Más de 600 integrantes del CIPOG-EZ y la CRAC-PF se reunieron en Alcozacán, Chilapa, para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, detenido el pasado 17 de julio. Las comunidades denunciaron asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado y ataques contra pueblos indígenas de la región.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografías: Tlachinollan / @Tlachinollan
ALCOZACÁN, GUERRERO.– Más de 600 integrantes del Consejo Indígena de Pueblos y Organizaciones de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) exigieron la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo, detenido el 17 de julio en San Marcos y acusado de homicidio, delito que las organizaciones sostienen que no cometió.
Durante una asamblea regional realizada el 7 de agosto en la colonia Los Pinos, en Alcozacán, municipio de Chilapa, representantes de 12 comunidades denunciaron además la criminalización de los pueblos nahuas, la violencia que enfrentan en la región y la falta de acciones gubernamentales frente a asesinatos, desapariciones y desplazamientos.
Las comunidades señalaron que la detención de Jesús Plácido ocurre después de que el dirigente denunciara públicamente los ataques sufridos por comunidades indígenas y presuntos vínculos entre grupos de la delincuencia organizada y autoridades locales y estatales.
Prisco Rodríguez Morelos, promotor del CIPOG, sostuvo que Jesús Plácido denunció los ataques ocurridos entre el 6 y el 11 de mayo y cuestionó la actuación de las autoridades.
“Jesús tuvo el valor de denunciar los ataques que estaban sufriendo las comunidades indígenas. Denunció la corrupción y los vínculos de los delincuentes con las autoridades estatales. Ahora está detenido”, afirmó.
Rodríguez acusó que mientras las comunidades enfrentan agresiones y desplazamientos, quienes denuncian la violencia terminan perseguidos o encarcelados.
“Lo que hoy el gobierno nos está demostrando es que se protege más a los delincuentes, a los que atacan a la gente, a los que los desplazan, a los que matan. Pero cuidado, ni se te ocurra levantar la voz porque hasta Almoloya de Juárez vas a ir a parar”, expresó.
Denuncian asesinatos, desapariciones y desplazamiento
De acuerdo con datos presentados durante la asamblea por el CIPOG-EZ y la CRAC-PF, entre 2015 y 2026 han sido asesinadas 87 personas vinculadas a las comunidades y otras 25 permanecen desaparecidas.
Las organizaciones señalaron que durante los ataques registrados entre el 6 y el 11 de mayo alrededor de 800 personas fueron desplazadas de sus comunidades.
Indicaron que durante esos seis días fueron asesinados ocho hombres de Xicotlán, tres de Alcozacán y uno de Acahuehuetlán. También reportaron cinco personas desaparecidas: cuatro de Xicotlán y una de Acahuehuetlán.
Un habitante desplazado de Xicotlán explicó durante la asamblea que varias familias permanecen refugiadas en Alcozacán.
“Le digo desde aquí a la presidenta Claudia Sheinbaum que haga su trabajo, que investigue y que no nos echen la culpa. A nosotros nos quemaron nuestras casas los Ardillos, ellos han hecho la maldad. Encuentren a los culpables de la violencia, no a nosotros”, manifestó.
Sixto Mendoza, promotor del CIPOG-EZ, afirmó que las comunidades continuarán exigiendo justicia por las personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas desde 2014.
“Como indígenas queremos vivir en paz, también tenemos derecho a tener una vida digna”, dijo.
“Lo único que hacemos es defender nuestro territorio”
David Sánchez, coordinador de la CRAC-PF, llamó a fortalecer la organización entre los pueblos frente a las agresiones que aseguran enfrentar en la región.
“Unimos nuestras fuerzas en una lucha de los pueblos indígenas. Hoy el grupo delictivo de Los Ardillos nos está acusando de cosas que no hemos hecho. Lo único que hacemos es defender nuestro territorio”, expresó.
Sánchez defendió la actuación de las policías comunitarias y sostuvo que su organización se encuentra amparada por los derechos de los pueblos indígenas.
“El enemigo de los pueblos indígenas nos quiere quitar las tierras, bosques, minerales, aguas y recursos naturales, pero no lo permitiremos”, agregó.
