Al menos 124 niñas, niños y adolescentes acompañaron a sus familias durante la salida de jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero. Tlachinollan documentó pagos de 2.65 pesos por cubeta cosechada y advirtió sobre el trabajo infantil, la interrupción escolar y las condiciones de pobreza que obligan a las comunidades a migrar.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guerrero, 12 de noviembre de 2026.- Más de 400 jornaleras y jornaleros indígenas de la región Montaña de Guerrero salieron de sus comunidades rumbo a los campos agrícolas de Sinaloa y Chihuahua, donde trabajarán durante aproximadamente seis meses en la cosecha de tomate, chile morrón, berenjena, pepino y verduras chinas. Entre quienes emprendieron el viaje también se encuentran al menos 124 niñas, niños y adolescentes que acompañan a sus familias.
De acuerdo con información difundida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la salida de las familias jornaleras se registró el 10 de noviembre, cuando siete autobuses partieron de la comunidad nahua de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, con 213 personas trabajadoras: 108 mujeres y 105 hombres.
A este grupo se sumaron aproximadamente 120 personas indígenas que viajaron en otros cuatro autobuses hacia los campos de la empresa agroindustrial Agroverdi, donde trabajarían en el corte de verduras chinas. Tlachinollan señaló que este contingente no formó parte del registro inicial.
Otros dos autobuses salieron de la Casa del Jornalero, en Tlapa, con 69 personas trabajadoras —39 hombres y 30 mujeres— provenientes de municipios como Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca y Olinalá.
En conjunto, la organización documentó la salida de aproximadamente 402 personas trabajadoras en 13 autobuses, además de niñas, niños y adolescentes que viajaron con sus familias. La cifra incluye un contingente estimado de 120 personas que no fue registrado individualmente.
Niñas, niños y adolescentes enfrentan la interrupción de sus estudios
Uno de los aspectos más preocupantes de esta migración es la situación de la niñez indígena. Tlachinollan registró que en el primer contingente viajaron 102 menores de edad, 52 niñas y 50 niños, de entre cero y 17 años. En los autobuses que salieron de la Casa del Jornalero viajaron otros 22 menores: 16 niños y seis niñas.
La organización advirtió que adolescentes de entre 15 y 17 años participan en labores agrícolas, mientras que niñas y niños de cero a siete años permanecen en guarderías cuando sus familias son contratadas por empresas agroindustriales que cuentan con estos espacios. Sin embargo, quienes trabajan en rancherías no siempre tienen acceso a estos servicios de cuidado.
La migración temporal también representa un obstáculo para garantizar el derecho a la educación. Durante aproximadamente seis meses, las niñas y los niños dejan sus comunidades para acompañar a sus familias, en un contexto en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas condicionan su permanencia en las escuelas.
Esta situación plantea además un problema de derechos laborales. La NOM-038-STPS-2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que las actividades de menor riesgo permitidas para personas trabajadoras mayores de 16 y menores de 18 años en el sector agrícola son únicamente las de tipo administrativo, siempre que no impliquen exposición a sustancias peligrosas, maquinaria u otros riesgos laborales.
El señalamiento de Tlachinollan sobre adolescentes que trabajan en los campos agrícolas pone de manifiesto la necesidad de verificar las condiciones de contratación y el cumplimiento de esta normativa, así como las garantías de protección a la infancia en los lugares de destino.
Jornaleros agrícolas reciben 2.65 pesos por cubeta cosechada
Las condiciones laborales también forman parte de las preocupaciones documentadas por Tlachinollan. Según la organización, algunas personas jornaleras reciben 2.65 pesos por cada cubeta de entre 15 y 20 litros que llenan durante la cosecha.
Para completar una tarea deben reunir 100 cubetas, por las que obtienen un pago de 265 pesos. Este sistema de remuneración por producción condiciona los ingresos a la cantidad de cosecha recolectada.
Entre las actividades más exigentes se encuentra el trabajo que realizan algunas mujeres dentro de los invernaderos utilizando zancos. Su labor consiste en colocar rafia en las estructuras para sostener las plantas de tomate y, posteriormente, desenredar y bajar los tallos para facilitar la recolección.
La actividad requiere equilibrio, resistencia física y desplazamientos en altura, por lo que representa riesgos de accidentes. De acuerdo con Tlachinollan, las mujeres que realizan estas tareas pueden recibir hasta mil 200 pesos diarios.
Las diferencias entre estas remuneraciones evidencian la diversidad de tareas y formas de pago en los campos agrícolas, aunque el reporte no precisa las jornadas de trabajo ni las prestaciones laborales de las personas contratadas.
La migración deja comunidades indígenas semivacías en Guerrero
En comunidades como Cacahuatepec, municipio de Copanatoyac, las familias comenzaron a salir desde el 3 de noviembre. Según la descripción de Tlachinollan, las calles quedaron prácticamente vacías conforme avanzaron las partidas hacia el norte del país.
En las comunidades permanecen principalmente personas adultas mayores y algunas familias cuyos hijos continúan asistiendo a la escuela.
En Ayotzinapa se repite una situación semejante. La migración se ha convertido en una actividad que atraviesa generaciones, con personas que durante más de 30 años viajaron cada temporada a los campos agrícolas.
Sin embargo, algunas han dejado de hacerlo debido a su edad. Tlachinollan señala que existen campos donde no se permite trabajar a personas mayores de 60 años, lo que ha llevado a antiguos jornaleros a permanecer en sus comunidades.
La salida de las familias también modifica la vida comunitaria. Durante meses disminuye la presencia de niñas, niños, jóvenes y personas en edad productiva, mientras quienes permanecen enfrentan las dificultades económicas y la falta de servicios que caracterizan a estas localidades.
Seis meses lejos de sus comunidades para sobrevivir
La jornada de salida del 10 de noviembre comenzó desde las primeras horas del día. Las familias prepararon costales, cobijas, petates, mochilas, cubetas de trabajo y otros objetos necesarios para vivir durante seis meses fuera de sus hogares.
De acuerdo con el relato de Tlachinollan, al mediodía las familias se concentraron en el crucero de Ayotzinapa, donde aguardaron bajo el sol la llegada de los autobuses.
Los encargados del traslado llamaban a las personas por el nombre de la madre o del padre para organizar el abordaje. Una vez ocupados los asientos, comenzaba un recorrido de entre 24 y 36 horas hacia los campos agrícolas.
Desde las ventanas, niñas y niños se despedían de sus familiares y vecinos. Su regreso a la Montaña de Guerrero está previsto para mayo de 2027.
Para Tlachinollan, estas escenas reflejan las condiciones de pobreza y abandono institucional que enfrentan las comunidades indígenas, donde las dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleos suficientes obligan a numerosas familias a buscar ingresos lejos de sus territorios.
La organización también cuestionó la falta de atención gubernamental a las necesidades básicas de estas poblaciones, particularmente en comunidades donde los servicios médicos son insuficientes.
La migración jornalera vuelve a poner sobre la mesa las responsabilidades del Estado mexicano frente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas, así como la obligación de garantizar condiciones laborales dignas, protección a la infancia y acceso efectivo a la educación y la salud.
Mientras los campos agrícolas del norte reciben a cientos de familias para la temporada de cosecha, comunidades de la Montaña de Guerrero permanecerán durante meses sin buena parte de su población. Para quienes parten, el trabajo agrícola continúa siendo una de las pocas alternativas económicas disponibles.
