Tras el secuestro del comisariado de bienes comunales y su familia, la comunidad de Tateikie, San Andrés Cohamiata, cerró escuelas, suspendió sus ceremonias y bajó de la sierra a Guadalajara. Llevan más de veinte años denunciando lo mismo.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto 2026.- La comunidad wixárika de Tateikie, San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, al norte de Jalisco, suspendió las clases de educación básica y media superior, las actividades comunitarias y sus ceremonias tradicionales tras el secuestro del comisariado de bienes comunales y su familia, y exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal la implementación inmediata de una estrategia integral de seguridad. La decisión fue tomada en asamblea permanente y se mantendrá vigente hasta que las autoridades entreguen una respuesta formal y verificable.
Las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad bajaron el lunes de la sierra —entre ocho y nueve horas de camino, sin transporte foráneo— y leyeron un pliego petitorio frente al Palacio de Gobierno de Jalisco. Permanecieron horas afuera antes de ser recibidas. Al día siguiente, una comitiva interinstitucional acudió por fin al territorio: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la fiscalía de derechos humanos, la Sedena, la instancia de asuntos agrarios y subsecretarías estatales. Quedaron patrullando la Guardia Nacional y la Policía Estatal, y se firmaron acuerdos que todavía deben ser avalados por la asamblea.
El hecho que detonó la movilización ocurrió en la localidad de El Vergel del Carrizal, donde el comisariado de bienes comunales —máxima autoridad agraria de la comunidad— y su familia fueron privados de la libertad. Fueron localizados con vida, pero con signos evidentes de violencia. En abril, el padre de esa misma autoridad ya había sido secuestrado. “Hace pocos días apenas, pues realmente secuestraron a unos compañeros, entre ellos nuestra máxima autoridad, que es el comisariado de bienes comunales”, denunció José Ángel Zavala, vocero de la comunidad.
El pliego petitorio exige cinco puntos: la presencia inmediata de los tres niveles de gobierno en el lugar de los hechos; un plan integral de seguridad y protección comunitaria elaborado junto con las autoridades agrarias y tradicionales, con acciones “concretas, permanentes, culturalmente pertinentes”; la garantía del derecho a la vida, la integridad personal y el libre tránsito; el reconocimiento de la suspensión temporal de actividades; y la instalación de una mesa de atención y diálogo directo con la comunidad.
El documento fue dirigido, entre otros, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro, al gobernador de Nayarit, al presidente municipal de Mezquitic y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Aukwe Mijarez, comisionada para la mesa de diálogo, sustentó la exigencia en el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la OIT en sus artículos primero, cuarto, quinto y séptimo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Es un derecho que el Estado debe garantizarnos”, señaló.
La suspensión alcanza la totalidad de la vida colectiva: escuelas cerradas, asambleas ordinarias detenidas y la cancelación de la presentación anual de las candidatas para las fiestas patronales. Varias localidades quedaron además sin energía eléctrica e incomunicadas. Las personas que habitan la zona empezaron a nombrarse desplazadas dentro de su propio territorio, sin posibilidad de entrar ni salir con seguridad.
La violencia no es reciente. Zavala documentó que desde hace más de dos décadas los traslados de la comunidad son interrumpidos por particulares armados. “Nosotros transitamos en dos, en tres estados: lo que es parte de Nayarit, Durango y Zacatecas. Por el transcurso de la vía, pues nos detienen, nos bajan de nuestros muebles y a veces nos quitan todas las pertenencias.” Él mismo fue detenido el 17 de septiembre del año pasado junto con otras catorce personas que trasladaban libros de texto en tres camionetas hacia Tateikie y San Miguel Huaixtita.
El riesgo cotidiano recae sobre las infancias. “Ellos caminan para acudir a un centro de estudios como secundarias, como preparatorias, caminando a veces una hora, y en el transcurso de su trayectoria pues sufren vejaciones, a veces violaciones, maltratos, y no hay seguridad”, advirtió el vocero.
Lo que se recrudeció este año es la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en una franja serrana de acceso difícil, sin transporte público ni patrullaje constante, donde convergen los límites de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Ningún gobierno estatal asume plenamente la jurisdicción. “Es una situación compleja al final de cuentas, que no nomás la va a solucionar el estado de Jalisco: lo tiene que solucionar el estado de Durango, de Nayarit, de Zacatecas. Así mismo, el Gobierno Federal. Porque ya estamos llegando a un estado de indefensión”, planteó Mijarez.
Esa indefinición de límites es también un litigio abierto. La comunidad mantiene dos juicios agrarios por conflicto de límites y restitución contra pequeños propietarios de los poblados de San Juan Peyotán y Santa Rosa, en Nayarit, por alrededor de tres mil hectáreas, pendientes ante el Tribunal Superior Agrario.
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sin resolver una controversia constitucional que debe definir la frontera entre Jalisco y Nayarit. Mientras ninguna vía avanza, la comunidad sostiene su reclamo con títulos que acreditan su posesión desde la época colonial, y enfrenta además la presencia de empresas mineras en otros puntos de la región.
De la mesa instalada el lunes con el gobierno estatal y la representación federal de la Secretaría de Gobernación salieron dos compromisos, según detalló Diana Montoya, secretaria de la Comisión de Análisis y Defensa Territorial de la comunidad: integrar una mesa de trabajo interinstitucional de los tres niveles de gobierno y construir una propuesta integral de paz con relevos rotativos de las corporaciones desplegadas. La reunión se extendió durante horas porque no había comunicación directa entre las autoridades reunidas en Guadalajara y la asamblea instalada en la sierra.
La comunidad conoce el patrón de los operativos que suben unos días y se retiran. Por eso el reclamo central no es un despliegue sino una permanencia. “Hemos insistido a través de los años que se nos dé atención, que se nos dé seguridad, que se instale una base para que la seguridad esté permanente. Sin embargo, es una situación que ya está rebasando tanto a la base como a la mismísima comunidad”, sostuvo Mijarez.
Zavala apuntó al comportamiento cíclico de las instituciones: “Cuando hay elecciones, pues sí van a los rincones más apartados a exigir nuestros votos, pero sin embargo, lo más elemental nos hace falta: que nos atiendan nuestras necesidades, problemas que tenemos, como es la tenencia de tierras, nuestros lugares sagrados.”
La asamblea permanece instalada y es la instancia que definirá si los acuerdos firmados con las autoridades se aceptan y cuándo se reanudan las actividades. “La asamblea es la máxima autoridad”, afirmó Montoya. “Todos los acuerdos que se lleven a cabo ahí, pues yo creo que el camino que se va a seguir son los acuerdos que se van a seguir.”