Durante la asamblea, las organizaciones rechazaron también las acusaciones provenientes de personas vinculadas, según señalaron, con el Frente de Defensa Popular de San Jerónimo Palantla, y aseguraron que integrantes de sus comunidades han sido víctimas de robos y otras agresiones.
En su pronunciamiento, el CIPOG-EZ y la CRAC-PF invocaron el artículo 2 de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 701 de Guerrero.
A partir de este marco, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir ante la situación de inseguridad que atraviesa la región.
También exigieron la detención de 35 personas a quienes identificaron como integrantes de Los Ardillos y de otras tres personas que relacionaron con el Frente de Defensa Popular. Las acusaciones fueron realizadas por las organizaciones indígenas durante la asamblea y forman parte de su comunicado.
A la Fiscalía General de la República solicitaron investigar a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, por presuntos vínculos con Los Ardillos, señalamiento formulado por las organizaciones y que deberá ser investigado por las autoridades correspondientes.
Cuestionan actuación de autoridades y señalamientos del obispo Salvador Rangel
Durante la reunión, integrantes del CIPOG-EZ cuestionaron también declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, a quien acusaron de responsabilizar públicamente a sus comunidades por la violencia en la región.
Prisco Rodríguez sostuvo que comunidades como Rincón de Chautla, Zacapexco y Mezcalcingo han sufrido ataques desde 2019 y rechazó que sean responsables de las agresiones contra otros pueblos.
El promotor denunció además la actuación de las fuerzas militares durante los ataques de mayo. Aseguró que, pese a la presencia de puestos militares en la zona de Tula y Xicotlán, hombres armados pudieron ingresar a las comunidades y quemar viviendas.
Rodríguez responsabilizó directamente a mandos de la 50 Zona Militar por no impedir las agresiones. La acusación fue realizada durante la asamblea y no se presentó en el encuentro una postura de las autoridades militares señaladas.
Respecto a Salvador Rangel, integrantes de las organizaciones exigieron que deje de realizar acusaciones contra sus comunidades si no cuenta con pruebas que las sustenten.
Rechazan acusaciones contra Jesús Plácido
En el comunicado presentado durante la asamblea, el CIPOG-EZ y la CRAC-PF rechazaron las acusaciones que responsabilizan a Jesús Plácido Galindo del homicidio de José Pablo Xanteco.
Las organizaciones afirmaron que Xanteco había acudido previamente ante la coordinación de la CRAC-PF porque contaba con información sobre amenazas contra su vida.
A partir de ello, sostuvieron que la investigación por el homicidio estaría siendo utilizada para criminalizar a Jesús Plácido por sus denuncias sobre la violencia y los presuntos vínculos entre grupos criminales y autoridades.
Las comunidades exigieron que las autoridades investiguen otras líneas y dejen de responsabilizar al dirigente indígena sin esclarecer plenamente el asesinato.
Siete exigencias de las comunidades
Al término de la asamblea, el CIPOG-EZ y la CRAC-PF concentraron sus demandas en siete puntos, entre ellos el fin de la criminalización de los pueblos nahuas de Guerrero y la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo.
También exigieron la cancelación de las carpetas de investigación que consideran fabricadas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero; seguridad en las colindancias de Colotepec y Tula; y la reconstrucción de las viviendas afectadas durante los ataques de mayo en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
Asimismo, demandaron que Salvador Rangel Mendoza cese los señalamientos contra las comunidades y reclamaron el reconocimiento pleno de la policía comunitaria.
Mientras transcurría la asamblea en la cancha techada de Los Pinos, mujeres de las comunidades tejían cintas de zoyate entre las filas de sillas y otras permanecían sentadas sobre el piso. En los alrededores se encontraban los hombres de las comunidades y, al fondo, junto a un tlacolol de milpa, policías comunitarios permanecían formados.
Desde Alcozacán, las organizaciones reiteraron que su demanda central es poder permanecer en sus territorios sin violencia y ejercer los derechos de autonomía, seguridad y organización reconocidos a los pueblos indígenas.
