A un día de cumplirse 12 años del crimen de Estado, madres y padres de los normalistas se manifestaron frente a la SCJN y se reunieron con el ministro presidente Hugo Aguilar. Según informaron las familias, Aguilar se comprometió a revisar los amparos del caso, entre ellos el que ordena al Ejército entregar 853 folios de inteligencia.
Por Sago Romero / @sagoscam
Ciudad de México, 25 de septiembre 2026.- Este viernes 25 de septiembre, a un día de que se cumplan 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, las madres y padres de las víctimas se movilizaron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los acompañaron delegaciones estudiantiles de diversas normales rurales del país.
La jornada de protesta inició alrededor del mediodía en la calle de José María Pino Suárez, donde arribaron autobuses con estudiantes para realizar un mitin. A su llegada, les manifestantes expresaron su rechazo ante el cerco de vallas metálicas instalado por las autoridades en el perímetro del recinto judicial y de Palacio Nacional. En respuesta, les normalistas realizaron intervenciones en el piso y en las vallas metálicas con frases como “FUE EL ESTADO”, “Nos Faltan +43” y “Ayotzi Vive”.
Durante el mitin al exterior, familiares de los estudiantes desaparecidos manifestaron la urgencia de sostener un diálogo directo con el Poder Judicial de la Federación. Señalaron que esta institución del Estado tiene una responsabilidad sustancial en el avance del caso, porque procesa amparos y causas penales decisivas.
Tras la exigencia en las calles, una comisión integrada por madres, padres y representantes legales fue recibida en el palacio de justicia por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Al término de la reunión, el equipo legal y las familias ofrecieron un informe sobre los puntos abordados.
Ayotzinapa en la Suprema Corte: los amparos pendientes
Isidoro Vicario Aguilar, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante de las familias, destacó que la intervención del máximo tribunal es indispensable para acelerar la resolución de los amparos pendientes.
En particular, hizo énfasis en la urgencia de que se cumpla el fallo emitido el 19 de febrero de 2026 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, derivado de un amparo que las familias promovieron en 2023.
De acuerdo con el abogado, dicha sentencia ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar alrededor de 853 folios de inteligencia militar a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esos folios fueron generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala.
A pesar de la resolución, la SEDENA no ha acatado la orden judicial y se inconformó con el fallo. Ante esto, el ministro presidente de la SCJN asumió el compromiso de revisar y analizar los expedientes de amparo vigentes para que se resuelvan con celeridad.
Las familias también reiteraron la trascendencia de mantener firme la sentencia del Tribunal Colegiado dictada en 2018. Ese fallo echó abajo jurídicamente la denominada “verdad histórica”, formulada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por el exprocurador Jesús Murillo Karam, al acreditar que se fundamentó en declaraciones obtenidas bajo tortura a personas detenidas.
El asunto relacionado con esa sentencia fue atraído por la Suprema Corte y turnado a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Aguilar Ortiz se comprometió a gestionar una reunión formal entre ella y los familiares.
“Fue un crimen de Estado”: las voces de las familias
Durante las intervenciones frente a la Suprema Corte, las familias de los normalistas manifestaron su indignación ante la falta de avances sustanciales a casi 12 años de los hechos cometidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Magdalena, madre de Antonio Santana Maestro, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, dirigió un mensaje crítico a las autoridades federales. Señaló que los informes presentados hasta la fecha no ofrecen respuestas sobre el paradero de sus hijos:
“En estos momentos se está encubriendo al Ejército, al Ejército que es quien cometió este crimen de Estado. No olvidamos que ellos tienen mucho que ver y queremos que nos entreguen los folios. Se sabe que 25 muchachos fueron ingresados a las instalaciones del cuartel militar en Iguala. Exigimos que hagan su trabajo. Le quieren echar la culpa al crimen organizado, pero no es posible que quieran quitarle la responsabilidad al Ejército sabiendo que fue un crimen de Estado”.
Por su parte, don Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, reafirmó la determinación del movimiento de no parar las protestas hasta obtener verdad y justicia:
“A casi 12 años sin saber el paradero de nuestros hijos, le hemos exigido al Estado, porque fue el Estado quien se los llevó, quien asesinó a tres personas civiles y dejó a un joven en coma. Hemos estado con el gobierno, pero sin embargo no nos dan ninguna respuesta, hemos estado patinando en las mismas líneas. Nosotros como padres vamos a seguir adelante hasta saber la verdad”.
Asimismo, representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y de la Normal Rural de Ayotzinapa sostuvieron que, a tres sexenios de distancia, el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad para resolver el caso. Esa falta de voluntad, dijeron, mantiene lugares vacíos en los hogares de las 43 familias.
Las familias concluyeron el mitin con un llamado a la sociedad civil y a las organizaciones sociales a sumarse a la Marcha Nacional que se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre a las 16:00 horas. La marcha partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la Ciudad de México.
