaciones de derechos humanos llamaron a modificar el dictamen que reglamenta la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y a reflexionar acerca de las consecuencias que este conjunto de propuestas ocasiona en las libertades y derechos, así como a plantear mecanismos que puedan contrarrestarlas, empezando por revisar las políticas de persecución penal de las fiscalías.
El 12 de abril de 2019 se publicó el decreto por el cual se reformó el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Las organizaciones consideraron que el dictamen para reglamentar dicha reforma constitucional potenciará los efectos negativos de dicha figura.
Algunos de los problemas que encuentran en el dictamen, aprobado por Cámara de Diputados y devuelto con cambios al Senado el 13 de octubre de 2020, son que se extralimita al incluir delitos no contemplados por la reforma de 2019.
En el dictamen también hay un uso estratégico del dictamen para agravar la redacción de delitos contenidos en la Ley de Vías de Comunicación General en miras de la protección de proyectos gubernamentales de infraestructura. Además, es desproporcional, pues por ejemplo, busca equiparar el uso de armas falsas o de juguete para la comisión de delitos al uso de armas verdaderas para efectos de prisión preventiva oficiosa.
Otra irregularidad es que aunque la Constitución limita la prisión preventiva a un año, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su redacción actual, dispone un máximo de dos años. El dictamen no corrige la inconstitucionalidad de los plazos para PPO.
“La prisión preventiva oficiosa es una medida ineficiente, costosa y autoritaria que refleja un desprecio importante por la presunción de inocencia que deberían respetar y proteger todas las democracias”, advirtieron las organizaciones, quienes recordaron que este catálogo de delitos, contenido en el artículo 19 constitucional, nació en 2008 como una de las herramientas de la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón.
“En ese sentido, es parte de un sistema encaminado a la militarización y la erosión de los derechos que hoy se profundiza. Diversos organismos regionales e internacionales de derechos humanos han hecho llamado la atención sobre el uso extendido de este mecanismo en México”, agregaron.
De acuerdo con el World Prison Brief del Institute for Crime and Justice Policy Research, para abril de 2019 había un total de 198,384 personas privadas de su libertad en México; de ellas, casi el 40% se encontraba en prisión preventiva.
“En una democracia constitucional, resulta un escándalo que el 41% de las personas privadas de la libertad no cuenten con una sentencia. En lo que respecta a las mujeres, este número asciende al 50%. Este mecanismo, replica la selectividad propia del sistema penal, apuntando hacia las personas más pobres y vulnerables, acentuando las brechas de desigualdad”, explicaron.
Las y los defensores señalaron que con la multiplicación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en la Constitución y este dictamen, el resultado de la entrada será un aumento en los índices de encarcelamiento, violando masivamente la presunción de inocencia y empeorando el hacinamiento carcelario con los efectos que ello ocasiona en los derechos humanos.
“Esto se une a un entorno adverso de reformas que apuntan a la reducción de derechos y ampliación de arbitrariedad, entre ellas, la amenaza de contrarreforma el sistema penal acusatorio. A ello, se suma la creciente militarización de la seguridad pública y de la operación de un cuerpo supuestamente civil como la Guardia Nacional, con todas las consecuencias negativas que ello tiene para los derechos humanos de la población en general y de grupos específicos, como mujeres”, finalizaron.
