El derrumbe de una de las entidades financieras más grandes de Paraguay y las denuncias por el presunto uso irregular de fondos públicos detonaron un juicio político exprés y la posterior detención del exmandatario, desatando una de las crisis institucionales más graves de la historia reciente sudamericana.
Por Alan Hernández/ @alandjhm
Asunción, Paraguay, a 11 de noviembre de 2026.— A principios de noviembre de 2026, Paraguay se convirtió en el epicentro de una crisis política y económica sin precedentes tras el colapso financiero de Ueno Bank y la subsecuente destitución del presidente Santiago Peña. Lo que comenzó como una alerta sobre la solvencia de una de las entidades bancarias con mayor penetración digital en el país escaló hasta convertirse en una crisis institucional que obligó al Congreso a ejecutar un juicio político exprés, culminando con la destitución, imputación y detención domiciliaria del mandatario por delitos relacionados con corrupción, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
Antecedentes y el colapso financiero de Ueno Bank
De acuerdo con los registros del sistema financiero, Ueno Bank se había posicionado en los últimos años como un actor hegemónico en Paraguay, alcanzando una base aproximada de tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes, impulsado por su fuerte apuesta digital. Sin embargo, a comienzos de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) detectó que el índice de solvencia de la institución se había desplomado a más de la mitad del mínimo legal exigido. Las auditorías e investigaciones preliminares revelaron irregularidades severas, tales como créditos cruzados y excesivos a empresas vinculadas al mismo grupo económico por encima de los límites regulatorios permitidos.
El detonante de la crisis radica en la concentración de fondos públicos dentro de la entidad privada. Según estimaciones del exministro de Hacienda Dionisio Borda y datos del Banco Central del Paraguay (BCP) difundidos por la prensa, Ueno Bank administraba entre 800 y 850 millones de dólares en recursos del Estado. El caso más crítico involucró al Instituto de Previsión Social (IPS) —el organismo encargado de la seguridad social y las pensiones de los trabajadores paraguayos—, el cual, de acuerdo con reportes financieros iniciales de la propia entidad, mantenía depositados entre 355 y 380 millones de dólares en la institución, poniendo en riesgo directo el patrimonio de miles de jubilados y activos.
El vínculo presidencial y el conflicto de interés
Las indagatorias periodísticas, fiscales y legislativas destaparon un entramado de relaciones directas entre las altas esferas del poder político y la institución financiera. Investigaciones del diario paraguayo ABC Color documentaron que el entonces presidente Santiago Peña mantuvo vínculos accionarios con Ueno Holding —el grupo controlador de Ueno Bank— hasta finales de marzo de 2025, cuando ya ejercía la primera magistratura del país, hecho que el propio mandatario reconoció públicamente en abril de ese año tras anunciar la venta de su participación.
Posteriormente, tanto el documento acusatorio del Congreso como la imputación formal del Ministerio Público señalaron que el exmandatario utilizó su influencia para canalizar de forma sistemática millonarios recursos estatales, incluidos los fondos de pensiones del IPS, hacia el banco para sostener su liquidez, configurando los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, además de señalamientos legislativos por tráfico de influencias
Reacción social, protestas y el impacto en la población
El desplome financiero y la revelación del manejo de los recursos públicos provocaron una inmediata indignación ciudadana. Conforme a los reportes de medios locales, desde el 3 de noviembre de 2026, miles de ahorristas, pequeños comerciantes, trabajadores y jubilados se congregaron en masivas protestas frente a las sucursales del banco, así como en las inmediaciones del Congreso Nacional y la residencia presidencial en Asunción.
La población exigió la restitución de sus fondos y la renuncia inmediata del mandatario, en medio de un profundo rechazo al manejo discrecional del dinero público. Diversos colectivos ciudadanos y organizaciones sociales denunciaron que la crisis dejó en un virtual estado de indefensión a miles de familias que se quedaron sin acceso a sus cuentas y salarios básicos.
Evaluaciones internacionales e informes internos expusieron graves fallas estructurales en los mecanismos de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Superintendencia de Bancos. De acuerdo con reportes de la calificadora Moody’s y documentos filtrados del propio organismo regulador, las alertas tempranas sobre la caída de la solvencia y los préstamos sin garantías fueron ignoradas durante meses, o como resumió la analista Gabriela Martínez Palma en el programa En Perspectiva, “la Superintendencia nunca alertó de esta situación”.
Medios locales como el diario Última Hora y especialistas financieros criticaron la porosidad institucional y el fenómeno que denominan de las “puertas giratorias” entre la administración pública y la banca privada —evidenciado en el paso previo del expresidente del BCP, Carlos Carvallo, por la dirección de Financiera Ueno—, una dinámica que, en palabras del economista Orkun Saka a BBC Mundo, erosiona el sistema porque “la regulación depende de que la sociedad confíe en la imparcialidad de quien debe supervisar”.
A nivel internacional, el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado urgente a través de sus canales diplomáticos para mantener la calma, respetar estrictamente las instituciones democráticas y garantizar el Estado de derecho en el país sudamericano. Por su parte, diversos organismos financieros multilaterales y centros de análisis económico coincidieron en que el uso de fondos de seguridad social para sostener entidades bancarias comerciales privadas vulnera de manera directa los estándares globales de gobernanza financiera.
En México, de acuerdo con diversos analistas y portales especializados en economía como Expansión, si bien el sistema financiero mexicano no corre un riesgo de contagio directo debido a la solidez de sus marcos regulatorios y niveles de capitalización, el caso paraguayo funciona como un recordatorio crítico sobre los peligros de la opacidad institucional.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la crisis como “muy lamentable” y subrayó la urgencia de mantener separados el poder económico y el político, además según reportaron medios como La Jornada y Milenio, la mandataria contrastó la destitución de Peña con el rescate bancario del Fobaproa de 1994, señalando que en Paraguay la crisis “tiró un presidente”, mientras que en México “quien pagó fue el pueblo” al convertir deudas privadas en deuda pública.
Juicio político exprés, destitución y panorama judicial
Ante la insostenibilidad de la crisis y el rechazo generalizado, el Congreso de Paraguay desestimó las maniobras para una renuncia pactada —con la cual el exmandatario buscaba asegurar fueros como senador vitalicio— y procedió a someter a Santiago Peña a un juicio político exprés el 6 de noviembre de 2026. De acuerdo con el recuento legislativo, el Senado lo destituyó prácticamente por unanimidad, con 44 votos a favor de 45 posibles.
Al perder la inmunidad presidencial, la Fiscalía General del Estado ordenó de manera inmediata su captura e imputación formal por los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Tras permanecer bajo arresto domiciliario, Peña fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a una sede militar mientras avanza el proceso penal en su contra. Asimismo, la justicia emitió órdenes de captura contra varios directivos de la entidad bancaria y el expresidente del BCP, Carlos Carvallo.
Tras la destitución, asumió la presidencia de manera interina el entonces vicepresidente Pedro Alliana. En sus declaraciones públicas, el nuevo gobierno ha emitido mensajes institucionales buscando calmar a los mercados, asegurando que el sistema bancario general se mantiene solvente y que el Banco Central agilizará los mecanismos de devolución de depósitos a través del Fondo de Garantía, mientras el país intenta reconstruir la estabilidad política y la confianza institucional tras el sismo financiero.
