Colectivos de derechos humanos demandan la liberación inmediata de Rubén Rivera Torres, sentenciado a 25 años de prisión tras ser torturado y forzado a confesarse culpable de delitos que no cometió. Su caso, que cumple casi 15 años de impunidad, evidencia las fallas del sistema de justicia en Jalisco y la diligencia de reformas estructurales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 25 de junio 2025.- En un pronunciamiento conjunto difundido este 25 de junio, organizaciones de derechos humanos exigieron al Poder Judicial de Jalisco la inmediata liberación de Rubén Rivera Torres, un hombre que lleva casi 15 años en prisión tras ser víctima de tortura, detención arbitraria y fabricación de delitos por parte de autoridades estatales. El caso, considerado emblemático de las fallas crónicas del sistema penal jalisciense, ha sido documentado por instancias nacionales e internacionales, sin que hasta ahora se haya hecho justicia.
Rubén Rivera Torres fue detenido el 7 de octubre de 2010 en el municipio de Ojuelos, Jalisco, cuando viajaba en autobús con rumbo a Estados Unidos para reunirse con su familia. Según el recuento de los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado lo interceptaron sin una orden de aprehensión y lo trasladaron a instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía de Jalisco) en Lagos de Moreno, donde fue sometido a golpes, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte para obligarlo a declararse culpable de secuestro y delincuencia organizada.
“Rubén fue víctima de un montaje judicial desde el primer momento”, denunciaron las organizaciones. “No se le permitió comunicarse con su familia, no se le informó de sus derechos y se le negó acceso a un abogado defensor de su confianza”. Estas violaciones fueron posteriormente reconocidas en la Recomendación 39/2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que documentó las graves irregularidades en su proceso.
A pesar de las pruebas de tortura y las múltiples irregularidades en su detención, Rubén fue sentenciado el 4 de enero de 2024 a 25 años de prisión por el Juez Segundo en Materia Penal, Francisco Javier Castellanos Cruz, quien ignoró las pruebas que demostraban que su confesión había sido obtenida bajo tortura. “El juez violó el principio de exclusión de pruebas ilícitas, reconocido tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales”, señalaron en el comunicado.
Cabe destacar que, antes de ser sentenciado, Rubén pasó 13 años en prisión preventiva oficiosa, una figura jurídica que fue cuestionada por organismos internacionales por ser utilizada como una forma de castigo anticipado. Durante este tiempo, su salud se deterioró gravemente debido a las condiciones inhumanas de reclusión y a la falta de atención médica adecuada.
El caso de Rubén ahora está en manos de la Décima Sala Penal Especializada en Justicia Integral para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, integrada por las magistradas Miriam Haydeé Rincón Ochoa y Mayra Angélica Sánchez Grajeda, así como por el magistrado José Luis Gutiérrez Miranda.
Las organizaciones exigieron que este tribunal: analice el caso con un enfoque de derechos humanos, aplicando los más altos estándares internacionales en materia de tortura y debido proceso, reconozca las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en su contra, incluyendo la tortura y la detención arbitraria, excluya todas las pruebas obtenidas de manera ilegal, en cumplimiento con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y determine su inocencia, ya que no existe evidencia legítima que lo vincule con los delitos que se le imputan.
Se hizo énfasis en lo resuelto por la Primera Sala de la SCJN en el Amparo Directo 26/2022, donde se estableció que “el Estado nunca puede ganar un juicio con pruebas obtenidas mediante tortura” y que “no hay juicio justo si la culpabilidad se basa en una confesión forzada”. Este criterio obliga a los jueces a descartar cualquier prueba obtenida bajo coerción, algo que no se cumplió en el caso de Rubén.
Además, se recordó que México está obligado por convenciones internacionales como la Convención contra la Tortura de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar y sancionar estos actos, así como a reparar a las víctimas. “Lo que le pasó a Rubén es la regla, no la excepción”, expresaron. “Miles de personas en Jalisco son detenidas sin pruebas, torturadas y obligadas a declararse culpables para ‘resolver’ casos rápidamente, mientras los verdaderos criminales quedan impunes”.
