Académicos y organizaciones civiles aplauden la nueva ley minera por su enfoque en la protección de comunidades y el medio ambiente, así como por promover la responsabilidad en la actividad minera.
Por Saraí Aguilar / @Sarai_foto
Ciudad de México a 8 de Junio 2023.- Académicas, académicos y organizaciones civiles expresaron su apoyo a la recién aprobada Ley de Minería, instando a su pronta reglamentación y aplicación.
A través de un comunicado, los firmantes consideran que esta legislación representa un avance significativo en la regulación de la actividad minera en México y, en consecuencia, beneficia tanto a las comunidades como al medio ambiente.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva ley, detallaron los académicos y académicas, es la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, lo que significa que dejará de estar por encima de las actividades realizadas por las comunidades en sus tierras, así como de otras actividades de interés público, como la conservación de los ecosistemas y sus funciones. Además, se establece la consulta previa, libre e informada como requisito para obtener el consentimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas antes de otorgar concesiones en sus territorios. Este derecho está respaldado por el artículo 2 de la Constitución, la Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La nueva ley también prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, zonas con estrés hídrico, zonas que representen riesgos para la población y la minería submarina. Además, establece la obligación de los concesionarios mineros de contar con programas de manejo de residuos y de restauración, cierre y post-cierre que incluyan compromisos en temas hídricos y ambientales. Asimismo, se limita el traspaso de concesiones, exigiendo el pago de los derechos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos de la concesión original. Estas medidas buscan evitar la especulación financiera y promover un uso responsable de los recursos naturales del país.
La ley también introduce disposiciones que promueven la actividad minera responsable, como la obligación de comenzar las obras de construcción de minas dentro de los noventa días hábiles siguientes al registro de la concesión, evitando así la inactividad especulativa. Se elimina la expropiación como derecho del concesionario y se establece la ocupación temporal de terrenos mediante acuerdos con los propietarios.
Otro aspecto relevante de la nueva ley es la separación y diferenciación de los procesos de exploración y explotación, lo que evita que ambas actividades sean realizadas con la misma concesión, como permitía la ley anterior. Además, se prohíbe la construcción de sitios de disposición final de residuos en áreas naturales protegidas, humedales, vasos, cauces o zonas federales donde se afecte a la población.
La ley considera como delitos y causales de suspensión de las concesiones las operaciones mineras que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores o causen afectaciones ambientales graves.
También se establecen condiciones para la cancelación de las concesiones en caso de incumplimiento de diversas obligaciones, como la falta de inicio de trabajos en un año, la ausencia de actividades en la concesión por dos años consecutivos.
Las académicas y académicos resaltaron que “si bien los puntos mencionados no son suficientes para poner un alto a los abusos de la minería en México, sí significan importantes avances en la dirección correcta.”
Por o que hicieron un llamado a los grupos parlamentarios, así como a las y los ministros -en caso de que sea impugnada- a revisar los contenidos de fondo de esta ley y ponderar los derechos que reconoce, tanto para los pueblos y comunidades como para los bienes
naturales del país.
