Textos y Foto: Isabel Sanginés Franco, Instagram @atzil
Ciudad de México, 12 de octubre 2026.- «Aquí seguiremos, no nos callaremos, no nos vendemos y pedimos verdad y justicia por nuestros amados hijos». La voz de Silvia Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se sumó a las exigencias de los pueblos originarios reunidos en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», durante la clausura de la Asamblea Nacional por el 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Doce años después de la desaparición de los estudiantes, Silvia agradeció el acompañamiento de las comunidades indígenas y reconoció su lucha por la tierra, el agua y la justicia. Su testimonio formó partede una jornada en la que confluyeron distintas experiencias de resistencia frente a la violencia, la criminalización y el despojo.
Durante tres días, del 10 al 12 de octubre, representantes de pueblos originarios y afromexicanos reflexionaron sobre lo que han significado tres décadas de organización como CNI, más de 500 años de resistencia y los desafíos que hoy continúan enfrentando los pueblos y comunidades, para plantear estrategias de articulación y lucha. Al concluir sus trabajos, el CNI rechazó las propuestas gubernamentales para el reconocimiento de los derechos indígenas, por considerar que con esa propuesta de ley lo que en realidad se pretende es controlar la vida comunitaria y limitar la autonomía de los pueblos.
La asamblea denunció el avance de proyectos mineros e industriales, la privatización del agua, la urbanización y la gentrificación, así como la violencia, las desapariciones y el desplazamiento forzado asociados a estos procesos. Entre sus acuerdos, anunció su incorporación a los esfuerzos de la Gira por la Vida, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el respaldo al plantón de mujeres mazatecas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La exigencia de libertad para los presos políticos tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando la hija de Jesús Plácido Galindo tomó la palabra. A la niña le costó trabajo hablar. Su madre, y la asamblea, la animaron hasta que pudo expresar con la voz cortada su exigencia de libertad para su padre, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), detenido el 17 de julio y recluido en el penal del Altiplano, acusado de homicidio. Su organización denuncia que se trata de una persecución política por su defensa del territorio.
La asamblea exigió también la libertad de otros presos políticos, entre ellos Miguel Peralta Betanzos, y la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y de las miles de personas desaparecidas en el país.
La criminalización de la defensa territorial atravesó también las intervenciones de representantes indígenas de Guatemala. Uno de ellos relató que permanece exiliado debido a la persecución penal contra autoridades ancestrales, acusadas de sedición, terrorismo y asociación ilícita. «No estamos aquí por turistas, sino que estamos porque estamos exiliados», afirmó.
Otro representante maya recordó que la fundación del CNI, en octubre de 1996, coincidió con el proceso de paz guatemalteco. Treinta años después, señaló, la persecución continúa para quienes defienden la tierra, el agua y sus derechos colectivos.
La clausura coincidió con los seis años de la ocupación del antiguo edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México. En medio de las intervenciones, Doña Trini, de los Pedregales, en Ciudad de México, entregó seis piedras como ofrenda, una por cada año de resistencia.
«Las piedras no mienten, las piedras hablan», dijo al entregarlas.
Entre testimonios de desaparición, exilio y defensa territorial, los participantes insistieron en que sus luchas no se reducen a la denuncia. «Seguimos construyendo resistencia y autonomía», expresó una de las voces durante la lectura de los pronunciamientos.
Treinta años después de su fundación, el CNI reafirmó su decisión de continuar organizándose frente al despojo y defender el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y su futuro.
