Un tribunal colegiado ordenó reanudar la actualización del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, detenida desde 2022. Organizaciones peticionarias de alertas de género presentaron un diagnóstico estado por estado sobre el abandono del mecanismo y lanzaron la campaña #NosVanAVerJuntas.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- La Red Nacional de Alertistas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informaron este jueves, en conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh, que un tribunal colegiado ordenó a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Gobernación reanudar los trabajos para actualizar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), obligación legal pendiente desde hace cuatro años.
La resolución, explicó Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y abogada del OCNF, deriva de una queja interpuesta contra la negativa inicial de un juzgado de distrito a conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo que el observatorio promovió el 8 de junio de este año. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con ponencia del magistrado Luis Antonio Beltrán Pineda, resolvió por unanimidad el 3 de julio conceder la medida y ordenar la reactivación de las mesas de dictaminación, integración y consulta del proyecto de reglamento, además de exigir un calendario vinculante para enviarlo a la Presidencia de la República.
Pérez Garrido precisó que esta resolución no equivale a una sentencia definitiva: el fondo del amparo, que exige la publicación del reglamento, continúa sin resolverse. “El gane de hoy es que mientras resuelve el juez, ya se obliga al Ejecutivo federal, a la Presidenta, a que ya tengamos un reglamento publicado”, señaló, y explicó que el tribunal colegiado únicamente ordenó reiniciar las mesas de trabajo, no la publicación del documento.
Una reforma de 2022 sin reglamento
María de la Luz Estrada, directora del OCNF, recordó que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cumple 19 años desde su creación en 2007 y que la primera declaratoria tardó ocho años en emitirse —Estado de México, en 2015— a través de un recurso judicial. La reforma de 2022 a la Ley General de Acceso, dijo, se logró tras años de exigencia de la sociedad civil y de recomendaciones del Comité CEDAW, el Examen Periódico Universal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Esa reforma, de acuerdo con Estrada, distinguió por primera vez las obligaciones de municipios, estados y federación, eliminó un periodo de seis meses que permitía a los estados no actuar tras iniciada una investigación, e introdujo la obligación de que cada entidad con declaratoria vigente contara con un plan estratégico y reportara públicamente cada seis meses el ejercicio de su presupuesto. El decreto estableció además un plazo de 60 días, que venció el 28 de junio de 2022, para publicar el reglamento correspondiente.
“Cuatro años de la reforma y a pesar de que la propia ley estableció 60 días para que se publicara de carácter urgente el reglamento, quiero decirles que hasta el día de hoy no tenemos reglamento”, denunció Estrada. “Los grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios nos tuvieron trabajando para sacar el reglamento, pero no hicieron nada. Se trabajó mucho, se tuvo el proyecto, pero se quedó paralizado.”
La directora del OCNF señaló que, ante la falta de reglamento, las autoridades continúan aplicando el reglamento de 2013, que no corresponde al marco legal reformado. Añadió que cuando la Secretaría de las Mujeres asumió el seguimiento del mecanismo —antes a cargo de la entonces Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), adscrita a Gobernación— eliminó de facto la obligación de informes semestrales que la reforma de 2022 había establecido para los estados.
Cinco estados sin una sola sesión en 2025
Estrada detalló que la ausencia de reglamento generó incertidumbre en la operación de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM), encargados del seguimiento de cada alerta. “Tan solo les voy a hablar del 2025: Campeche, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas no realizaron una sola sesión para el seguimiento del mecanismo, por más que se le solicitó”, afirmó, y agregó que la Secretaría de las Mujeres ha argumentado, desde hace año y medio, que aún se está organizando.
Como ejemplos de la falta de continuidad, Estrada expuso los casos de Nuevo León, Puebla y Veracruz. En Nuevo León, dijo, el GIM sesionó cuatro veces durante 2025, pero el dictamen más reciente corresponde a junio de 2021; un informe sobre desaparición de niñas, mujeres y adolescentes, solicitado desde 2022 y entregado en 2024, permanece sin emitirse por inacción de la Secretaría de las Mujeres. En Puebla, la alerta por desaparición —vinculada a una declaratoria por violencia feminicida obtenida por amparo en 2019— está prácticamente detenida: la única sesión programada fue suspendida a inicios de 2025 y no se ha reprogramado, mientras el gobierno estatal ha declarado públicamente estar en condiciones de solicitar que se levante la alerta. Estrada calificó esa postura como infundada, al no existir criterios reglamentarios para evaluar el levantamiento de una medida.
