Por Max González Reyes
Mirar al pasado siempre trae nostalgia o coraje, ya sea por lo que se hizo o se dejó de hacer. A su vez, se compara el pasado con el presente y, a la luz del tiempo pasado, se analizan los resultados que se tuvieron, y a su vez se evalúa si fueron buenas las decisiones que en otro momento se tomaron.
Esta reflexión bien a cuenta porque en días recientes se desató una discusión entre la actual presidenta Claudia Sheinbaum y el ex presidente Ernesto Zedillo, el último de la era hegemónica del PRI. Todo inició cuando el ex presidente publicó un artículo en la revista Letras Libres en el que criticó la reforma judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la actual presidenta Sheinbaum, al asegurar que dicha iniciativa representa una amenaza para la democracia del país. Además, señaló que el gobierno federal se encargó de postular a la mayoría de los candidatos que participarán en la elección judicial, sin revisar sus capacidades ni su ética profesional. De igual manera, el ex mandatario ha estado dando entrevistas a distintos medios en las que expresa su postura en torno a las políticas que han llevado a cabo tanto el actual gobierno como el anterior.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum respondió a los comentarios del ex presidente, cuestionando la autoridad moral de Zedillo. La mandataria recordó que durante el sexenio zedillista se impulsó el rescate bancario que trasladó la deuda privada al erario público mediante la aprobación del llamado Fobaproa.
Estos dimes y diretes entre ambos mandatarios son el reflejo de dos posicionamientos completamente distintos. Por un lado, la postura actual que busca que el Estado sea el rector del quehacer político, social y hasta económico, y por ello busca concentrar en sus manos las capacidades de decisiones; y por el otro, está la postura que privó en los últimos sexenios de los gobiernos priistas que era trasladar a manos privadas todo lo que se pudiera para que el Estado se limitara a lo más mínimo.
Las declaraciones del ex presidente ha levantado tanto críticas como apoyos. Algunos recuerdan que fue el ex presidente Zedillo fue el que mandó la iniciativa al inicio de su sexenio, en diciembre de 1994, que reformó de manera radical al Poder Judicial, la cual permitió las reformas que aún hoy están vigentes. Esa reforma ahora se recuerda como un parteaguas al Poder Judicial porque le concedió independencia y porque le dio a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) las funciones de tribunal constitucional; también se recuerda que esa reforma creó el Consejo de la Judicatura Federal, la cual dio pie a la introducción de la carrera judicial; además, esta reforma tuvo un amplio consenso entre los interesados, como los académicos y demás sectores involucrados en el tema. Aquella se recuerda como la gran reforma que le dio vida al Poder Judicial a efecto de que hubiera un sistema de pesos y contrapesos.
Hoy sabemos que aquella reforma impulsada por el entonces presidente Zedillo incluyó dos figuras jurídicas que a la postre fueron fundamentales para que otros sectores político-jurídicos fueran escuchados: las controversias constitucionales, para resolver conflictos entre poderes, y las acciones de inconstitucionalidad, las cuales son un medio de control constitucional que permite a sujetos como legisladores, partidos políticos y otros impugnar la constitucionalidad de leyes o normas generales ante la SCJN. Estas dos figuras legales permitieron un contrapeso a las decisiones de otros poderes y actores para ser escuchados.
Es de recordar que esas reformas no vinieron por sí solas, sino que fueron, más bien, la respuesta a un sistema hegemónico que estaba tan desprestigiado y desgastado que se caía por sí mismo; un sistema que no aguantaba más en mantenerse. Tan fue así que en 1997 se logró tener una pluralidad en la Cámara de Diputados y en el año 2000 por primera vez en su historia el PRI perdió la presidencia de la República. Como se sabe, en aquel año Zedillo tuvo que entregar la banda presidencial a Vicente Fox, quien fue el candidato ganador de un partido distinto al suyo, del PAN.
Por otro lado, la reforma judicial que se promovió desde el gobierno pasado con López Obrador y que es apoyada en su totalidad por el actual, busca desaparecer todo eso que se construyó en los últimos años del siglo pasado y los primeros de este. A diferencia de aquella reforma, esta no tuvo consenso pues fue planeada desde Palacio Nacional y busca controlar al Poder Judicial. Además, salvo el grupo en el poder y sus allegados que aplauden y celebran la próxima elección judicial, la reforma es criticada y puesta en entredicho porque su objetivo es crear un poder a modo a los designios presidenciales.
Más allá de las declaraciones de ambos mandatarios, es interesante preguntarse por qué Zedillo hace declaraciones públicas hasta ahora. Estas reformas que estamos viviendo hoy iniciaron desde hace más de seis años y ninguno de los ex presidentes habían hecho ninguna declaración pública. Desde 2018 que el PRI entregó el poder no hubo una declaración de algún ex mandatario sobre las reformas que se iban anunciando.
En todo caso si aún existe la ley no escrita dentro del sistema político mexicano, respecto a que los ex presidentes no hacen declaraciones de lo que hacen sus sucesores en funciones, Zedillo faltó a ese principio. Pero también al hacerlo, lo hace a destiempo, más allá de que sus argumentos pueden ser válidos para la realidad que hoy vivimos.
