El reciente ataque armado contra la vivienda de la periodista Estefanía Galicia de Radio Zapote en Xochimilco, evidencia el riesgo sistemático que enfrenta la prensa libre en el país, marcado por el hostigamiento, la criminalización judicial y la impunidad.
Por Alan Hernández / @alandjhm y Andrea Nolasco / @AndreaNol1224
Ciudad de México.- 13 de Agosto de 2026.- La vulnerabilidad del periodismo independiente y comunitario en México registró un nuevo episodio la noche del pasado 2 de agosto de 2026, cuando la vivienda de la periodista comunitaria, activista ambiental y defensora de derechos humanos Penélope Estefanía Galicia Argumedo (conocida como Mayahuel) sufriera un ataque con arma de fuego en la alcaldía Xochimilco.
De acuerdo con lo expuesto por Galicia durante la conferencia de prensa efectuada el viernes 14 de agosto en el espacio Café La Resistencia, el hallazgo fue realizado horas después por el hijo de su pareja. En su testimonio, la comunicadora relató detalladamente la forma en que descubrieron el atentado “Cuando íbamos a dormir, el hijo de mi pareja se da cuenta que la ventana de la habitación donde él duerme está roto el vidrio, nos damos cuenta que hay un hoyito en el mosquitero y empezamos a buscar una bala; efectivamente encontramos un fusil y una raspadura en la pared. Le aviso a mi pareja y él va a buscar indicios de un casquillo en la calle y lo encontramos” señalo.
Tras presentar la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), peritos acudieron al lugar para recolectar evidencia gráfica y de campo. Durante estas primeras diligencias, las autoridades investigadoras confirmaron que se trató de un disparo efectuado de manera directa contra la estructura de la vivienda.
Un historial continuo de hostigamiento y persecución penal
El trabajo de la periodista y activista se centra en visibilizar la cultura, la agricultura tradicional y las problemáticas de los pueblos originarios de Xochimilco enfocando su contenido en las extorciones, en la defensa de la tierra, la falta de agua en la zona así como la visibilización de practicas tradicionales de la agricultura que aún se se conservan en la zona de la alcaldía de Xochimilco.
La agresión con arma de fuego no representa un hecho aislado en la trayectoria de la comunicadora, ya que se suma a una secuencia de actos de amedrentamiento vinculados a sus coberturas sobre la defensa del territorio, la falta de agua, las extorsiones y el despojo en la zona lacustre de Xochimilco.
Al referir la escalada de agresiones contra su integridad, Galicia detalló en la conferencia el nivel de hostigamiento cotidiano y la vigilancia directa de la que ha sido objeto en su propio entorno residencial “Ha habido hostigamiento constante, incluso personas de civil han acudido a los alrededores de mi casa a tomar fotos, a preguntar por mi persona y a vigilar mis movimientos cotidianos” compartió.
Este patrón de amedrentamiento se relaciona con el antecedente directo en su domicilio ocurrido el 7 de enero de 2024, cuando Galicia encontró restos de sangre de animal y vísceras frente a su puerta. Por consejo de su equipo legal, el evento no se hizo público en su momento para no elevar el nivel de riesgo, pero motivó su incorporación formal al Mecanismo de Protección Integral local de la Ciudad de México.
Meses después, el 5 de septiembre de 2024, la periodista fue privada ilegalmente de su libertad durante un operativo policial en la explanada de la alcaldía Xochimilco. A casi dos años de la represión denomina por las organizaciones como “el halconazo morenista”, Galicia y cuatro manifestantes continúan enfrentando carpetas de investigación abiertas. Durante dicho evento, agresores robaron equipos de trabajo, y sus integrantes denunciaron actos de violencia sexual cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), así como el uso posterior de su material fotográfico en canales oficiales de la alcaldía para acosar a defensores comunitarios.
