El Frayba alerta sobre una crisis humanitaria en Chiapas marcada por la imposición de megaproyectos, irregularidades en consultas, encarcelamientos arbitrarios y el asesinato de defensores del territorio.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 11 de agosto de 2025.– Al ritmo del caracol y entre humo de copal, ancianos y ancianas tseltales bendijeron tres ceibas recién plantadas en las faldas de los cerros de Jalalal. Estos árboles, considerados pilares cósmicos que unen el cielo con la tierra, se convirtieron en el símbolo central de una peregrinación espiritual que también fue espacio de denuncia contra lo que llaman “el falso progreso”.
En un pronunciamiento emitido el sábado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) advirtió que megaproyectos, criminalización y asesinatos configuran una crisis humanitaria en la región.
El caso más alarmante, señaló el organismo, es la Autopista de las Culturas, cuya reactivación por parte del gobierno de Chiapas está marcada por irregularidades. Según el informe, las consultas a comunidades se realizaron únicamente en cabeceras municipales, excluyendo a más del 80% de la población afectada. Además, el Manifiesto de Impacto Ambiental fue publicado después de la consulta pública, contraviniendo protocolos internacionales.
Testimonios recabados por el Frayba afirman que, desde junio de 2025, maquinaria pesada ingresó a terrenos comunales sin consentimiento. “Extraen grava de nuestros ríos y nos ofrecen empleos temporales a cambio de nuestro silencio”, denunció una autoridad tradicional de San Martín Cruztón, que solicitó el anonimato por temor a represalias.
El documento dedica un capítulo completo a lo que define como “la judicialización de la protesta social”. Menciona el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza, indígenas tseltales condenados a 110 años de prisión en un proceso que, según observadores internacionales, omitió su derecho a un intérprete y se sustentó en pruebas fabricadas.
El patrón, advierte el informe, no es nuevo. Cinco hombres de San Juan Cancuc llevan 25 años encarcelados por un homicidio que, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, nunca cometieron. “Las condenas se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura y sin asistencia legal adecuada”, puntualiza el pronunciamiento.
La violencia alcanzó un punto crítico con el asesinato del padre Marcelo Pérez, sacerdote tsotsil y defensor ambiental, ocurrido en octubre de 2024. Aunque el autor material fue sentenciado en agosto de 2025, recibió una pena de 20 años, una condena que contrasta con las sentencias centenarias impuestas a líderes indígenas. “Es un mensaje claro: vale más la vida de un megaproyecto que la de un pueblo entero”, lamentó una diaconisa de Bachajón.
El pronunciamiento no solo denuncia, también articula una teología indígena que entiende la defensa del territorio como un acto de fe: “Como Iglesia encarnada en el pueblo tseltal, no podemos separar la espiritualidad de la lucha por el agua y los bosques”, señala el texto. Esta postura ha provocado persecución contra catequistas y diáconos, varios de ellos bajo protección internacional.
Las cifras revelan la magnitud del conflicto: 4,200 hectáreas en disputa por la autopista, 12 defensores ambientales asesinados en Chiapas desde 2020 (según Global Witness) y 79% de rechazo a megaproyectos en consultas regionales (datos del CESMECA).