Metzeri Ávila, integrante del OCNF en Veracruz, expuso que la entidad tiene dos declaratorias vigentes por violencia feminicida y una más por agravio comparado, relacionada con el acceso a la interrupción legal del embarazo, que dijo continúa siendo inalcanzable por precariedad de insumos médicos y falta de información en lenguas indígenas. Una tercera alerta, solicitada por el patrón de desapariciones de mujeres en el estado, debió resolverse en octubre de 2024 y permanece detenida. “La propia alerta de violencia de género no puede convertirse en estos expedientes suspendidos sin respuesta”, dijo Ávila, y llamó a actualizar diagnósticos, fortalecer los grupos interinstitucionales y construir mecanismos de seguimiento acordes a la situación actual.
Guerrero: Taxco, sin respuesta desde 2024
Marina Reyna Aguilar habló en representación de la Red Nacional de Alertistas, espacio que dijo estar conformado por organizaciones y activistas de 18 entidades del país. Anunció el lanzamiento de la campaña #NosVanAVerJuntas, con la que la red buscará documentar de manera conjunta con el OCNF los obstáculos y retrocesos de las 26 alertas vigentes en el país, así como exigir transparencia sobre los recursos destinados a su operación.
Reyna Aguilar, también peticionaria de la alerta de violencia feminicida vigente en Guerrero desde 2017, relató que en abril de 2024 su organización solicitó incorporar al municipio de Taxco a esa declaratoria, tras documentar hechos de violencia feminicida ocurridos ahí. Dijo que desde entonces solo se les notificó la admisión de la solicitud y que, hasta la fecha, no han recibido respuesta. Señaló que la Secretaría de las Mujeres cuenta con la facultad legal de declarar una alerta de carácter emergente sin depender de la resolución del grupo interinstitucional, pero no la ha ejercido en este caso.
Guanajuato: la alerta señalada como responsable de los feminicidios
Giovana de los Ángeles Rochacano, de Alerta Violeta AC y experta del grupo interinstitucional de Guanajuato, expuso que la declaratoria vigente en esa entidad desde el 26 de septiembre de 2024 —para el estado y 17 municipios— tuvo una primera y única reunión de seguimiento en septiembre de 2025, casi un año después de haberse emitido. Afirmó que el gobierno estatal informa avances en conferencias de prensa mensuales sin que exista un dictamen del grupo de trabajo que los respalde.
Rochacano señaló que autoridades estatales han atribuido a la alerta, y no a la violencia misma, la persistencia de los feminicidios en la entidad, y citó el caso de la desaparición de Jessica Magdalena en León, cuyo cuerpo permaneció varios días en instalaciones de la fiscalía sin que se notificara a su familia. Mencionó además los asesinatos de las buscadoras Patricia Negrete Tafoya y Patricia Costa, cuyas muertes, dijo, la gobernadora del estado calificó inicialmente como no vinculadas a su labor de búsqueda, hasta que colectivos de buscadoras exigieron no revictimizarlas.
Recursos sin fiscalización de impacto
Estrada informó que este año se distribuyeron 131 millones de pesos entre los estados con declaratoria vigente, con diferencias señaladas entre entidades —citó el caso de Colima, que recibió 12 millones de pesos— y afirmó que la Ciudad de México recibió cerca de 4 mil millones de pesos pese a no contar con una alerta federal. Dijo que la Secretaría de las Mujeres revisa que los estados comprueben el gasto con facturas, pero no evalúa el impacto de esos recursos en la reducción de la violencia, obligación que, según la directora del OCNF, sí quedó establecida en la reforma de 2022.
Las organizaciones exigieron la actualización inmediata del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la reactivación de todos los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios, transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a las alertas, y el fortalecimiento de la coordinación institucional entre Federación, estados y municipios, incluyendo mecanismos de evaluación y sanción para las autoridades que incumplan.
