Organizaciones denuncian que las Alertas de Violencia de Género permanecen paralizadas por la falta de actualización del reglamento y de seguimiento institucional.
Por Zazil Nahui / ig: @zazilnahui
Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- La Red Nacional de Alertistas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunciaron que las Alertas de Violencia de Género enfrentan una grave parálisis institucional, retrasos en su seguimiento y falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, defensoras de derechos humanos presentaron un diagnóstico nacional sobre las omisiones, retrasos y obstáculos institucionales que han debilitado este mecanismo de protección.
Las organizaciones advirtieron que distintas solicitudes de alerta no son discutidas ni resueltas, mientras que los grupos encargados de dar seguimiento a las declaratorias han dejado de sesionar en varias entidades. Esta situación, señalaron, evidencia la falta de coordinación efectiva entre la Federación, los gobiernos estatales y los municipios.
El OCNF y la Red Nacional de Alertistas exigieron la actualización inmediata del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la reactivación de los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios, así como transparencia en el uso de los presupuestos destinados a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
La reforma a la Ley General de Acceso, publicada el 29 de abril de 2022, estableció que el reglamento debía actualizarse en un plazo máximo de 60 días. Aunque organizaciones civiles y personas expertas participaron ese mismo año en mesas de trabajo para elaborar el nuevo documento, el proceso quedó detenido.
Cuatro años después, las autoridades continúan aplicando el reglamento publicado en 2013, pese a que ya no corresponde con las obligaciones establecidas en la legislación vigente.
Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y abogada del OCNF, informó que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Gobernación reanudar los trabajos para actualizar el reglamento.
La resolución deriva de un juicio de amparo promovido por el OCNF ante la falta de cumplimiento del Ejecutivo federal. Aunque todavía no existe una sentencia definitiva, el tribunal ordenó reactivar las mesas de dictaminación, integración y consulta, además de establecer un calendario para enviar el proyecto a la Presidencia de la República.
María de la Luz Estrada, directora del OCNF, explicó que la falta de reglamento ha generado incertidumbre en la operación de los grupos interinstitucionales encargados de evaluar cada alerta.
“En 2025, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas no realizaron una sola sesión para el seguimiento del mecanismo”, denunció.
Estrada señaló que las Alertas de Violencia de Género deben funcionar como un mecanismo de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para corregir políticas públicas, fortalecer los marcos legales y prevenir la violencia feminicida. Sin embargo, advirtió que la falta de seguimiento ha convertido varias declaratorias en procedimientos administrativos sin efectos verificables.
Las defensoras presentaron casos de alertas y solicitudes que permanecen detenidas en estados como Nuevo León, Puebla, Veracruz, Guerrero y Guanajuato.
Marina Reyna Aguilar, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres e integrante de la Red Nacional de Alertistas, recordó que en abril de 2024 solicitaron que el municipio de Taxco fuera incorporado a la alerta de violencia feminicida vigente en Guerrero.
La petición se presentó después de documentar distintos hechos de violencia contra las mujeres en el municipio. No obstante, desde entonces las organizaciones únicamente han recibido la notificación de que la solicitud fue admitida, sin que exista una resolución.
Metzeri Ávila, integrante del OCNF en Veracruz, advirtió que las propias alertas no pueden reproducir las omisiones que buscan combatir.
“La alerta de violencia de género no puede convertirse en estos expedientes suspendidos sin respuesta”, afirmó.
Las organizaciones también denunciaron que los recursos destinados a las alertas son fiscalizados mediante la comprobación de facturas, pero no existen evaluaciones suficientes sobre su impacto en la reducción de la violencia.
La Red Nacional de Alertistas anunció la campaña #NosVanAVerJuntas, con la que documentará los obstáculos y retrocesos de las 26 alertas vigentes y exigirá que las autoridades rindan cuentas sobre las medidas implementadas y los recursos públicos utilizados.
Las organizaciones advirtieron que mientras no se actualice el reglamento y exista seguimiento efectivo, las Alertas de Violencia de Género seguirán sin cumplir su objetivo de proteger la vida y los derechos de las mujeres.
