Salineros y pescadores frenaron desde sus lanchas las dragas en el vaso II y denuncian que la ASIPONA trabaja sin un resolutivo ambiental público.
Por Monserrat Cárdenas / @Somoselmedio
Este sábado 7 de noviembre, al menos ochenta personas bloquearon durante algunos minutos la calle Francisco I. Madero, la principal arteria del centro de la capital de Colima, para exigir la cancelación del megaproyecto Puerto Nuevo Manzanillo. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo impulsa esta obra a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo), que depende de la Secretaría de Marina (Semar). El objetivo es extender el complejo portuario sobre el vaso II de la Laguna de Cuyutlán y convertirlo en el más grande de América Latina.
El pasado 20 de octubre, el colectivo Salvemos Cuyutlán denunció en un comunicado la presencia irregular de maquinaria de dragado en el vaso II de la laguna. Lo llamó “una inminente consumación de actos fuera de la legalidad”, porque la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “continúa sin hacerse pública” y permanece “pendiente de entrega formal al promovente”.
En respuesta, la ASIPONA Manzanillo emitió este sábado un comunicado de prensa. Aseguró que las actividades se desarrollan dentro del polígono autorizado, con la finalidad de “realizar trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de la Terminal que opera en dicha ubicación”.
No es la primera vez que la autoridad portuaria responde así. En mayo de este año, cuando se denunció la entrada de maquinaria de dragado al vaso II sin permisos ambientales, la ASIPONA y la Semar negaron que hubieran comenzado las obras del nuevo puerto. El trámite ambiental del proyecto también ha cambiado varias veces. En junio de 2025, la ASIPONA retiró su solicitud de autorización ante la Semarnat. Volvió a presentarla en agosto de ese año, y en enero de 2026 la dependencia cerró el expediente y le ordenó ingresar una nueva MIA regional para la versión modificada de la obra. El proyecto, anunciado por la presidenta en noviembre de 2024, contempla 1,880 hectáreas y una inversión de más de 63 mil millones de pesos.
El colectivo agrupa a organizaciones como la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima. Convocó este sábado a movilizaciones simultáneas en los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo para denunciar lo ocurrido y reiterar su rechazo a la megaobra. Además, anunció un plantón en el canal de Tepalcates, del lado de la comunidad de Campos, en Manzanillo. Lo sostienen pescadores que, la mañana del sábado, impidieron desde sus lanchas que las dragas operaran en la laguna.
Un humedal que ya carga con la industria
Desde que el Gobierno de México anunció el proyecto a finales de 2024, las organizaciones locales, nacionales e internacionales que integran Salvemos Cuyutlán han advertido que la expansión del puerto sobre la laguna “amenaza a los manglares, la biodiversidad, la soberanía alimentaria y a economías locales con más de 500 años de historia, como la producción artesanal de sal y la pesca tradicional”. La Laguna de Cuyutlán es el cuarto humedal costero más grande del país, y sus vasos III y IV son sitio Ramsar desde 2011. El vaso II, donde se proyecta el puerto, quedó fuera de esa protección internacional. Ahí operan desde hace más de una década las terminales de gas instaladas por el gobierno federal.
La defensa de esta parte de la laguna tampoco empieza ahora. En 2009, unos 130 pescadores y ambientalistas se plantaron ante la terminal de gas natural licuado que el consorcio KMS construía en el vaso II, cerca del canal de Tepalcates, para frenar el relleno de la laguna sin autorización. Diecisiete años después, los pescadores vuelven a plantarse en el mismo canal.
Como parte de sus acciones para frenar el proyecto, el 19 de octubre el colectivo recibió a una subsecretaria y a altos funcionarios de la Semarnat. Recorrieron en lancha los vasos I, II y III de la laguna, acompañados por salineros, pescadores y pobladores, con el fin de “evidenciar las inconsistencias técnicas de los análisis presentados por los promoventes y constatar la riqueza biológica y social que sostiene el humedal”.
Sin embargo, en la reunión posterior, la subsecretaria argumentó “una supuesta limitación competencial bajo la premisa de que la dependencia ‘únicamente resuelve lo ambiental y no lo social’”, según informó el colectivo en sus redes sociales el 30 de octubre.
Frente a esa respuesta, el colectivo exigió que se cumpla el Acuerdo de Escazú. México lo firmó el 27 de septiembre de 2018 y el Senado lo ratificó el 5 de noviembre de 2020. El acuerdo obliga al Estado a garantizar el acceso pleno a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia para las comunidades que impugnen decisiones que puedan dañar el medio ambiente.
“Iniciar obras ocultando el resolutivo afecta la certidumbre jurídica y busca entorpecer nuestra defensa bajo una política de hechos consumados (más vale pedir perdón que permiso)”, señaló el colectivo en la misma publicación.
“Colima no es zona de sacrificio”
La concentración en la capital colimense la encabezaron salineros. Los manifestantes agitaban frente a los automóviles detenidos por el bloqueo mantas y carteles con consignas como “Colima no es zona de sacrificio”, “Nuestras vidas valen más que sus ganancias”, “Gobierno ecocida” y “Destruirlos por ambición económica es un crimen ambiental. Salvemos Cuyutlán”.
“Para nosotros es preocupante que llegue el momento en el que tengamos que retirarnos de la producción de sal. Si se fijan, ya hay barcos dragando. (…) Qué bueno que nos estamos dando cuenta y alzando la voz para que, en su momento, podamos rescatar ese patrimonio que nuestros ancestros nos dejaron, así que hay que darle para adelante”, dijo al micrófono un integrante de la Cooperativa de Salineros, en referencia a la tradición centenaria de extracción de sal en la laguna.
“Quedamos de pie hasta lograr la cancelación permanente del proyecto y la garantía a las comunidades costeras de que sus intereses siempre serán primero antes que la de los inversionistas. ¡El país está viendo!”, leyó una persona con el rostro cubierto al cerrar la protesta con un pronunciamiento.
En los próximos días, el colectivo recolectará víveres para los salineros y pescadores que sostienen el plantón en Manzanillo. También anunció nuevas acciones colectivas en defensa de la laguna, frente a lo que considera un proyecto impuesto que “amenaza formas de vida, el patrimonio natural, las actividades productivas tradicionales y las comunidades costeras de Colima”.
