Al cerrar el séptimo examen periódico de México en Ginebra, el relator Ludovic Hennebel advirtió que el reto del país es reducir la distancia entre sus leyes y los resultados para las personas.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó el 5 de noviembre el examen a México y anunció que sus Observaciones Finales incluirán recomendaciones de aplicación urgente. Las enviará al Estado el viernes 13 de noviembre. La presidenta del Comité, Preeti Saran, explicó a la delegación mexicana que el documento identificará tres temas sobre los cuales el gobierno deberá trabajar en los próximos dos años.
Durante dos sesiones, el 4 y 5 de noviembre, el Comité revisó el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Lo hizo por primera vez desde 2018. Las preguntas abarcaron la reforma judicial, las restricciones al juicio de amparo y la violencia contra personas defensoras y familias buscadoras. También los megaproyectos en territorios indígenas, el fracking y los derechos al agua, la salud, la educación y la cultura.
“Lo difícil es reducir la distancia”
En sus conclusiones preliminares, el experto relator para México, Ludovic Hennebel, describió la brecha entre el marco legal del país y sus resultados: “México tiene un marco institucional y constitucional sumamente ambicioso en lo que respecta a los derechos humanos… lo difícil es conseguir reducir la distancia que todavía hay entre las normas adoptadas, su aplicación efectiva y, sobre todo, los resultados que se han conseguido realmente para los titulares de todos los derechos”.
Según la transcripción de la sesión publicada por la ONU, Hennebel nombró a quienes enfrentan los mayores obstáculos: pueblos indígenas, personas afromexicanas, mujeres, migrantes, desplazados, personas en situación de pobreza, familiares de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos y habitantes de zonas rurales o marginadas. Entre los retos estructurales enumeró la reforma judicial, las desigualdades territoriales, la coordinación entre entidades de gobierno, la movilización del máximo de recursos disponibles, el acceso a recursos legales efectivos, la violencia del crimen organizado y los efectos de los megaproyectos.
Al abrir el diálogo, el relator reconoció avances desde 2018: la reducción de la pobreza multidimensional, la revalorización del salario mínimo y la ratificación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la misma intervención advirtió que algunas medidas aprobadas después del informe del Estado tuvieron “impactos negativos para las garantías existentes”.
Reforma judicial y Ley de Amparo
Hennebel preguntó qué garantías concretas aseguran “la independencia, la imparcialidad y la competencia específica” de las personas juzgadoras electas tras la reforma constitucional. En la segunda sesión, otro de los expertos preguntó qué recursos tienen las juezas y los jueces cuyos cargos se extinguieron con la reforma, considerando que también son garantes de los derechos económicos, sociales y culturales.
Sobre el amparo, el relator dijo que preocupa al Comité la información de que este juicio “se ha reducido mucho en 2025” en la defensa de comunidades frente a proyectos extractivos. Preguntó qué vías tiene una comunidad que defiende el agua o el medio ambiente y no puede demostrar un daño real y diferenciado. La experta Julieta Rossi calificó las restricciones a la nueva ley como algo que “es como contradictorio, en todo caso, con una política de protección al ambiente”.
Violencia, complicidad y personas defensoras
El relator señaló que mecanismos de la ONU han documentado el control de territorios y poblaciones por grupos delictivos. Mencionó también “indicios de complicidad, de apoyo, de aquiescencia de algunos funcionarios públicos a nivel estatal, federal, municipal”. Preguntó si existen investigaciones, enjuiciamientos y condenas. El Comité expresó preocupación por el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales y pidió datos sobre los mecanismos para reconocerlos como víctimas.
“El Comité está muy preocupado por información que nos ha llegado sobre asesinatos, desapariciones, agresiones contra defensores de la tierra, de los territorios, del medio ambiente y también personas que buscan a sus allegados”, dijo Hennebel. Preguntó si el Estado reconoce como personas defensoras a las familias que buscan a sus desaparecidos.
El relator describió también lo que pierden quienes buscan, en su mayoría mujeres: ingresos, vivienda, salud y la escolarización de sus hijas e hijos, por asumir la búsqueda. La delegación respondió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atendió a 6 mil 670 familiares de personas desaparecidas entre octubre de 2024 y agosto de 2026. Según la delegación, a septiembre de 2026 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protegía a 259 personas buscadoras y 85 familiares.
Pueblos indígenas y megaproyectos
El Comité preguntó por las garantías para respetar la autonomía de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y de las asambleas de las comunidades agrarias en decisiones sobre territorio, agua y recursos naturales. Sobre el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y un parque eólico, pidió conocer los estudios de impacto ambiental, social y de derechos humanos, y si se publicaron antes de las decisiones finales. Hennebel citó información según la cual casi 60 por ciento de los proyectos extractivos en territorios indígenas desde 2017 no cuentan con documentación registrada de consulta.
En el seguimiento, el relator recordó que el Tren Maya y el Corredor Interoceánico fueron declarados de interés para la seguridad nacional, con participación de las secretarías de la Defensa y de Marina. Preguntó si eso tiene consecuencias en el acceso a la información, las consultas y las vías de recurso. Otro experto recordó que el estándar del Convenio 169 de la OIT es el consentimiento previo, libre e informado, y preguntó qué norma lo reconoce explícitamente.
Fracking, agua y “zonas de sacrificio”
Rossi recordó que el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas visitó México en marzo de 2026 y alertó sobre la proliferación de “zonas de sacrificio”. Preguntó por las iniciativas para prohibir el fracking y por la respuesta del Estado a las demandas de organizaciones y pueblos indígenas. El Comité expresó también preocupación por los más de mil 100 sitios registrados con sustancias tóxicas por contaminación industrial y preguntó cómo se sanciona a las empresas responsables de descargas contaminantes.
La delegación respondió que en México “no se extraen hidrocarburos mediante la técnica de fracking”. Dijo que se evalúan prácticas operativas y tecnologías de menor impacto ambiental, y que mientras no se demuestre que ese aprovechamiento es posible sin impacto ambiental o a la población, no se desarrollará ningún proyecto en yacimientos de baja permeabilidad.
La experta Laura-Maria Crăciunean-Tatu señaló que el gasto público en educación cayó a 3.19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, su nivel más bajo desde 2018. Indicó que México ocupa el último lugar entre los 38 países de la OCDE en inversión por estudiante de primaria y que el presupuesto de cultura se redujo más de 20 por ciento entre 2017 y 2026. La delegación reconoció la brecha con el promedio de la OCDE y argumentó que ese indicador no contabiliza las becas transferidas directamente a los hogares.
El relator calificó como “un enigma” que México no haya ratificado el Protocolo Facultativo del PIDESC, que permitiría al Comité recibir denuncias individuales. “Sabemos que México está muy apegado al multilateralismo y a los diferentes mecanismos individuales, por eso nos sorprende que el país no haya ratificado el protocolo”, dijo. La delegación reconoció el “desafío pendiente” y explicó que las consultas interinstitucionales no han alcanzado el consenso necesario.
Hennebel anunció que las Observaciones Finales serán concretas y que “se tendrán que reflejar en el presupuesto, en las leyes, en las sentencias, en las prácticas de la administración”. Según la Campaña Mexicana por la Firma y Ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC / Espacio DESCA, el documento se hará público la semana siguiente a su envío al Estado. Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), por el carácter integral de la evaluación, el Estado debe aceptar las recomendaciones, sobre todo en los temas más críticos y estructurales para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
