Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
Por Redacción / @Somoselmedio
Foto de portada Denisse Ureña /@denisseure_
Ciudad de México, 12 de agosto de 2026. El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por su presunta participación en la destrucción de videograbaciones que podrían contener información sobre el destino de un grupo de normalistas durante los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
La resolución fue dictada durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, después de una audiencia que se prolongó por más de 14 horas.
Tras conocerse la resolución, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organizaciones que acompañan a las madres y padres de los normalistas, emitieron un pronunciamiento conjunto sobre la vinculación a proceso.
Las organizaciones señalaron que la acusación contra quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos se sustenta en las declaraciones de dos testigos colaboradores que aseguran que Aguirre ordenó destruir evidencia relacionada con las videograbaciones realizadas en el Palacio de Justicia de Iguala.
En ese lugar habría sido detenido un grupo de estudiantes cuyo paradero continúa sin conocerse.
“La investigación complementaria, para la cual se otorgó un plazo de cuatro meses, deberá robustecer y confirmar la solidez de la acusación y abrir camino para saldar esta deuda de justicia con las familias de los estudiantes desaparecidos”, señalaron Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro Prodh.
Las videograbaciones del Palacio de Justicia
De acuerdo con la información difundida por Tlachinollan, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que un grupo de estudiantes que viajaba en el autobús 1531 fue registrado por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La acusación se apoya en los testimonios de dos personas colaboradoras de la Fiscalía. Una habría confirmado la existencia de las videograbaciones, mientras que otra habría señalado directamente a Aguirre como la persona que ordenó ocultar y destruir esas evidencias.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, había señalado desde la detención del exgobernador que un nuevo análisis de la investigación permitió identificar elementos sobre su posible participación en la destrucción de evidencia relacionada con el caso Ayotzinapa.
Durante la audiencia, la defensa de Aguirre presentó 31 pruebas con las que intentó desacreditar los testimonios. Entre sus argumentos sostuvo que el 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador se encontraba en la Ciudad de México reunido con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que no habría podido recibir el disco con las grabaciones ni ordenar su destrucción.
El juez consideró que esos elementos no eran suficientes para descartar, en esta etapa procesal, la acusación presentada por la Fiscalía y resolvió vincularlo a proceso.
La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad. El juez estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía y la defensa podrán aportar nuevos elementos. Aguirre permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano.
Madres y padres siguieron la audiencia
Una comisión de diez madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos acudió al penal del Altiplano para seguir la audiencia, mientras otros cinco familiares participaron de manera virtual desde las instalaciones del Centro Prodh, en la Ciudad de México.
En Chilpancingo, Guerrero, otro grupo de madres y padres realizó un mitin frente al antimonumento por los 43 para exigir la vinculación a proceso del exgobernador, a quien las familias han señalado desde los primeros meses posteriores a los hechos como una de las autoridades que debe rendir cuentas por lo sucedido.
La resolución ocurre cuando están por cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes y después de una investigación atravesada por irregularidades, fabricación de pruebas, señalamientos de tortura y cuestionamientos a la denominada “verdad histórica” presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para las organizaciones acompañantes, el proceso contra Aguirre representa un paso que deberá ser acompañado de nuevas investigaciones y del esclarecimiento de otras líneas que permanecen abiertas.
Información militar y extradiciones siguen pendientes
Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro Prodh advirtieron que la vinculación del exgobernador no resuelve los pendientes centrales del caso.
“A casi 12 años de los hechos, el esclarecimiento pleno del caso continúa con pendientes urgentes”, señalaron las organizaciones.
Entre ellos mencionaron la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de personas consideradas relevantes para avanzar en el conocimiento del paradero de los estudiantes.
Tlachinollan ha señalado también entre las líneas pendientes la información relacionada con estudiantes que habrían estado detenidos en las barandillas municipales de Iguala y los documentos que permanecen en poder del Ejército mexicano.
Uno de los principales reclamos de las familias continúa siendo el acceso a información militar relacionada con los acontecimientos de aquella noche. Las madres y padres han exigido reiteradamente la entrega de documentos que consideran indispensables para reconstruir los movimientos de los normalistas y la actuación de autoridades y fuerzas de seguridad.
Las organizaciones también señalaron como pendiente la extradición de Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República y uno de los principales responsables de la investigación que dio origen a la llamada “verdad histórica”.
El exfuncionario permanece fuera de México y su extradición ha sido reclamada durante años por las familias de los estudiantes.
La vinculación a proceso de Ángel Aguirre abre así una nueva etapa dentro de uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de México. Sin embargo, para las organizaciones que acompañan a las familias, el objetivo central permanece sin cumplirse: esclarecer plenamente lo ocurrido y conocer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
