Una Misión Civil de Observación documentó que el desplazamiento forzado en Chihuahua creció 300% entre 2021 y 2025. El retorno forzado a Atascaderos, impuesto sin condiciones de seguridad, dejó una persona desaparecida y otra asesinada.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Un retorno forzado que terminó en muerte y desaparición
El comunicado denunció uno de los hechos más graves registrados durante la MCO: el retorno forzado de la comunidad de Atascaderos. Las autoridades impusieron el regreso de las familias desplazadas sin que existieran condiciones mínimas de seguridad. El resultado fue la desaparición de una persona y el homicidio de otra. Las organizaciones señalan que esta decisión institucional no fue un error aislado sino una expresión del patrón de atención violatoria de derechos que aplican los tres niveles de gobierno: discriminatoria, condicionada e impuesta, sin consulta ni garantías.
Atascaderos había sido uno de los primeros casos de desplazamiento masivo documentado desde 2024. Según información publicada por La Jornada en abril de 2026, entre el 18 y el 27 de febrero pasados, cientos de habitantes de esa comunidad y de otras zonas de Guadalupe y Calvo fueron atendidos en la colonia Sierra Azul de Chihuahua y en el DIF de Parral. Un mes después, 200 de ellos regresaron acompañados de policías estatales y militares. Las organizaciones denuncian que ese acompañamiento no equivalió a seguridad real.
El Estado niega mientras las familias acumulan amparos sin respuesta
El comunicado de la MCO traza con precisión la postura institucional: los tres niveles de gobierno han negado mediáticamente la existencia del DFI en Chihuahua, han criminalizado a las comunidades y han difamado a organizaciones defensoras. Al mismo tiempo, la ruptura política entre el gobierno estatal y el federal ha profundizado el abandono: cada nivel evade responsabilidades señalando al otro, mientras las familias quedan sin atención.
Frente a esa omisión, las comunidades no han permanecido pasivas. Han abierto 60 carpetas de investigación formal —a pesar del riesgo que ello implica—, han interpuesto amparos por incumplimiento gubernamental, han obtenido sentencias a su favor y han acudido a mecanismos nacionales e internacionales, logrando incluso medidas cautelares. Ninguna de esas victorias jurídicas ha sido suficiente: las instituciones, señalan las organizaciones, “se las arreglan para evadir su responsabilidad.”
El desplazamiento forzado interno en Chihuahua no comenzó en 2024. Las organizaciones documentan los primeros casos en la región de Baborigame en 2008, con el inicio del asedio a defensores de la tierra. Desde entonces, el fenómeno creció de manera sostenida pero silenciosa, invisibilizado por el discurso oficial. Fue la escala de los desplazamientos masivos a partir de 2024 lo que obligó a las instituciones a reaccionar: crearon la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno en 2022 —ante la visita de la Relatora de la ONU para el Desplazamiento Forzado—, realizaron un Ejercicio de Caracterización conjuntamente con ACNUR en 2023, y publicaron un Protocolo de Atención a Víctimas de DFI en 2025. Las organizaciones califican estos instrumentos como “emergentes, insuficientes, condicionados y discriminatorios”: no atienden las causas estructurales y limitan la atención a seis meses por familia.
Niñas, niños y comunidades indígenas, los más afectados
La mayoría de las personas en situación de DFI documentadas durante la MCO pertenecen a pueblos y comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, históricamente marginadas frente a actores que disputan sus territorios por su riqueza natural. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua advirtió en su informe anual 2025 que la mayoría de las familias afectadas están integradas por mujeres, niñas y niños.
Para las infancias, el desplazamiento significa la interrupción abrupta de la educación, la salud y el desarrollo. Significa crecer con miedos que no les corresponden. Para las familias que llegan a las ciudades, el choque es múltiple: empleos precarizados, rentas que no pueden pagar, y en muchos casos la barrera del idioma, pues varias de las personas desplazadas hablan poco o nada de español. A la pérdida de territorio se suma la pérdida de autonomía alimentaria —la siembra, la recolección de plantas medicinales—, de las ceremonias tradicionales y de la posibilidad de dirigir sus propias vidas.
Seis demandas al Estado mexicano
La MCO cierra su comunicado con seis propuestas dirigidas a los tres niveles de gobierno. Exige que la Comisión de DFI del gobierno de Chihuahua integre a organizaciones civiles de derechos humanos locales; que se instale una Mesa Interinstitucional con participación de los tres niveles de gobierno, las familias afectadas y la sociedad civil; que se diseñe una ruta de atención permanente —no acotada a seis meses como el Protocolo vigente—; que se construyan programas de prevención con enfoque diferenciado; y que el gobierno federal reconozca formalmente los eventos de DFI y impulse una Ley específica para atender el fenómeno.
La misión prevé una reunión de seguimiento con autoridades. Las familias desplazadas, mientras tanto, continúan exigiendo verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y retornos dignos y seguros. La niña de 12 años que abrió este texto sabe que todavía están “en la guerra.”
