Por Max González Reyes
Uno de los objetivos del proceso democrático en México fue quitarle las facultades que legal y extralegalmente tenía el presidente de la República. Cabe recordar que desde la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente directo del PRI, la concentración del poder se vio manifestada en las facultades que la Constitución le permitió al presidente en turno. Aunado a ello, el Ejecutivo concentró en su persona facultades que la carta magna propiamente no le otorgaba pero al ser el Presidente las ejercía a pie juntillas. Fue por ello que el titular del Ejecutivo era el jefe de la administración pública, pero a su vez controlaba al partido (PRI), designaba gobernadores, diputados, senadores, y designaba a su sucesor. En ese sentido las elecciones eran en la práctica un mero simulacro. A su vez, el Presidente era el gran legislador, pues al tener la mayoría de su partido en el Congreso de la Unión, las iniciativas y propuestas que enviaba prácticamente eran aprobadas sin discusión. En sí, eran un mero trámite constitucional.
Como se sabe, la intención presidencial de controlar al congreso viene desde los orígenes mismos de México como nación. Si damos una revisión a nuestro Siglo XIX se observará que la tensión del Ejecutivo versus Legislativo por muchos momentos estuvo al borde del colapso. No fue sino hasta que llegó Porfirio Díaz quien sometió al Congreso a su capricho para controlarlo y mantenerse en el poder durante más de treinta años. Posteriormente, una vez pasado el movimiento revolucionario y que los actores se reacomodaron en una nueva clase política, en los inicios de la década de los treinta del siglo pasado, se consolidó la forma de control presidencial que privaría el resto del periodo: la suspensión de la reelección legislativa, y con ello controlar el legislativo de forma extra constitucional a través del partido y las designaciones de diputados y senadores.
No fue sino hasta las reformas que electorales que se presentaron de forma paulatina desde la década de los setentas que fueron invirtiendo la relación Ejecutivo-Legislativo procurando darle al segundo un contrapeso de tal manera que no fuera una sucursal del Ejecutivo en turno. Ello se logró hasta 1997 cuando el partido en el poder no logró la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y por lo tanto se vio obligado a establecer acuerdos con las fracciones de oposición de tal manera que se viera obligado a tomarlos en cuenta. De ahí en adelante ningún grupo parlamentario ha tenido la mayoría absoluta, a lo más han llegado a mayoría simple.
Precisamente de 1997 en adelante, los Presidentes han tenido que negociar anualmente en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esas negociaciones se han extendido al límite constitucional a tal grado que se tuvo que reformar la ley para que el PEF se apruebe a más tardar el 15 de noviembre pues hubo ocasiones que se llegó al fin del año sin ser aprobado porque los grupos parlamentarios no cedían en sus demandas todo con el afán de estirar la cobija presupuestal.
El pasado 23 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los legisladores autoricen a la Secretaría de Hacienda reorientar el PEF, en caso de “emergencias económicas”. En su propuesta de reforma el mandatario plantea que los recursos puedan ser destinados a mantener la ejecución de los proyectos prioritarios del gobierno federal, fomentar la actividad económica, atender emergencias de salud y programas sociales. Desde luego, esta iniciativa se enmarca dentro del contexto de la crisis epidemiológica derivado del covid 19.
La iniciativa levantó muchas sospechas porque al enviar esta propuesta, y en caso que la Cámara de Diputados la apruebe, se presentaría un precedente en materia de recursos públicos. De aprobarse, se podría interpretar a modo para que en ejercicios próximos la SHCP realice movimientos de recursos sin la justificación suficiente. Para algunos analistas la definición de ‘emergencia’ es muy laxa, toda vez que emergencias puede haber muchas y variadas.
La intención del Ejecutivo es que se aprobara en un periodo extraordinario de sesiones para que en estos momentos donde se atraviesa la emergencia sanitaria se puedan ejercer los recursos. Sin embargo, la mayoría de oposición se agrupó a fin de que no se convocara a dicho extraordinario. Ello aunado que en el momento que se pretendía llevar a cabo el periodo sería, según las previsiones, el punto más alto de probables contagios de covid 19.
Después de un largo debate en la Comisión Permanente, los legisladores decidieron no convocar al periodo extraordinario; de hecho la primera sesión de este órgano legislativo, no se llevó a cabo por el mismo argumento sanitario (cabe recordar que el periodo ordinario constitucionalmente cerró el pasado 30 de abril, aunque de facto lo hizo semanas antes). Sin embargo, la tentación ahí está y al momento se está a la espera de dicho extraordinario.
Cabe resaltar que al Ejecutivo Federal le urge que la actividad económica se reanude, pues el paréntesis provocado por el coronavirus dejará secuelas económicas muy duras; sin embargo, existe en la iniciativa presidencial un sesgo de control al legislativo. Precisamente regresar a eso que mencioné al principio de este texto. Pretextos para controlar al Congreso de la Unión siempre habido. Desde luego el Presidente López Obrador sabe que con la mayoría de Morena en el Congreso –a la que se suman dos o tres legisladores de otros partidos- pueden aprobar su propuesta, pero eso crearía un precedente muy peligroso no sólo en materia económica sino legislativa, y al regresar al control del Ejecutivo sobre el Legislativo echaría por la borda todo lo ganado desde el último cuarto del siglo pasado hasta hoy.
