Comité de EUA rechaza impuesto de 5% a remesas; México lo calificaba de discriminatorio y violatorio de tratado

La propuesta de congresistas republicanos en Estados Unidos para imponer un impuesto de 5 por ciento a las remesas enviadas al extranjero, incluyendo las destinadas a México, fue rechazada por el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de EUA. El gobierno mexicano, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, había condenado la medida, calificándola de discriminatoria y violatoria del Tratado para Evitar la Doble Tributación vigente entre ambos países desde 1994.

Por Redacción / @Somoselmedio

CDMX, 16 de mayo 2025.- El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en contra, con 21 votos a 16, del proyecto de ley que incluía un gravamen del 5% sobre las remesas enviadas por migrantes. Esta decisión se da en medio de una fuerte oposición por parte del gobierno mexicano y diversas organizaciones.

Desde México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había expresado su total desacuerdo con la iniciativa, argumentando que es un acto discriminatorio que afecta directamente a los connacionales que, con gran esfuerzo, envían recursos a sus familias, y además, contraviene acuerdos bilaterales. “No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio; y, segundo, viola un Tratado firmado entre México y Estados Unidos”, declaró.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que este impuesto a las remesas representaría una doble tributación para los mexicanos residentes en EUA. Señaló que estos ya pagan impuestos sobre sus ingresos en territorio estadounidense (tasas entre 10 y 37% vía el Internal Revenue Service – IRS), y añadir un tributo adicional sobre el dinero que envían incumpliría el artículo 25 del Tratado para Evitar la Doble Tributación México-EUA, vigente desde 1994. Dicho artículo garantiza un trato fiscal no discriminatorio para los nacionales de ambos países.

El Secretario Amador Zamora destacó la importancia económica de las remesas, que en 2024 alcanzaron los 64 mil 700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Precisó que el 99.1% de estas transferencias se realiza por vía electrónica, un mecanismo regulado y transparente. Implementar el impuesto, además de ser una posible violación de acuerdos, iría en contra de prácticas internacionales y podría ser legalmente impugnable.

Ante la propuesta, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que daría la mejor defensa política y legal para proteger a los connacionales. El Secretario Juan Ramón de la Fuente informó sobre diversas gestiones.

Por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, junto con el jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, enviaron una misiva a los congresistas del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes. En ella, expusieron las razones por las que no se deberían aplicar tarifas a las remesas, resaltando que solo alrededor del 18 por ciento de los ingresos de los migrantes es enviado a México, quedándose el resto en la economía estadounidense.

Además, se informó que el Embajador Moctezuma sostendría reuniones la próxima semana con distintas organizaciones de connacionales. Asimismo, una comisión del Senado de la República, integrada por representantes de todos los partidos políticos, dialogaría con congresistas estadounidenses sobre el impacto de esta medida.

El gobierno mexicano también hizo un llamado directo a los paisanos residentes en Estados Unidos para que enviaran cartas a sus propios congresistas, explicando cómo este impuesto les afectaría y por qué lo consideran discriminatorio y contrario al tratado bilateral.

Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, subrayó que la iniciativa no solo impacta el derecho internacional en acuerdos como el convenio para evitar la doble imposición, sino que también generaría una diferencia discriminatoria, afectando a cualquier persona no estadounidense que use servicios de envío de dinero.

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