Las agresiones han continuado manifestándose en el entorno digital y presencial. Tras recibir mensajes amedrentadores en sus redes sociales el 11 de junio de 2026, un nuevo incidente se registró un día antes de la conferencia de prensa, cuando dos sujetos vestidos de civil que se ostentaron como policías de inteligencia acudieron a su calle para interrogar a los vecinos sobre su vida personal y profesional, bajo el argumento de investigar una presunta denuncia anónima.
Durante el encuentro con medios, Ingrid Midori, coordinadora del área legal de Propuesta Cívica y representante jurídica de la periodista, reconoció la prontitud inicial de la FEADLE en abrir la carpeta de investigación, pero advirtió que la burocracia no debe anteponerse a la urgencia de medidas de protección eficaces. Por su parte, Elizabeth Díaz, del colectivo Sueña Dignidad, señall la falta de efectividad en las herramientas brindadas por las autoridades, mencionando que instrumentos como los botones de pánico carecen de atención oportuna y reflejan una omisión estatal que profundiza el riesgo de la prensa independiente.
El panorama de la prensa en México: ejecuciones recientes y un contexto de alerta
El atentado contra Galicia se inscribe en una crisis generalizada contra el ejercicio periodístico en México que ha escalado fuertemente en los últimos meses. Durante la sesión, Omar Faruk, integrante del colectivo Radio Zapote, expuso la gravedad del contexto nacional al recordar que tan solo en el periodo reciente se han registrado siete asesinatos de comunicadores en el país y el desplazamiento forzado de decenas de trabajadores de la información.
La violencia ha escalado tanto a la prensa comunitaria y regional como a periodistas críticos en diversos estados. Muestra de ello fue el asesinato en junio de la periodista Roxana Verenice Guzmán en Veracruz, seguido días después por el ataque armado contra el comunicador Luis Ángel López Valdés en Poza Rica. A esta lista se sumaron los homicidios del creador de contenido informativo Juan David Games, del periodista Manuel Alejandro Moreno Cerna en Guerrero y el recrudecimiento de la violencia en julio con la ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca, casos que en su mayoría continúan marcados por la falta de avances en las investigaciones oficiales.
Esta realidad es documentada de manera sistemática por organizaciones especializadas en libertad de prensa. En sus informes anuales y monitoreos territoriales, la organización Artículo 19 ubica de manera sostenida a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel global sin la existencia de un conflicto bélico formal, registrando un promedio de una agresión cada 14 horas contra la prensa y señalando a las autoridades de distintos niveles de gobierno como los principales agentes agresores.
Complementariamente, los diagnósticos del Centro de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) analizan el impacto diferenciado que sufren las mujeres periodistas y defensoras comunitarias.
Sus registros detallan cómo la violencia hacia las comunicadoras no solo busca silenciar la información, sino que apela a formas específicas de amedrentamiento que combinan la difamación digital, el acoso cibernético, la agresión sexual y la amenaza directa hacia sus entornos familiares. Desde la perspectiva jurídica, Propuesta Cívica ha alertado que los niveles de impunidad en los crímenes contra comunicadores superan el 95%, denunciando que la apertura de carpetas de investigación penal contra la prensa se ha transformado en un mecanismo institucional para criminalizar el trabajo periodístico de investigación.
Este escenario contrasta con los informes institucionales y listados sobre los medios de comunicación presentados desde el poder público en Palacio Nacional por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, durante la conferencia “Derecho de Réplica”.
Luego de ser señalada junto a más de cincuenta comunicadores en dicho análisis sobre “ecosistemas digitales”, la periodista Carmen Aristegui fijó postura en su programa de radio y plataformas digitales ”Cuando un gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado en cosas verdaderamente graves para la humanidad” señalo.
Al cierre de la conferencia, las organizaciones recordaron la trayectoria documental de Galicia, que abarca coberturas sobre la caravana migrante en 2021, las protestas de 2022 en Xochimilco, la observación de derechos humanos en Oaxaca y talleres comunitarios en la montaña baja de Guerrero en mayo de 2026, e hicieron un llamado urgente al Estado para garantizar su seguridad, cerrar las carpetas judiciales en su contra y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de las agresiones registradas
