Por Tlachinollan / @Tlachinollan
Las niñas y niños indígenas de la Montaña de Guerrero han permanecido históricamente en el olvido, con la esperanza de que llegue un maestro o maestra para seguir con su educación. A pesar de que es un derecho constitucional las autoridades estatales y federales no protegen el interés superior de la niñez en las comunidades. Más bien, los padres de familia han tenido que interponer amparos para que sus hijos cuenten con profesores bilingües, cuando el Estado debe garantizarlo sin necesidad de recursos jurídicos, bloqueos o marchas. La niñez en esta región accidentada no sólo enfrenta la pobreza, la discriminación, exclusión y abandono, sino también la orfandad del sórdido gobierno indolente.
La falta de docentes es una realidad en muchas escuelas de las comunidades de la región. En algunos lugares tardan meses en que llegue algún profesor. En otras localidades las aulas están limpias, pero cerradas. Sin embargo, recurrentemente los padres de familia tienen que organizarse para denunciar la interrupción de las clases de sus hijos porque es más fácil que pase un remolino de polvo que las autoridades.
El 6 de mayo de 2025 la jueza, Haydeé Guadalupe Rodríguez Hernández del Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ordenó a la SEG que provea a las niñas y niños de la Escuela Primaria Bilingüe “Benito Juárez” en la comunidad na savi de Loma Bonita, municipio de Metlatónoc, de “maestras o maestros bilingües de manera permanente, e inmediata que reúnan los requisitos que exige la normatividad aplicable, a fin de materializar el derecho a la educación previsto en el artículo tercero constitucional”. Por su parte, la gobernadora de la entidad “deberá ejercer las atribuciones de garantizar la protección y seguridad, así como disponer de las corporaciones policiales estatales y municipales, a fin de que, para garantizar la cobertura y calidad de la educación pública, así como la enseñanza bilingüe e intercultural en las zonas predominantemente indígenas, se brinde seguridad necesaria para que se imparta la educación adecuada en el plantel educativo citado”. De los dos maestros o maestras, sólo uno ha llegado a la comunidad.
Es importante destacar que la sentencia tiene un apartado donde la jueza se dirige a las niñas y niños, y sin tecnicismos legaloides les explica cómo supo del problema que tenían de la falta de maestros o maestras, sobre todo, que en todo el año no han tenido clases. Les dice que revisó los papeles que entregaron sus papás y que además preguntó a las personas que se encargan de ayudar a la escuela por qué no había maestros, pero que le respondieron que porque las cosas estaban peligrosas. Agregó que como jueza su trabajo es cuidarlos como niñas y niños para que estén bien y que se respeten sus derechos. Los animó al estudio porque también había pasado por una primaria, y que no está bien que no tengan maestros. “Así que ordené a las personas que se encargan de ayudar a su escuela que hagan lo necesario para que ustedes tengan maestras y maestros, clases y puedan ir a la escuela seguros y contentos”.
Es ilustrativo el amparo que interpuso el comité de padres de familia de la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la comunidad de Loma Bonita. Es la lucha de los padres de familia que se gestó en las asambleas que se realizaron ante la desesperación de la falta de docentes.
El 19 de noviembre de 2024 se presentó en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero. El 21 de noviembre de 2024 fue admitido el amparo 1241/2024, donde se concedió una suspensión provisional en la que ordenó a la Secretaría de Educación del estado de Guerrero (SEG) y a la gobernadora para que implementaran acciones necesarias y designaran a dos profesores en la Escuela Primaria «Benito Juárez» hasta que se resolviera la suspensión definitiva. Lamentablemente la misma gobernadora Evelyn Salgado Pineda negó el derecho a la educación de las niñas y niños, al interponer un recurso de revisión para no dar cumplimiento a la suspensión provisional concedida por la jueza, donde se ordena que la SEG envíe dos maestros a la comunidad, mientras se cumple la sentencia definitiva.
Los docentes que estaban supuestamente tuvieron que salir por inseguridad porque una persona que había donado la tierra donde se construyó la escuela primaria los amenazó y no dejó que los niños y niñas se inscribieran. Aun con este clima de inseguridad el Estado debe garantizar la educación de los niños y niñas. La sentencia es clara en su contenido cuando habla de que las autoridades deben priorizar el interés superior de las niñas y niños, más si son de comunidades indígenas y afromexicanas.
Sentencia de lectura fácil:
