Más de 600 integrantes del CIPOG-EZ y la CRAC-PF se reunieron en Alcozacán, Guerrero, para exigir la libertad de Jesús Plácido Galindo y denunciar asesinatos, desapariciones, desplazamiento y criminalización de comunidades nahuas.
Una Misión Civil de Observación documentó que el desplazamiento forzado en Chihuahua creció 300% entre 2021 y 2025. El retorno forzado a Atascaderos, impuesto sin condiciones de seguridad, dejó una persona desaparecida y otra asesinada.
Comunidades nahuas de Guerrero sufrieron días consecutivos de ataques con drones artillados. Más de 800 desplazados, 4 asesinados y 13 desaparecidos mientras el Ejército fue testigo sin intervenir.
A la espera de la audiencia constitucional en Boca del Río, Veracruz, Mujeres Mazatecas por la Libertad exigieron justicia y denunciaron más de una década de persecución, órdenes de aprehensión y violaciones a derechos humanos contra 14 defensores comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
En el ejido Tila un grupo armado realizó diversas violaciones a los derechos humanos: asesinatos, violaciones sexuales a mujeres, personas heridas, quema de casas y saqueos de bienes. Tras la llegada del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales han sido desplazadas de manera forzada alrededor de seis mil a doce mil personas.
Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes exhortan al Estado mexicano cumplir las recomendaciones de la ONU y aprobar de manera inmediata la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
