La resolución reconoce que la falta de docentes, infraestructura, personal administrativo y conectividad vulnera el derecho a la educación de más de 300 estudiantes de la Secundaria Técnica Agropecuaria número 58.
Por Redacción / @Somoselmedio
Padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 58 “Francisco Figueroa Mata”, ubicada en Copanatoyac, Guerrero, informaron que obtuvieron una resolución favorable dentro del juicio de amparo indirecto 259/2026, promovido contra las omisiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y otras autoridades estatales en materia educativa.
La mañana del miércoles 22 de julio, estudiantes, familiares y docentes se reunieron en la cancha techada de la institución para dar a conocer el fallo judicial y emitir un posicionamiento público sobre las condiciones en las que funciona la secundaria.
El amparo fue interpuesto debido a la falta de infraestructura adecuada y suficiente, docentes, personal administrativo y conectividad funcional para el centro de cómputo. Estas carencias, señalaron las familias, impiden garantizar la cobertura, accesibilidad, disponibilidad y calidad de la educación.
El juicio fue presentado el 6 de marzo de 2026 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. Las madres y padres solicitaron la protección de la justicia federal frente a las omisiones de las autoridades responsables de garantizar condiciones educativas dignas.
Durante la conferencia, las familias informaron que la jueza Maribel Castillo Moreno resolvió a favor de los estudiantes al considerar que las omisiones del gobierno de Guerrero transgreden el derecho fundamental a la educación de adolescentes indígenas.
La Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 58 cuenta con una matrícula de 307 estudiantes. Alrededor de 40 por ciento proviene de comunidades indígenas cercanas a la cabecera municipal y habla náhuatl, tu’un savi o me’phaa.
Años de exigencias por docentes e infraestructura
La resolución judicial ocurre después de varios años de movilizaciones encabezadas por las familias para exigir personal suficiente y mejores condiciones materiales en las escuelas de la región.
En 2024, madres y padres de esta secundaria participaron, junto con comunidades escolares de la zona número 15, en movilizaciones y bloqueos de vías federales para demandar la contratación de 26 docentes que hacían falta en al menos diez escuelas secundarias. La falta de personal afectaba a más de mil 478 estudiantes indígenas.
Para la Secundaria Técnica Agropecuaria número 58 se solicitó la asignación de docentes de Español y Matemáticas, así como la cobertura de la plaza de Artes, vacante desde 2016, cuando la profesora que ocupaba el puesto fue asesinada. De acuerdo con las familias, casi una década después el gobierno estatal no ha asignado a una persona que cubra esa función.
Las autoridades estatales asumieron compromisos con las escuelas movilizadas en 2024; sin embargo, las familias denunciaron que los acuerdos no fueron cumplidos. Ante la persistencia de las carencias, recurrieron al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para recibir acompañamiento jurídico e interponer el amparo.
Para los padres y madres, el recurso judicial fue la última instancia disponible frente a la falta de respuesta institucional y a las condiciones que enfrentan diariamente sus hijos e hijas para ejercer su derecho a la educación.
Al concluir la rueda de prensa, las familias hicieron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Secretaría de Educación de Guerrero y a la Dirección General del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa para que acaten de manera pronta la resolución.
También solicitaron que las autoridades no interpongan recursos legales que prolonguen el juicio y retrasen la atención de las necesidades de la escuela.
Las familias señalaron que el cumplimiento de la sentencia debe traducirse en acciones concretas: contratación del personal faltante, rehabilitación y ampliación de la infraestructura, funcionamiento adecuado del centro de cómputo y condiciones suficientes para que los estudiantes indígenas puedan acceder a una educación digna, gratuita y de calidad.
La resolución representa un triunfo para la comunidad escolar de Copanatoyac, pero su alcance dependerá del cumplimiento efectivo de las autoridades estatales y de que las medidas ordenadas permitan revertir las desigualdades educativas que durante años han enfrentado las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero.
