Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
Más de 600 integrantes del CIPOG-EZ y la CRAC-PF se reunieron en Alcozacán, Guerrero, para exigir la libertad de Jesús Plácido Galindo y denunciar asesinatos, desapariciones, desplazamiento y criminalización de comunidades nahuas.
Una jueza federal determinó que las omisiones del gobierno de Guerrero vulneran el derecho a la educación de 307 estudiantes, 40 por ciento de ellos pertenecientes a comunidades indígenas.
La Masacre de Aguas Blancas dejó 17 campesinos asesinados y más de 23 heridos el 28 de junio de 1995. Tres décadas después, Tlachinollan señala que la impunidad persiste y que las comunidades de la Sierra de Guerrero siguen enfrentando pobreza, criminalización, violencia y abandono institucional.
Diez maestros del contingente de Guerrero fueron encapsulados, golpeados y despojados de sus pertenencias en Av. del Imán. La CNTE exige renuncias en la Segob.
Las familias de los 43 de Ayotzinapa se retiran de la CDMX sin mesa de diálogo: un cerco policiaco en la caseta de Tlalpan impidió el paso de 17 autobuses.
Comunidades nahuas de Guerrero sufrieron días consecutivos de ataques con drones artillados. Más de 800 desplazados, 4 asesinados y 13 desaparecidos mientras el Ejército fue testigo sin intervenir.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
