Cuatro alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán y su abogada fueron golpeadas afuera del internado por sujetos identificados como policías municipales e integrantes de la sección 23 del SNTE. Abogados y organizaciones denuncian un plan de los gobiernos federal y estatal para cerrar las normales rurales.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 21 de agosto 2026.- Cuatro estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán y la abogada Miriam Estrada fueron golpeadas en el perímetro del internado por sujetos que intentaron subirlas a un vehículo sin rótulos oficiales y, ante la resistencia, trataron de atropellarlas.
Los agresores fueron identificados como integrantes de la policía municipal de Teteles de Ávila Castillo y de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los hechos ocurrieron el miércoles 19 de agosto y fueron denunciados un día después en conferencia de prensa por el equipo legal de las normalistas y por organizaciones sociales poblanas.
“Cuatro alumnas de la institución y la abogada Miriam Estrada fueron víctimas de golpes, intento de desaparición forzada y robo”, señalaron los convocantes en el boletín leído durante la conferencia, en la que también advirtieron que se preparan denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla contra funcionarios y particulares involucrados.
La mesa estuvo integrada por representantes de la base estudiantil de la normal —una escuela exclusiva para mujeres, con cien años de existencia—, el abogado Alejandro Martínez, Rubén Sarabia de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Pascual Bermúdez, defensor del agua del pueblo de Xoxtla, y David Cabañas, sobreviviente de la guerra sucia y hermano del comandante Lucio Cabañas.
Una cronología de hostigamiento documentada desde enero
En conferencia de prensa, detallaron que ubica el punto de quiebre el 28 de enero de 2026, cuando el gobernador Alejandro Armenta señaló en conferencia matutina a las estudiantes como parte de la delincuencia organizada y a sus abogados como instigadores. “Violando toda presunción de inocencia y garantías judiciales”, escribieron los convocantes.
El 30 de mayo, de acuerdo con la denuncia, la Secretaría de Gobernación estatal amenazó a través del diario Cambio con ejecutar una presunta orden de aprehensión contra Alejandro Martínez, derivada de su trabajo de defensa. A la fecha, ni el abogado ni las estudiantes han recibido notificación judicial alguna.
Desde el jueves 13 de agosto, las organizaciones registran un operativo de las policías estatal y municipal, apoyado con drones y personas vestidas de civil, dirigido a la aprehensión del equipo legal del alumnado. El 17 de agosto, según el boletín, un funcionario que se hizo pasar por padre de familia admitió públicamente que su propósito era conseguir una orden que justificara la irrupción de las autoridades en el internado.
Con ese pretexto, funcionarios de las secretarías de Educación y Gobernación de Puebla, elementos de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado —coordinados, según la denuncia, por el director de formación docente, Cuthbert Cantorán Espinoza, y la directora del plantel, Brenda Inés Nájera Torres— intentaron entrar por la fuerza al internado y golpearon las puertas de acceso con herramientas durante horas.
Las estudiantes desmienten el montaje de las “novatadas”
La campaña que llevó el caso a la conversación nacional se construyó sobre presuntos maltratos a aspirantes durante la semana de inducción. Una representante de la base estudiantil rechazó esa versión en la conferencia: la semana de inducción se organiza sobre los cinco ejes del normalismo rural —político, cultural, deportivo, académico y de módulos de producción—, las aspirantes entregan certificado médico previo y pueden salir, comunicarse con sus familias o retirarse cuando lo decidan. “Eso no sucede dentro de la normal de Teteles”, respondió al ser cuestionada sobre mecanismos de maltrato o sometimiento.
Alejandro Martínez retó al gobierno estatal a presentar pruebas: hasta ahora la lesión más grave documentada por las propias fuentes oficiales es una luxación de tobillo, sin peritaje médico legista que la vincule con agresión alguna. El abogado señaló además que el primer supuesto padre de familia que declaró, identificado como Víctor Manuel González, no aparece en las listas oficiales de aspirantes que la dirección entregó a las estudiantes, y que información filtrada desde la propia estructura educativa lo ubicaría como servidor público del estado de Puebla.
Presupuesto, matrícula y una normal nueva a diez kilómetros
La disputa tiene un componente material. La normal recibe alrededor de 11 millones 500 mil pesos de programas federales, recursos sobre los que la organización estudiantil exige rendición de cuentas por la vía de la movilización, al no estar reconocida legalmente. La matrícula, que debería ser de 140 estudiantes por generación en cuatro años, se ha desplomado: quienes pasan a segundo año son menos de 50, producto —según los denunciantes— de la campaña del año pasado.
En paralelo, el gobierno estatal creó la Escuela Normal Rural Superior Carmen Caballero Camarillo en Tlatlauquitepec, municipio a menos de diez kilómetros. Para las estudiantes y sus abogados, el objetivo es transferir la matrícula y cerrar Teteles. Es el segundo intento en dos años: antes se buscó reubicar la normal para instalar en el terreno la Universidad de la Salud.
Continuidad histórica de una política de Estado
Rubén Sarabia enmarcó los hechos en una política de criminalización que alcanza a su organización, a los opositores al cablebús en la capital poblana y a los defensores del agua. La Unión Popular 28 de Octubre acumula compañeros asesinados y mantiene presos políticos. Pascual Bermúdez denunció órdenes de aprehensión contra él y contra Renato Romero por oponerse al saqueo del agua en Xoxtla, y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención directa.
David Cabañas recordó que el intento de desaparecer las normales rurales viene de los años sesenta, cuando se buscó cerrar la Normal Rural de Ayotzinapa, de donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes en 2014. La escalada actual tiene además un precedente inmediato: el 18 de mayo de 2021 fueron detenidos 95 estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas; el 20 de mayo murieron dos estudiantes de la Carmen Serdán, y el 1 de junio de ese año fueron detenidos 41 normalistas y dos choferes en Puebla, con denuncias de agresión sexual. La recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esos hechos no ha sido cumplida en ninguno de sus puntos.
Responsabilizaron al gobernador Alejandro Armenta, al secretario de Gobernación estatal Samuel Aguilar y al secretario de Educación Manuel Viveros por violar sistemáticamente los derechos humanos de las estudiantes. Señalaron como cómplices al subsecretario federal de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, y al director general de Educación Superior para el Magisterio, Julio Leiva, “por impulsar esta ofensiva nacional contra el normalismo rural”. A Mario Delgado lo señalan por omisión: las estudiantes tienen su contacto directo y no han recibido respuesta.
Los convocantes exigieron a la Fiscalía General del Estado ejercer su autonomía frente al gobernador y dar avances de las denuncias interpuestas desde 2025 por acoso sexual y amenazas, ninguna de las cuales tiene siquiera número de carpeta de investigación. También pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraer el caso, ante lo que califican como control del gobernador sobre la comisión estatal, y a la Secretaría de Gobernación federal instalar una mesa de diálogo con el consejo estudiantil.
De acuerdo con la información presentada, existen 22 denuncias contra alumnas de la normal y sus abogados. Un documento firmado por el director de formación docente, deslizado bajo la puerta del plantel sin notificación formal, consigna 12 denuncias contra integrantes del Consejo Estudiantil.
