Mujeres Mazatecas por la Libertad fijaron diciembre como plazo para exigir que 14 habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón puedan regresar a su comunidad; de no obtener respuesta, plantearon extender una invitación al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Texto y fotografías: Rodrigo Ivan Sánchez / @Somoselmedio
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026.- Mujeres Mazatecas por la Libertad fijaron diciembre como plazo para exigir que 14 habitantes y defensores comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, puedan regresar a su comunidad. De no existir una respuesta antes de que termine el año, anunciaron que buscarán extender una invitación formal al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para sumarse a la movilización.
El planteamiento fue realizado durante un encuentro del Congreso Nacional Indígena (CNI), en el contexto del plantón que Mujeres Mazatecas por la Libertad mantienen frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir garantías que permitan el retorno de las 14 personas que permanecen fuera de Eloxochitlán desde hace más de una década.
Durante el encuentro, las intervenciones abordaron la persecución judicial, el desplazamiento forzado, la presencia del crimen organizado y distintas formas de despojo territorial que, de acuerdo con las organizaciones participantes, enfrentan pueblos y comunidades indígenas en distintas regiones del país.
La moderadora del foro recurrió a la imagen del armadillo para explicar el impacto que puede tener la separación de una persona de su territorio:
“Para que una persona pueda cazar a un armadillo… basta con que coja el armadillo y lo alce. Es decir, que lo separe de la tierra. Con ese simple acto… el armadillo se quiebra”.
La metáfora fue utilizada para hablar del desplazamiento y de la ruptura del vínculo entre las comunidades y sus territorios. Durante el evento, los rostros de las 14 personas de Eloxochitlán permanecieron cubiertos en fotografías colocadas en el espacio. Mujeres Mazatecas por la Libertad han denunciado que enfrentan persecución judicial debido a su participación en la defensa de la autonomía comunitaria y del río Xangá Ndá Ge.
CNI rechaza iniciativa de derechos indígenas
A las denuncias por criminalización y desplazamiento se sumó el rechazo del Congreso Nacional Indígena a la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sometida a un proceso de consulta convocado por el Gobierno federal.
Durante el foro, mujeres de la comunidad otomí dieron lectura al posicionamiento del CNI contra la propuesta, integrada por 453 artículos. Para la organización indígena, la iniciativa representa una continuidad de las políticas de despojo y privatización de tierras y territorios iniciadas con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992.
Las voceras señalaron que la propuesta “da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país” y cuestionaron que el ejercicio de determinados derechos se encuentre relacionado con mecanismos de registro y reconocimiento institucional.
El CNI también cuestionó las disposiciones relacionadas con bienes naturales considerados estratégicos, como el agua, petróleo, litio y minerales. Según su posicionamiento, la propuesta limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre determinados proyectos desarrollados en sus territorios.
La organización rechazó además el proceso de consulta realizado entre agosto y septiembre. A su juicio, analizar una propuesta de 453 artículos mediante reuniones regionales de pocas horas impide una deliberación suficiente en las comunidades.
“El proceso está viciado de origen”, sostiene el posicionamiento del CNI, que acusa al mecanismo de funcionar como un procedimiento administrativo para legitimar la iniciativa antes de su presentación ante el Congreso.
El proceso de consulta fue convocado oficialmente el 29 de junio por el Gobierno federal. Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), está dirigido a 16 mil 728 comunidades pertenecientes a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano del país.
Jesús Plácido Galindo y la violencia en Guerrero
La criminalización de personas defensoras del territorio también fue abordada por Tenoch, integrante de la Misión Civil de Observación Sexta, quien habló sobre el caso de Jesús Plácido Galindo, promotor comunitario y dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Plácido Galindo fue detenido el 17 de julio en San Marcos, Guerrero, y posteriormente trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. El 23 de julio un juez lo vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
Su defensa, el CIPOG-EZ y organizaciones que acompañan el caso han denunciado que el proceso forma parte de una estrategia de criminalización relacionada con su actividad como defensor comunitario y con las denuncias que realizó contra el grupo criminal Los Ardillos.
“El Estado —denunció Tenoch— no solo abandonó a los pueblos a su suerte frente a la delincuencia, sino que luego criminalizó a quienes intentaron defenderse”.
Durante su intervención también recordó los desplazamientos registrados en comunidades de la Montaña Baja de Guerrero a raíz de ataques armados y con drones.
“Encontramos ollas de frijoles humeantes, quemados, porque las familias iban a comer cuando llegaron […] Animales asesinados, muriéndose de hambre, tristes… llorando”, relató.
“La tierra, aunque esté tapada con cemento, es nuestra madre”
Las denuncias sobre el territorio se extendieron a otras regiones del país.
Sara Hernández, delegada de Santiago Mexquititlán, Querétaro, expresó su rechazo a la instalación y expansión de centros de datos tecnológicos y advirtió sobre la presión que, señaló, estos proyectos ejercen sobre las reservas de agua de las comunidades.
Desde la Ciudad de México, Hortencia Teléforo, de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, cuestionó los procesos de urbanización y los programas metropolitanos que afectan tierras ejidales y calificó estas políticas como una forma de “etnocidio”.
Magdalena García Durán, representante mazahua residente en la Ciudad de México, vinculó estas luchas con la defensa territorial de los pueblos indígenas que habitan y trabajan en la capital.
“Para nosotros la tierra, aunque esté tapada con cemento, no deja de ser nuestra madre tierra. La madre tierra no se vende, ni se renta, se ama, se defiende”, expresó.
Sobre esa misma plancha de cemento, Mujeres Mazatecas por la Libertad mantienen su exigencia por el regreso de las 14 personas de Eloxochitlán de Flores Magón.
Durante el encuentro fijaron diciembre como plazo para obtener una respuesta que permita su retorno a la comunidad y anunciaron que, de no ocurrir, buscarán extender la convocatoria al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
